El Gobierno de Castilla y León valora el trabajo junto al sector que permitirá percibir cantidades similares de la nueva PAC

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se ha reunido con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL y la Unión de Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) para abordar la nueva PAC (Política Agraria Común). Un texto, para el periodo 2023-2027, sobre el que el jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado el trabajo conjunto de la mano del sector que ha llevado a lograr que la Comunidad mantenga unas percepciones anuales de importes similares a las vigentes en el actual marco regulatorio.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (segundo por la izquierda), acompañado del consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero (primero izquierda), con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias UCCL, UPA-COAG, Asaja, y Urcacyl.

Durante el encuentro se ha presentado el resultado de los trabajos llevados a cabo por Castilla y León en la elaboración del Plan Estratégico PAC, cuyo documento inicial se remitió a la Comisión Europea por parte del Gobierno de España el pasado 29 de diciembre.

Fernández Mañueco, quien ha asumido que los intereses de Castilla y León no coinciden con los del resto de territorios, ha lamentado que el texto comunitario suponga más exigencias medioambientales que no lleguen acompañadas de compensaciones para los agricultores y ganaderas.

En la negociación de las comunidades autónomas con el Gobierno de la nación ha quedado patentes los diferentes modelos de agricultura que existen en España, frente a una agricultura totalmente identificada con el agricultor profesional, como es lo que caracteriza a Castilla y León, existen otros modelos de actividad agraria a tiempo parcial y complementaria. Esto ha motivado que en la definición del beneficiario de las ayudas de la PAC, el 'agricultor activo', se tendrá en cuenta aquellos que estén afiliados a la seguridad social agraria por cuenta propia, o aquellos cuyos ingresos agrarios como mínimo representen el 25% del total de sus ingresos o aquellos que el año anterior perciban menos de 5.000 euros de ayudas directas de la PAC. Se compensará en mayor medida los estratos de superficie mediana -que están más identificados con la agricultura profesional- y, de hecho, las explotaciones de secano de hasta 130 hectáreas verán incrementada su ayuda básica.

El sistema de regiones productivas agrarias va a pasar de 50 a 20. Este sistema es la base para definir los importes de la ayuda base. Esta simplificación se ha realizado reagrupando regiones actuales. El sistema final “beneficia a Castilla y León”, ha valorado en este sentido el consejero.

En cultivos de secano se mantiene un sistema equilibrado, en los de regadío se ha conseguido diferenciar en positivo las zonas en las que se está invirtiendo en la modernización de regadío, mientras que los cultivos leñosos se equilibran los pagos para que puedan seguir desarrollándose en la Comunidad. Por lo que se refiere a los pastos, se ha conseguido ajustar la propuesta final para beneficiar a la ganadería extensiva castellano y leonesa.

Además se mantiene el sistema de derechos y la convergencia interna se realizará de forma más pausada, como demandaba Castilla y León, de manera que en 2026 todos los derechos de cada una de las regiones valdrán como mínimo el 85 % del valor medio de cada una de ellas, y en 2029 valdrán igual para cada región. Esto permitirá una transición más equilibrada para las explotaciones afectadas.

Las mayores exigencias medioambientales llegan recogidas en la denominada 'condicionalidad reforzada', que es el conjunto de requisitos legales y buenas condiciones agrícolas y medioambientales, que serán necesarios cumplir para poder acceder a las ayudas de la nueva PAC y que no tendrán compensación. Desde Castilla y León se ha trabajado para que no supongan un gran esfuerzo para los agricultores y ganaderos y se ha conseguido que esta nueva condicionalidad no sea tan exigente como inicialmente se preveía. Así, se ha sustituido la rotación anual de todas las parcelas por una diversificación de cultivos en la explotación, similar a la exigida actualmente para el pago verde, y con una rotación en parcela al cuarto año en vez de ser anual.

Además, en la reunión se ha destacado que en los ecoesquemas, que sustituirán al actual pago verde, se ha logrado que el diseño final permita el acceso a estas ayudas por los agricultores y ganaderos de Castilla y León, percibiendo importes similares o incluso mayores a lo que actualmente venían percibiendo con el pago verde. Habrá ayudas por ecoesquemas para el uso de pastos en la ganadería, por la rotación de cultivos en secano y regadío y por dejar elementos improductivos en la explotación.

A petición de Castilla y León, la degresividad, o reducción de las ayudas a partir de un número de hectáreas determinado, sólo se aplicará si se supera la asignación financiera para estas medidas, 1.100 millones de euros al año para toda España.

Para las mujeres que se incorporan como jóvenes agriculturas, las ayudas se incrementarán un 15%

En la última Conferencia Sectorial, el Ministerio aceptó la petición de Castilla y León que demandaba un Plan sectorial Nacional para el ovino y caprino. Este plan se estudiará en 2023 para ver las posibilidades de incorporarlo al Plan Estratégico, como se hará con el Plan para el Olivar Tradicional. El plan se dirigirá a las cooperativas y las organizaciones de productores.

En el Plan Estratégico se incluyen también las intervenciones territoriales que diseñan las Comunidades Autónomas y que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural. Castilla y León ha incluido actuaciones para el periodo 2023 a 2027 por importe de 1.176 millones de euros. En ellas se tienen en cuenta las infraestructuras agrarias, que contarán con 205 millones de euros; las ayudas a zonas con limitaciones productivas, con 170 millones; las ayudas agroambientales, con 143 millones, además de inversiones en explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores, apoyo a la industria agroalimentaria y forestal, la lucha contra incendios y la mejora de la biodiversidad y la metodología LEADER. Y destaca como novedad la incorporación de una nueva línea destinada a favorecer la sucesión de explotaciones envejecidas.