OPAs, cooperativas, industria alimentaria, sector pesquero, hostelería y distribución

La campaña electoral ya ha empezado oficialmente y no será difícil ver a los candidatos por el mundo rural y hacer promesas a los diferentes sectores, pero la cadena alimentaria, del campo a la mesa, ya ha enseñado sus cartas que son el agua, la rentabilidad económica y el relevo generacional.

Cultivo de hortalizas en invernadero.

Las diferentes organizaciones que representan los intereses del sector agroalimentario han presentado sus propuestas para el próximo Gobierno que debe abordar, por ejemplo, el cada vez más acuciante problema de la falta de agua.

Mejorar la gestión del agua es la prioridad por ejemplo para Cooperativas Agroalimentarias, tanto como las inversiones, innovación y flexibilización para no romper el potencial agroalimentario de España que necesita un esfuerzo para fomentar el relevo generacional en las explotaciones.

Desde las organizaciones agrarias, ASAJA reclama más trabajo en aras de la rentabilidad de las explotaciones, menos burocracia, arrojar “transparencia“ a los precios de los insumos e insistir en la ”política de agua”, el relevo generacional y la digitalización.

La organización agraria COAG ha pedido una renta mínima por servicios ambientales para la población que vive y trabaja en el medio rural por cuenta propia y defiende “un cambio en las políticas de regulación y de competencia“ para mejorar las relaciones en la cadena alimentaria, con más recursos para el control y las sanciones.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha centrado sus demandas para la próxima legislatura en un modelo familiar, sostenible y competitivo que sea la base de la economía y la vida de los pueblos, y que se consolide la Ley de la Cadena para que se ”cumpla en todos sus extremos”.

En el siguiente eslabón, la patronal de la industria alimentaria FIAB ya hizo público su documento de propuestas en el que insiste en ampliar la bajada del IVA a más alimentos, eliminar la tasa al plástico de un sólo uso y tener un acceso preferente al agua.

Así, la industria también ve necesario que se establezcan políticas hídricas y que el sector reciba un tratamiento especial en circunstancias como las actuales para que “se le asegure un acceso preferente al agua y poder garantizar así un suministro estable y seguro de alimentos y bebidas”.

Hay también peticiones concretas desde los sectores, como es el caso del vino, que espera seguir contando con el apoyo de la Administración para impulsar y ejecutar la 'Estrategia del sector vitivinícola español 2022-2027', que está diseñada, entre otros objetivos, para mejorar el posicionamiento del sector, aumentar su sostenibilidad, y crecer en valor.

Por su parte, los cerveceros de España aplaudirán todas aquellas medidas que mantengan el consumo en hostelería y no retraigan esta costumbre entre el público adulto.

Desde el sector ganadero y sus industrias afines le piden al nuevo Ejecutivo más proyectos para ganar competitividad, con instrumentos financieros y fiscales que faciliten la inversión, y potenciar la exportación, consolidando y abriendo nuevos mercados.

También que la legislación nacional no sea más restrictiva que la de otros países del entorno europeo y, en ese sentido, también reclaman un aterrizaje “suave“ hacia los requisitos que plantea la Unión Europea en materia de sostenibilidad dentro del Pacto Verde Europeo y teniendo en cuenta sus consecuencias para la competitividad socio-económica de las producciones comunitarias.

Al nuevo Gobierno le reclaman además que fomente el relevo generacional en el sector agroalimentario y que siga potenciando un mejor funcionamiento de la cadena.

Las peticiones que hacen de cara a la nueva legislatura desde el sector hortofrutícola, liderado por la federación de exportadores y productores Fepex, parten de la ”derogación“ o ”al menos” el aplazamiento del Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, hasta que se aprueba el Reglamento comunitario.

El sector pesquero, de forma unánime -flota, industria y distribución-, pide una eliminación del IVA del pescado y del marisco o que se reduzca del 10 % actual al 4 %.

La patronal de armadores Cepesca ha remitido a los partidos políticos un decálogo de propuestas entre las que destaca también la creación de un ministerio del Mar, que agrupe todas las actividades económicas ligadas a su entorno o una Secretaría de Estado de Pesca; esta última opción figura también en las demandas de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP).

Los armadores y las cofradías han reclamado medidas para potenciar el relevo generacional en la pesca y solventar la falta de personal en las tripulaciones, así como más recursos para la investigación.

Han demandado estudios científicos para analizar el impacto de los parques eólicos en los caladeros, si bien la FNCP va más allá y ha pedido que entre tanto se aplique una moratoria a los proyectos de energía eólica previstos en los Planes de Ordenación de los Espacios Marinos.

Los supermercados, que han sido objeto de los dardos de parte del Gobierno en esta legislatura, ven necesario más diálogo con un gobierno que esperan que sea un “aliado” de la competitividad del sector, porque aún el tema de los costes no está solucionado, lo que suma el elevado coste regulatorio.

Desde los bares y restaurantes, a través de Hostelería de España, se aboga por una fiscalidad reducida para favorecer el consumo y la modificación del sistema de establecimiento de contingentes para mejora la contratación en origen de extranjeros, cómo fórmula para solucionar su enconado problema de falta de profesionales.