Los planes agrícolas nacionales son más ecológicos pero no logran los objetivos de la UE

Existe una diferencia notable entre los objetivos medioambientales y climáticos de la UE y los planes agrícolas que elaboran los países de la UE. Esta es la conclusión de un informe especial publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo.

La Política Agrícola Común (PAC) del período 2023-2027 concede a los Estados miembros una gran flexibilidad para plasmar los ambiciosos objetivos ecológicos en sus planes nacionales. Todos los países aplicaron exenciones a las condiciones agrícolas y medioambientales, mientras que algunos redujeron o retrasaron la aplicación de las medidas ecológicas necesarias para obtener el dinero de la UE. En general, los planes definitivos no muestran un notable aumento de la ambición ecológica, concluyen los auditores.

Los 378.500 millones de euros desembolsados en la PAC 2021-2027 se destinan a garantizar un apoyo equitativo a la renta de los agricultores, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia en las zonas rurales, pero también a proteger el medio ambiente de los daños y del cambio climático que también pueden afectar directamente a la producción agrícola (por ejemplo, a raíz de fenómenos meteorológicos extremos).

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“Se ha mejorado la concepción ecológica de la PAC. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, no hemos visto grandes cambios en los planes agrícolas de los Estados miembros”, afirma Nikolaos Milionis, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. “Concluimos que las ambiciones de la UE en clima y medio ambiente no se reflejan en el ámbito nacional. También pensamos que en la evaluación del rendimiento ecológico no se tienen en cuenta elementos básicos”.

La nueva PAC introdujo más condiciones para obtener fondos de la UE, otorgando a la vez más flexibilidad a los Estados miembros para aplicar algunas normas. Introdujo regímenes ecológicos, que recompensan las prácticas beneficiosas para el clima, el medio ambiente y el bienestar animal, y reconfirmó las medidas de desarrollo rural.

Estas dos actuaciones implicaban una serie de requisitos para asignar un porcentaje mínimo de fondos a medidas medioambientales y climáticas, y todos los Estados miembros los cumplieron. Sin embargo, los auditores señalan que los planes de la PAC no son mucho más ecológicos que en el período anterior. Además, se relajaron algunos requisitos de condicionalidad (tales como la rotación de cultivos para mejorar la calidad del suelo, que ahora es opcional) tras las protestas de los agricultores en mayo de 2024, por lo que el impacto ecológico del plan podría ser aún menor.

Los auditores también constatan que los planes de la PAC no están bien alineados con el Pacto Verde, a pesar de ser una de las principales políticas de la UE en clima y medio ambiente. Un Estado miembro no está obligado a introducir en su plan agrícola las contribuciones estimadas de la PAC a los objetivos del Pacto Verde. El único objetivo medible es el aumento de las tierras cultivadas por medios ecológicos, y el correspondiente objetivo del Pacto Verde para 2030 parece muy difícil de lograrse, según los auditores. Su análisis muestra que la consecución de los objetivos depende enormemente de las medidas previstas al margen de la PAC.

Además, los auditores señalan que se ha simplificado el marco de seguimiento para comprobar el rendimiento ecológico de la PAC, pero algunos elementos esenciales brillan por su ausencia: por ejemplo, comunicar las medidas prometidas para reducir las emisiones no quiere decir que se hayan reducido en realidad. Por lo tanto, recomiendan que se refuerce ese marco, sobre todo con objetivos e indicadores de resultados claros con los que medir los avances.