Incendios y agricultura: una relación de varias caras

Nuestra memoria tardará en borrar la imagen de aquel vecino de Tábara (Zamora) que vimos con la ropa prendida por el fuego en un agónico intento de huir de las llamas del gran incendio de la Sierra de la Culebra de 2022. Ángel Martín se encontraba trabajando, voluntariamente, en la construcción de un cortafuegos cuando la gran masa ardiente lo envolvió. Todos pudimos ver desaparecer la máquina que conducía tras un telón de humo y fuego y, segundos después, cómo Martín reaparecía, a pie, corriendo para salvarse. Poco después moriría en un hospital con el 80 % de su cuerpo afectado por las quemaduras.

El episodio, que dio la vuelta al mundo, se ha convertido en paradigma de cómo los agricultores y ganaderos y las gentes de los pueblos viven el drama de los incendios forestales. Alarma, angustia y acciones desesperadas que los conducen hasta el límite de la supervivencia cuando ven peligrar sus campos y, sobre todo, sus casas.

“Fue un incendio, tremendo, muy violento”, relata José Roales, zamorano y responsable del sector cerealístico de la Coordinadora de organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), quien asevera que si se salvaron muchos de los pueblos fue gracias a la gente que, como Ángel Martín, se quedaron en ellos y se dedicaron a hacer cortafuegos con sus gradas y máquinas agrícolas.

En Zaragoza, ese mismo año, dos grandes incendios volvieron a ser un claro ejemplo de la hibridación entre miedo, sufrimiento y heroísmo que las llamas grandes y cercanas provocan en la población rural cada verano. Si el de La Culebra calcinó unas 30.000 hectáreas de monte y obligó a desalojar a casi 2.000 vecinos de 14 localidades, los de Ateca y Añón de Moncayo, en esta otra provincia, alcanzaron las 11.000 y las 5.000 hectáreas, respectivamente. Pero en este caso con la particularidad de que a la masa forestal se sumó una nada despreciable superficie agrícola, unas 4.000 ha en el caso de Ateca y, además de frutales, olivos y almendros, ovejas y colmenas en el del Moncayo.

En este último fue muy destacada la acción de los agricultores de los municipios afectados, “incansable e imprescindible”, según el sindicato local UAGA, ya que con su maquinaria lograron salvaguardar los cascos urbanos y los elementos importantes de sus territorios, además de resultar de gran valor para ayudar a la Administración en el control del fuego. En el mismo sentido se manifestaban el presidente de la comarca de Tarazona y el Moncayo y los alcaldes de la zona.

Y Navarra fue otra de las comunidades fuertemente castigadas por un rosario de incendios que en junio obligó a las autoridades a pedir la colaboración de los territorios vecinos. También en este caso los agricultores se sumaron a los operativos con cisternas de agua y maquinaria para hacer cortafuegos y desbroces. Inicialmente descoordinados, poco a poco estas brigadas de voluntarios fueron integrándose en los operativos de la UME (Unidad Militar de Emergencias) o de otros servicios de extinción, según relata David Navarro, agricultor y miembro de la ejecutiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN).

En Yotube se pueden encontrar numerosos vídeos de agricultores que con sus tractores y maquinaria labran tierras y dibujan cortafuegos para defender sus cultivos y sus casas de la amenaza que suponen las llamas. Muchos de ellos con críticas a la Administración e incluso a la UME por el abandono de los montes o una supuesta pasividad en ciertos momentos críticos.

Pero si el campo es una de las primeras líneas de defensa frente a los incendios, no puede obviarse que también es una de sus principales causas.

De acuerdo con los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), rayos, negligencias y accidentes, incendios intencionados y reproducciones de incendios son los grupos en que se divide el origen de los siniestros, además de las causas desconocidas.

De los 131.113 siniestros contabilizados en el periodo 2006-2015 (últimos datos disponibles), más de 69.000 están catalogados como intencionados y cerca de 37.000 se deben a negligencias y accidentes. Los intencionados están muy relacionados con el medio rural y agrupan categorías relacionadas con prácticas tradicionales, caza, pesca, propiedad, manifestación de desacuerdos, protestas o venganzas, entre otras; se incluyen aquí las quemas con fines agrícolas, de eliminación de matorral o regeneración de pastos. El otro gran grupo, el de las negligencias y accidentes, también está ligado (no exclusivamente) a la actividad agraria.

Este alto porcentaje de incendios conectados con la agricultura y el medio rural ha puesto el foco sobre los agricultores y ganaderos, y algunos episodios espectaculares debidos a incendios de maquinaria agrícola han magnificado esta atención sobre ellos, que, si bien estadísticamente es lógica, socialmente es vista desde el sector como una criminalización injusta.

David Navarro se queja en este sentido: “a veces se nos criminaliza, pero el foco hay que ponerlo en la falta de limpieza de la mayor parte de los montes”. Si hay incendios imparables, muchas veces es por esta causa, mantiene.

Desde UAGN comprende la alarma social que existe y se esfuerzan en explicar a sus conciudadanos que el trabajo en el campo es necesario y conlleva riesgos. El cereal de invierno hay que cosecharlo en verano en condiciones de muy baja humedad, no se puede hacer de otra manera, lo mismo que otras labores agrícolas que implican el uso del fuego o riesgos inherentes a este.

No obstante, asegura que hoy en día se trabaja con mucha más seguridad que hace 10, 20 y 30 años atrás. Sumado esto a las altas restricciones administrativas que existen y al hecho de que un incendio en el campo casi siempre se produce con personas cerca que da la voz de alarma rápidamente, los episodios graves son cada vez menos.

“El verano es época de siega y no hay más”, indica desde Zamora José Roales. Y añade: “Estamos todo el año pendientes de ese mes, en el que nos jugamos todo nuestro trabajo, no podemos echarlo a perder”; así muestra su profundo desacuerdo con las medidas adoptadas el año pasado por la Junta de Castilla y León, que obligaban a parar las máquinas y retrasar la cosecha varios días. “¿Nos la pagarán si cae pedrisco o la perdemos?”, pregunta. En Navarra ocurrió lo mismo, pero este año se espera una normativa más lógica -explica Navarro-, que tendrá en cuenta circunstancias como la cercanía de agua al lugar de trabajo. “Los trenes también provocan incendios y no se prohíbe su circulación”, apostilla.

Estamos entrando en lo que se ha dado en llamar la “era de los grandes incendios”, los incendios de sexta generación, que desbordan las capacidades humanas, devastarán grandes superficies, ponen en grave riesgo propiedades, bienes materiales y vidas

En febrero de 2020 la Fundación Mapfre publicó el informe 'Siniestralidad, mortalidad agrícola, vuelcos de tractores e incendios en cosechadoras', coordinado por el Laboratorio de Maquinaria Agrícola de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza y por el Grupo de Investigación de Mecatrónica Agraria de la ETS de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra.

Francisco Javier García, director de la citada escuela politécnica, señala que el objetivo del estudio era analizar los riesgos de las cosechadoras con respecto a la generación de incendios y advierte que es un error “demonizar” estas máquinas. “Trabajan en un entorno complicado en el que cualquier máquina, no solo estas, tiene riesgos”, señala, para matizar que, no obstante, la maquinaria solo es responsable del 5 % de los incendios.

De todos modos, y después de revisar varias fuentes documentales, monitorizar tres campañas, realizar una encuesta a propietarios de cosechadoras y analizar en laboratorio la temperatura de ignición de residuos de cereal en función de su granulometría, se puede concluir que con un adecuado mantenimiento en talleres oficiales y homologados las cosechadoras son máquinas seguras que entrañan poco riesgo.

Este depende, más que de ningún otro parámetro, de las hectáreas cosechadas durante la vida útil de la máquina y aumenta considerablemente en cosechadoras con más de 6.000 ha acumuladas.

En este sentido, el perfil de los aparatos que más se deben vigilar es el de lo de más de 15 años, 286 CV de potencia y con unas 598 ha/año de trabajo. El 11 % de las cosechadoras en uso en España corresponde a este perfil.

En 2022 se terminó un trabajo similar sobre empacadoras. Los resultados se harán públicos probablemente en septiembre de este año, pero García realiza algún avance: “el riesgo es mucho menor porque no llevan motor de combustión [uno de los puntos de más riesgo en las cosechadoras, junto con la barra de corte], tienen menos puntos calientes, menos componentes eléctricos y alcanzan menos temperatura en su funcionamiento rutinario”.

Aunque la prevención sea cada vez mejor y las técnicas de extinción de España sean de las mejores y más eficientes del mundo, el futuro no es nada halagüeño.

Los citados al inicio de este reportaje son solo algunos ejemplos del que fuera el peor año de incendios forestales en lo que va de siglo, pero no los peores que cabe esperar. De hecho, según el profesor de ingeniería forestal y divulgador científico Víctor Resco, este año extremo (2022) será un año medio hacia 2035.

Y todavía será peor si no se gestiona adecuadamente el combustible acumulado en los bosques españoles. En este diagnóstico coincide con la visión de los agricultores y la experiencia general, histórica, que se tiene en el medio rural: o se limpia el monte, dicen, o habrá un desastre de magnitud inimaginable ahora.

Y es que estamos entrando en lo que se ha dado en llamar la “era de los grandes incendios”, los incendios de sexta generación, que desbordan las capacidades humanas, devastarán grandes superficies, ponen en grave riesgo propiedades, bienes materiales y vidas y solo se extinguen de manera natural o ayudados una vez que han perdido su gran potencial destructor.

“Estamos al final de la era de la extinción de incendios, creer que con tecnología los podremos dominar es una idea romántica muy alejada de la realidad”, aseveraba Marc Castellnou, uno de los grandes expertos mundiales en incendios, en una jornada organizada por el Gobierno de Aragón a principios de 2023.

A partir de 10.000 kilovatios de potencia por metro de frente, un incendio es inabordable, este es el límite de la capacidad de extinción. En 2021 la media en Cataluña alcanzó los 8.300, pero ya se han conocido incendios de hasta 90.000. Y la cifra seguirá creciendo porque la energía acumulada en el monte es altísima.

Al abandono de las actividades tradicionales se suma la paradoja de la extinción: cuanto más eficientes somos, antes se apagan los incendios, y cuanto antes se apagan más combustible queda sin eliminar, acumulado para el siguiente episodio.

Castellnou afirma que “hace 50 años equivocamos la política de territorio: invertimos en extinción y no en el paisano”. La extinción, sin gestión del territorio, no garantiza la seguridad. “Empieza a ser hora de que reconozcamos al campo el servicio de seguridad que presta”, sentencia. Cree que “este país ha dado la espalda a aquello que lo sostiene” y afirma que se ha optado por lo barato, que es invertir en extinción, y no por lo lógico, que es valorar el sistema primario de producción rural como un sistema terciario de servicios, dadas sus externalidades en seguridad, fijación de carbono y otras.

Coincide con Resco en que el cambio climático acelera los incendios, pero lo que los provoca es el material acumulado por el estrés de los montes y la falta de gestión. Debatir sobre esto, señala, es alimentar una discusión ignorante y sembrar la semilla del gran desastre. En España se invierten 19.000 euros por hectárea en prevención y, sin embargo, se le niegan al paisano, insiste.

José Roales afirma que después del incendio en la Sierra de la Culebra estuvo por el monte y comprobó que las zonas pastadas no se habían quemado. David Navarro defiende, por su lado, que la explotación del monte siempre ha sido una actividad inherente a las zonas rurales, tradicional y lógica para mantenerlo, salvaguardarlo y salvaguardar propiedades y vidas.

Ambos no entienden que ahora la normativa sea tan restrictiva, que se pongan tantas trabas para el desbroce, para volver a cultivar campos abandonados, incluso para recoger leña en propiedades privadas.

En este sentido, Víctor Resco ve con preocupación algunos pasos que se dan en la Unión Europea, con políticas que promueven las áreas protegidas. En 2022, señala, los incendios más grandes han quemado, sobre todo, áreas protegidas. No es baladí que la mitad de los siniestros tengan lugar en estas zonas cuando representan el 40 % del total. En 2006 solo tenían el 3 % y en 2015, como máximo, el 35 %. Es cierto que los espacios protegidos han crecido desde entonces, pero los incendios no lo han hecho de una manera proporcional. La conclusión tiene cifras: es tres veces más probable un incendio en bosques con protección que en los que no la tienen.

Resco afirma que de los cuatro ingredientes de los megaincendios solo podemos actuar e uno: la masa forestal y el combustible; los otros, humedad, ignición y condiciones meteorológicas, no son controlables.

Por tanto, en palabras de Castellnou, “sin gestión no hay extinción”, porque limitar la energía de los incendios a menos de 10.000 kw por metro lineal, que es lo que permite la actividad de extinción, depende de los kilogramos por hectárea que haya de materia combustible, es decir, de la estructura del paisaje que se decida tener.

La gestión forestal clásica y las quemas controladas son, para Resco la receta para esta nueva era de megaincendios. Además de aprender a convivir con ellos, pues llevan sobre la tierra mucho más tiempo que la humanidad y no van a desaparecer.

Así que la agricultura, la ganadería y otras actividades tradicionales del medio rural, en la medida en que sean reconocidas y puedan mantenerse, seguirán siendo, por su parte, aliadas imprescindibles de la gestión de incendios de las próximas décadas.