El Consejo de la UE aún tiene que decidir su propia posición

El pleno del Parlamento Europeo (PE) rechazó el proyecto legislativo sobre el Reglamento del Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios (SUR) que pretende reducir el uso de los pesticidas en la Unión Europea (UE). La ley recibió 299 votos en contra y solo 207 a favor, mientras que 121 eurodiputados se abstuvieron.

La votación efectuada a finales de noviembre en el PE ha frustrado la iniciativa legislativa para reducir en un 50% el uso de fitosanitarios en la agricultura europea en el año 2030. “Este es un día muy negro para la salud de la sociedad en su conjunto y para el medioambiente y también para la liberación de los agricultores de la agroindustria”, declaró tras el resultado la ponente del expediente, la parlamentaria ecologista por Austria, Sarah Wiener. Asimismo, pidió votar que el proyecto legislativo se devolviera a la comisión de Medio Ambiente del PE para que fuera reconsiderado, pero los eurodiputados también rechazaron esa posibilidad. En una rueda de prensa tras la votación, la política consideró que el proyecto legislativo está “muerto“ en la legislatura europea actual y consideró ”muy improbable” que salga adelante antes de las elecciones a la Eurocámara de 2024. “El Consejo (países UE) aún tiene que decidir su propia posición sobre la propuesta para determinar si se rechaza definitivamente o se devuelve al Parlamento para una segunda lectura”, explicó la Eurocámara en un comunicado.

“Es un día muy negro para la sociedad en su conjunto y para el medio ambiente”, expresó la ponente del Parlamento Europeo Sarah Wiener (izquierda en la imagen) tras el resultado de la votación. Foto: Emilie Gomez / UE.

La iniciativa legislativa original de la Comisión Europea (CE), presentada en junio del año pasado, planteaba objetivos legalmente vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030. Según el plan de la CE, los Estados miembros establecerían sus propios objetivos nacionales de reducción dentro de parámetros para garantizar que se alcancen los objetivos a escala de la UE. Sin embargo, la propuesta ha tenido una tramitación parlamentaria complicada por las diferencias entre los partidos de izquierda y derecha y por los distintos puntos de vista de las comisiones de Medio Ambiente y Agricultura de la Eurocámara. Mientras que la comisión de Medio Ambiente apostaba por unos objetivos ambiciosos para disminuir el uso de pesticidas y ponía el acento en la protección de la naturaleza y la salud, la comisión de Agricultura apuntaba al impacto que la ley podría tener en la seguridad alimentaria y alertaba de que aún no hay suficientes alternativas a los plaguicidas químicos.

En el Consejo de la UE (los Estados miembros), colegislador del club comunitario junto a la Eurocámara, la tramitación tampoco ha quedado libre de sobresaltos. El pasado diciembre, los países pidieron a la Comisión Europea un análisis de impacto adicional porque el Ejecutivo comunitario no había tenido en cuenta las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania en la agricultura al presentar la propuesta. En julio de este año, Bruselas publicó esa evaluación adicional, en la que aseguró que la ley no ponía en riesgo la seguridad alimentaria, incluso si se tienen en cuenta las consecuencias para la agricultura del conflicto bélico en Ucrania. Afirmó que “al contrario, cualquier fracaso a la hora de cumplir con el objetivo de reducción de pesticidas ahora tendrá efectos a largo plazo y potencialmente irreversibles“ en la seguridad alimentaria en el futuro.

Tras esa contestación, los debates entre los países habían continuado, en los últimos meses como una de las prioridades de la presidencia española. Este mismo lunes, durante la reunión de ministros de Agricultura de la UE celebrada en Bruselas, varios países manifestaron sus reservas sobre el proyecto legislativo. El titular alemán, Cem Özdemir, dijo estar de acuerdo con el objetivo general de reducir el uso de pesticidas en un 50 % para 2030, pero manifestó su oposición a ”la estrategia“ de la Comisión para lograrlo. Su homóloga finlandesa, Sari Essayah, manifestó su oposición a que se fijen objetivos nacionales para cada Estado miembro de la UE porque, según dijo, en su país no usan ”muchos pesticidas”. Así, consideró que sería “muy injusto” establecer metas nacionales para los países que ya utilizan poca cantidad de esos productos químicos.

Las cooperativas y las organizaciones agrarias han celebrado que el pleno del Parlamento Europeo haya rechazado el proyecto legislativo sobre el uso de los pesticidas en la Unión Europea. El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), al que pertenecen Cooperativas Agro-alimentarias de España y las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, ha señalado que este rechazo del PE “invalida el enfoque ideológico de la Comisión Europea sobre productos fitosanitarios”.

El Copa-Cogeca ha resaltado que los agricultores y las cooperativas agrarias de la UE seguirán mejorando su sostenibilidad medioambiental, pero que “necesitan objetivos realistas y el apoyo necesario”, dos elementos que, a su juicio, faltan por completo en el texto de la CE. “Los eurodiputados enviaron un mensaje decisivo: la falta de diálogo, la imposición de objetivos desde arriba, la negativa a evaluar el impacto y la falta de financiación de las propuestas agrícolas deben acabar ya”, ha expresado el Copa-Cogeca en un comunicado. La organización ha indicado que “el diálogo estratégico que busca la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, es ahora más crucial que nunca“ y que ”las soluciones sólo pueden encontrarse a través del diálogo con los agricultores y sus cooperativas, no imponiendo medidas inconexas".

El informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen apunta que la aprobación de este reglamento provocaría una pérdida del 20% de la producción vegetal europea.

En España, la reacción de las organizaciones agrarias no se han hecho esperar. Unión de Uniones ha considerado que este rechazo del PE es “una buena noticia para el sector”. Ha enfatizado que la propuesta de reglamento de la CE habría puesto, de salir adelante, en serias dificultades al sector agrícola para mantener en buenas condiciones sanitarias sus producciones. Para Unión de Uniones, las reducciones del uso de fitosanitarios que pretendía imponer la propuesta son “inasumibles” para el sector si no se destinan recursos científicos, técnicos y financieros suficientes para buscar alternativas eficaces y viables en cada zona agroclimática y, sobre todo, sin el consenso de los agricultores. “Sin medir los impactos, sin hablar con los productores, sin poner a su disposición las herramientas necesarias, aprobar este reglamento habría sido irresponsable”, consideran desde la organización. Unión de Uniones ha mostrado su esperanza de que este rechazo sea una señal de que “el sentido común empieza a pesar por encima de la doctrina ideológica” en las instituciones europeas.

COAG, por su parte, valora el rechazo en bloque del Parlamento Europeo a la propuesta de reglamento del Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios impulsada por la Comisión Europea, que recoge, entre otras cuestiones, la reducción "de hasta el 65%" del uso de fitosanitarios para 2030. “Nos alegramos de que haya imperado el sentido común y la responsabilidad entre los europarlamentarios. Sin alternativas eficaces y plazos realistas, la propuesta de la Comisión Europea dejaría indefensos a los agricultores para combatir las plagas y provocaría una fuerte subida del precio de los alimentos al consumidor. El informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen apunta que la aprobación de este reglamento provocaría una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, en consecuencia, un mayor aumento del precio de los alimentos”, ha apuntado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera que “la clase política por fin da una buena noticia al sector agrario, se pone al lado de sus agricultores y no agacha la cabeza ante el falso pretexto del ecologismo radical que tanto daño está haciendo a los productores y consumidores europeos. Si nos quedamos sin fitosanitarios eficaces para cuidar las plantas ante plagas y enfermedades, produciremos menos alimentos y serán todavía más caros. Hay que actuar desde la ciencia y el consenso con el campo para que los agricultores y ganaderos sigamos siendo los primeros ecologistas de Europa”.  AVA-ASAJA reitera la necesidad de establecer reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros, de tal manera que todas las exigencias que la UE decida aprobar a los productores europeos (como la prohibición de determinadas materias activas fitosanitarias) también sean de obligada aplicación para las producciones foráneas con destino al mercado comunitario. 

Desde ASAJA nacional consideran que "con este inesperado resultado se pone de relieve las profundas divisiones políticas y la falta de diálogo, pero también se abre un nuevo capítulo en la política agrícola europea". En este sentido, para ASAJA se trata de "una oportunidad histórica para impulsar la regulación de las Nuevas Técnicas de Edición Genética (NGTs). Creemos que las NGTs ofrecen una herramienta crucial para la agricultura, permitiendo un enfoque más equilibrado y fundamentado científicamente antes de cualquier reducción de fitosanitarios. Esta votación representa no solo un cambio en la política agrícola europea, sino también una apertura hacia enfoques más innovadores y sostenibles en la agricultura".