El pleno de la Comisión del Agua de Aragón informa favorablemente sobre la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración

La revisión del PASD para el periodo 2022-2027 contempla una inversión de 142,6 millones de euros y servirá para alcanzar el 95% de la depuración de la carga contaminante de los habitantes equivalentes del total de Aragón, que actualmente se sitúa en el 90%. Lo que supone alcanzar los 3.074.000 habitantes equivalentes sobre un total estimado de 3.239.000. “Nos queda lo más difícil que es lo más pequeño, donde hay menos población los servicios suponen un mayor esfuerzo”, ha recordado el consejero, quien ha hecho valer “el compromiso del Gobierno de Aragón por culminar la depuración en el conjunto de la Comunidad”.

La mayor inversión se concentra en el Plan Pirineos al que se destinarán 104 millones en este periodo, “respondiendo al compromiso que la Comunidad Autónoma asumió hace muchos años”. Las depuradoras del Pirineo fueron declaradas de interés general del Estado y encomendadas al Gobierno de Aragón mediante el convenio firmado en 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón. Las actuaciones se planificaron en el marco del denominado Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, cuyo desarrollo estaba previsto realizar mediante colaboración público privada, a través de cuatro contratos de concesión de obra pública. Los contratos se licitaron y adjudicaron durante los años 2009 y 2010 pero pronto empezaron a surgir todo tipo de dificultades para su desarrollo. Muestra del estado de parálisis en el que este Gobierno encontró el fallido plan Pirineos es que en 2015, fecha en la que concluía el plan nacional en el que se enmarcaba, solo se habían construido y puesto en explotación 20 de las 297 instalaciones previstas.

Entre los criterios que rigen el nuevo plan destaca el abandono del modelo concesional para la construcción y gestión de las plantas depuradoras, lo que supondrá un importante ahorro de los recursos públicos que podrán ser destinados a la construcción de nuevas infraestructuras y a la mejora de las existentes. De esta forma, el Instituto Aragonés del Agua asume la gestión directa de las inversiones de mayores dimensiones -iguales o superiores a 1000 habitantes equivalentes-. Asimismo, las depuradoras de menor tamaño se subvencionan a través de un programa de ayudas destinadas a los ayuntamientos en concurrencia competitiva. En definitiva, se devuelve la autonomía sobre la depuración a los municipios, como competentes sobre la materia.

Cabe destacar, además, la incorporación de criterios de desarrollo sostenible y gestión eficiente en las infraestructuras de depuración. Esto pasa por la adaptación de los criterios técnicos a la dimensión de los municipios -ya que la mayor parte de las actuaciones pendientes en materia de depuración se concentran en núcleos de pequeño tamaño-, eligiendo la tecnológica más adecuada para cada caso en particular (tecnología extensiva, tecnología convencional, etc.). En el plano económico, se establecen rangos de inversión en función de la carga contaminante que deba soportar una infraestructura, utilizando un concepto simplificado de habitante equivalente con datos estadísticos. Se trata de evitar infraestructuras sobredimensionadas. También se incorporan mejoras de eficiencia medioambiental y energética: menos ruidos, olores, equipos con menos consumo energético, energía renovable para autoconsumo, etc.

Asimismo, el consejero ha explicado que se ha querido esperar a la entrada en vigor del IMAR para presentar la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. “El 80% del plan de financia con fondos del Gobierno de Aragón procedentes del IMAR, una cifra que nos debe de hacer reflexionar”, ha destacado Olona.

El pleno ha emitido un informe preceptivo favorable para la declaración de interés autonómico del proyecto de Restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo del río Ebro, comprendido entre los términos municipales de Luceni, Tauste, Remolinos y Alcalá de Ebro.

La declaración de interés autonómica permitirá al Gobierno de Aragón poder asumir la competencia de esta obra, con la aprobación previa del Consejo de Gobierno. Se trata de actuaciones de recuperación ambiental y mejora del estado de cauces y riberas con la intención de reducir los riesgos de inundación en los núcleos urbanos de Remolinos y de Alcalá de Ebro.

El proyecto cuenta con la financiación de dos millones de euros concedidos a la Comunidad Autónoma en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (fondos Next Generation). La duración total prevista para la obra es de cuatro meses y el mantenimiento y conservación se llevará a cabo durante los tres años posteriores a la finalización de cada unidad.