Arag-Asaja detalla medidas urgentes para salvar la rentabilidad de los viticultores
El presidente de Arag-Asaja, Eduardo Pérez Hoces, ha concretado en rueda de prensa las medidas urgentes que, en materia de uva y vino, presentará el próximo viernes en la Junta Directiva de la Interprofesional del Vino de España (Oive) para salvar la rentabilidad de los viticultores.
En primer lugar, Pérez Hoces ha transmitido la necesidad de que el Ministerio de Agricultura habilite un presupuesto extraordinario para “aumentar la efectividad de las medidas del Programa de Apoyo al Sector del Vino (Pasve) ante la dimensión de la crisis del COVID-19”.
En concreto, ha pedido un cambio en la distribución económica de las medidas del Pasve con el objetivo de que las medidas de almacenamiento privado y cosecha en verde estén mejor dotadas económicamente ya que según datos de ejecución del Ministerio de Agricultura, “únicamente 6 millones de euros, es decir un 2,85% del presupuesto total, fueron destinados a la medida de cosecha en verde para la vendimia de 2020”.
Una medida sobre la que también ha recordado, su organización vuelve a reclamar que Europa permita la cosecha en verde parcial, en lugar de condicionar las ayudas a la destrucción de toda la producción de la parcela.
Asimismo, el presidente de Arag-Asaja ha solicitado que, dado que la crisis del sector es una consecuencia directa del cierre forzoso de la hostelería y la ralentización de su actividad durante los últimos meses, “los fondos del Pasve vayan dirigidos preferentemente hacia las zonas productoras de vino de calidad, de forma que las medidas puedan aplicarse a las bodegas y viticultores que producen en estas zonas”. De lo contrario, ha subrayado, “las ayudas seguirán sin responder a las necesidades de Rioja”.
Por otro lado, Pérez Hoces también ha anunciado que su organización va a plantear mayores garantías en el cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria. Para ello, ha explicado, solicitarán a la Oive que reclame más fondos para la Agencia de Información y Control Alimentarios para ejercer su función y propondrán que “sean las organizaciones agrarias quienes puedan formalizar las posibles denuncias de los viticultores por incumplimientos de contratos y bajos precios”.
Igualmente, ha añadido, “pondrán de manifiesto que la ley tiene que admitir como referencia los estudios de costes que realizan organismos independientes como universidades y consejerías de distintos gobiernos autonómicos a los efectos de determinar los costes de producción de un viticultor en cada zona productiva”.
Por último, y con el objetivo de mejorar la transparencia y la estabilidad del sector, el presidente de Arag-Asaja ha asegurado que propondrá a la Interprofesional del Vino de España, la puesta en marcha de un código de buenas prácticas entre productor y bodega con el objetivo de que “únicamente se beneficien de las ayudas públicas aquellas bodegas que han demostrado que cumplen con las obligaciones de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y apoyan la realización de contratos plurianuales con viticultores para dar estabilidad al sector”.
