Estiman en 350 millones las pérdidas por el arranque de viñedo forzoso en Castilla-La Mancha
La Plataforma de Afectados por el Arranque de Viñedo en Castilla-La Mancha (Aferran) ha cifrado en 350 millones de euros las pérdidas ocasionadas a los pequeños viticultores de la región por el arranque forzoso de viñas.
La Plataforma ha justificado esta afirmación en que la Administración regional obligó a arrancar unas 17.000 hectáreas de viñedo utilizando “un procedimiento carente de los más elementales principios de seguridad jurídica, al carecer de un informe técnico con los requisitos legales establecidos en la Ley 30/1992”.
Por el contrario, en su lugar se utilizaron “unas simples actas de campo sin ningún valor probatorio respecto a la fecha de plantación, al no constar ni la metodología aplicada ni los razonamientos técnicos que llegan a la conclusión que en las mismas se recogen”.
Esto ha significado que “miles de pequeños viticultores” han tenido que arrancar las viñas que eran su medio de vida para evitar las “desproporcionadas sanciones coercitivas” que se han impuesto, ha denunciado Aferran, que ha adelantado que está elaborando una reclamación colectiva por los daños morales y económicos sufridos.
El presidente de esta plataforma, Lorenzo Delgado, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional estos hechos, por entender que “podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación y falsedad documental, de los que serían presuntos responsables los últimos cinco consejeros de Agricultura de la región, bajo cuyos mandatos se han ido sucediendo los expedientes de arranque y de imposición de multas coercitivas derivadas de dichos expedientes”.
La Plataforma basa esta denuncia en que el Reglamento (CE) 479/2008 concedió a los viticultores con viñedos plantados con anterioridad al 1 de septiembre de 1998 una oportunidad para su regularización, y en desarrollo del citado reglamento se dictó en España el Real Decreto 1244/2008, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
Presentadas por los agricultores las solicitudes de regularización de las parcelas plantadas con anterioridad al 1 de septiembre de 1998 fueron, en muchos casos, denegadas de forma irregular por la Administración regional, en base a unas hojas de campo o informes elaborados por los técnicos de la administración con “afirmaciones inconcretas e inexactas fruto de la simple apreciación del técnico”, según la plataforma.
