Las nuevas técnicas en genómica de plantas, como CRISPR, podrían contribuir a una producción más sostenible a través de la protección de los cultivos y la optimización del uso de los recursos

ALAS, que demanda un acceso rápido a estas herramientas con una regulación basada en la evidencia científica, advierte que cuestionar los beneficios de las nuevas técnicas genómicas, de igual forma que se hace con los aportados por los cultivos MG, es "simplemente querer condenar a la agricultura europea a una pérdida continua de competitividad".

En un momento en el que la agricultura tiene que seguir jugando el papel esencial de suministrar, de manera sostenible, alimentos suficientes, seguros y asequibles para los ciudadanos, en un tiempo retador para la sociedad en el marco de la pandemia del COVID-19, desde ALAS quieren hacer visible la necesidad de continuar innovando en la producción agrícola.

La necesaria mejora de la eficiencia productiva, haciendo un uso optimizado de recursos limitados, como agua, suelo o energía, en un marco de cambio climático donde se espera un aumento del estrés en los cultivos por ascenso de las temperaturas, cambio en los regímenes hídricos o incremento de plagas y enfermedades, hace imprescindible disponer de las herramientas tecnológicas más avanzadas, señalan desde este colectivo.

Desde ALAS afirman que "la mejora genética de los cultivos ha sido, probablemente, la herramienta agronómica más eficaz para abordar las necesidades alimenticias de una población en continuo crecimiento. Al mismo tiempo, se trata de una herramienta que no requiere de insumos adicionales para su utilización, permitiendo hacer frente a plagas, enfermedades y condiciones meteorológicas desfavorables".

Asimismo creen que "cuestionar, como hacen algunos grupos de interés, los beneficios de las nuevas técnicas genómicas, de igual forma que lo hacen con los aportados durante 25 años por los cultivos modificados genéticamente (MG), en aquellos países en los que los agricultores han podido tener acceso a ellos, es simplemente una nueva forma de 'negacionismo' que condenaría a la agricultura europea a una pérdida continua de competitividad que pondría en peligro la viabilidad de la actividad agrícola y, por ende, de la permanencia de la población agraria en el medio rural".

La propia Comisión Europea lo ha indicado en su estrategia 'Del Campo a la Mesa': “Las nuevas técnicas innovadoras, incluida la biotecnología y el desarrollo de productos de base biológica, pueden desempeñar un papel en el aumento de la sostenibilidad, siempre que sean seguras para los consumidores y el medio ambiente, al tiempo que aportan beneficios a la sociedad".

Mientras que hoy en día, tecnologías como CRISPR permiten descubrir el papel que juegan algunos genes en el desarrollo de enfermedades, y como tal es valorizada por la comunidad médica, "hay quien intencionadamente quiere asignarle problemas de seguridad en su uso para la agricultura".

Se ha definido a la edición genética como una herramienta “democrática”, porque es accesible para todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño, y centros de investigación públicos, ya que su coste de puesta en práctica es mucho menor que el de otras ya existentes. Esto permitirá que los agricultores puedan elegir entre un mayor número de proveedores de semillas, en todo tipo de cultivos.

Desde ALAS explican que "de igual forma, pretender que la UE modifique el etiquetado de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) para incluir a los productos obtenidos de animales que han consumido piensos procedentes de cultivos MG, simplemente es querer distorsionar la evidencia científica, como sería querer clasificar de pez a una persona que come pescado". "No parece congruente que, en un momento en el que tanto se habla del despoblamiento del medio rural, se quiera dificultar aún más la supervivencia de aquellos que son la base de la agricultura profesionalizada".

ALAS, como agrupación de entidades del sector productor español, "tiene a los consumidores como referentes, y confía en los estrictos sistemas reguladores de la Unión Europea (UE) que son garantía del, probablemente, más seguro sistema alimentario del mundo".