El modelo de agricultura familiar alcanza en Aragón apenas el 20% de la Renta Agraria total

La agricultura familiar ha venido siendo el modelo socioeconómico sobre el que se ha basado tradicionalmente la producción primaria de alimentos en Aragón, "configurándose como un vínculo indispensable entre el sector primario, la vertebración del territorio, el asentamiento de la población y el mantenimiento del paisaje y valores ambientales fruto de la interacción secular entre agricultura, ganadería y el propio medio físico", señalan desde el Gobierno de Aragón.

Sin embargo, el proceso de globalización de los mercados agrarios, así como la necesidad de elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización que se están produciendo en el sector primario para asegurar su sostenibilidad tanto ambiental como económica, "está situando a este tipo de explotaciones en una posición de desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura corporativa cada vez más extendidos", indican las mismas fuentes.

Lo cual estaría conduciendo en los últimos años a una regresión del peso de este tipo de explotaciones familiares en las cifras macroeconómicas del sector. De hecho, la fracción de Renta Agraria imputable al modelo de agricultura familiar alcanza en estos momentos, en Aragón, apenas el 20% de la Renta Agraria total.

El objetivo principal, es pues, concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar, por ser el que garantiza el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación.

La Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón aprobada por las Cortes de Aragón, "pretende dar respuesta al importante desafío descrito, estableciendo criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar y social de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados hoy en día existentes, y estableciendo prioridades para un apoyo público específico que asegure su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica".

La Ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura, las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos, las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual.

Asimismo, la Ley resulta ambiciosa en su concepción, planteando una actualización muy significativa en los enfoques de las principales políticas públicas del sector, priorizándolas en su conjunto hacia el modelo de agricultura social y familiar, pero también, incidiendo de forma notable en la adaptación del marco normativo a la realidad social del sector, así como al aseguramiento de la sostenibilidad económica y ambiental de las producciones, en línea con las sensibilidades y requerimientos del resto de los ciudadanos hacia este sector.

Para todo ello, plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, permitiendo que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural. También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad, adaptándola a la situación actual en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.

La tramitación del proyecto de Ley, fue iniciada por Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 2 de diciembre de 2019, fue sometido a consulta pública entre abril y junio de 2020, recibiendo aportaciones de los diferentes agentes del sector. En noviembre de 2020 el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del entonces anteproyecto de Ley, en junio de 2021 se aprobó el Proyecto de Ley por Consejo de Gobierno y ahora, después del correspondiente trámite parlamentario, ha sido aprobada la Ley en las Cortes de Aragón.

• Actuaciones frente a eventos naturales de especial intensidad, para poder efectuar acciones que permitan paliar daños producidos por eventos como inundaciones, pedriscos, heladas, etc, en el sector.
• Medidas de compatibilización de las energías renovables en zonas agrarias, y también de protección de los suelos agrarios más fértiles y de mayor potencial productivo de alimentos. Cuestión clave en un escenario de fuerte presión para la instalación en suelos agrícolas de este tipo de actuaciones que resultan estratégicas, cuando también es estratégico en el escenario global de mercados agrarios en el que nos hallamos, preservar la capacidad de producción endógena de alimentos.
• Mejor clarificación de las responsabilidades ambientales en la ganadería intensiva integrada para asegurar el mejor cumplimiento de los condicionados ambientales.
• Una regulación básica a nivel de toda la Comunidad Autónoma en cuanto a unidades mínimas de cultivo que permita evitar la división o segregación excesiva de fincas rústicas que, con el tiempo, las hacen totalmente inviables para su aprovechamiento agrario.