El Senado debatirá el sistema de gestión de la PAC con 30 enmiendas de los grupos parlamentarios
El pleno del Senado debatirá la próxima semana el proyecto de Ley por el que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas con una treintena de enmiendas aportadas por los distintos grupos parlamentarios.
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Senado ha celebrado este jueves la ponencia previa a la sesión plenaria en la que se ha dado el visto bueno a 31 enmiendas y 2 transaccionales que pasarán al dictamen del Pleno. Entre ellas, el Grupo Parlamentario Socialista ha logrado apoyos para que los ecoesquemas de la nueva PAC no computen en la Base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Por otro lado, en cuanto se apruebe la ley, tanto las Comunidades de Regantes como las cooperativas agrarias podrían sumarse a agricultores y ganaderos y acogerse a las medidas de flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía sobre cambio en la potencia contratada del artículo 7 del RDL 18/2022, según ha informado en una nota este grupo.
Por su parte, el grupo Popular ha conseguido que se aprueben en la Ponencia del Proyecto de ley 12 de las 31 enmiendas que habían presentado. Una de ellas es referente a la quema de restos vegetales que el Gobierno “pretende prohibir”, según un comunicado del PP. En concreto, la enmienda pide que las autoridades competentes de las comunidades autónomas en el marco de aplicación de la PAC, de la Condicionalidad y de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, en sus respectivos territorios, puedan autorizar quemas controladas de esos u otros restos de materiales vegetales agrícolas o silvícolas no peligrosos.
Otra de las enmiendas del PP hace referencia a las conocidas como “cláusulas espejo“ y pide que el Gobierno coordine con la UE las medidas necesarias para asegurarse que los productos agroalimentarios, ganaderos y pesqueros que se consuman en España procedentes desde terceros países cumplan las mismas normas de producción y requerimientos que se exigen a los productos de la Unión, en particular en el ámbito de la protección del medio ambiente y la salud.
A principio de este mes el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a este proyecto de ley con otras enmiendas sobre otros aspectos de interés para el sector primario.
Por ejemplo, una mayoría de diputados votó a favor del establecimiento de los mecanismos y recursos necesarios para asegurar el derecho a la transmisión de información y comunicación por otros medios a aquellas personas que acrediten que no pueden acceder o disponer de medios electrónicos para gestionar las ayudas de la PAC. La norma general estipula que los titulares de explotaciones y las empresas del sector deben proporcionar los datos mediante medios electrónicos. Sin embargo, la excepción introducida se aplica igualmente al Sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (SIEX).
Además, el Congreso también modificó la exposición de motivos del texto añadiendo una enmienda del grupo popular para recalcar que la capacidad de España para seguir produciendo dependerá de ”un buen reparto” de los fondos de la nueva PAC, que entra en vigor en 2023.
