En la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica

Representantes de las organizaciones profesionales agrarias COAG, ASAJA, y UPA reivindicaron en el grupo de trabajo de Reactivación Económica, constituido en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, el decisivo papel del sector agrario, puesto de manifiesto especialmente durante la crisis del COVID-19.

El sector agrario se dejó oir en el Congreso de los Diputados y reivindicó su papel imprescindible, subrayado durante la pandemia provocada por el COVID-19, que interrumpió los actos de protestas iniciados en toda España y otros países europeos en reclamación de precios justos. Los principales dirigentes de las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA participaron en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, advirtieron de la posibilidad real de que retornen esas protestas en un futuro.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, subrayó la "grave crisis" que atraviesa el modelo de agricultura social, "evidenciada en las protestas de enero y febrero, y agravada ahora por la pandemia”.

Puso de relieve el potencial agrario de nuestro país, “al que se le debe dotar de herramientas de futuro para afrontar el nuevo escenario post-COVID-19 y los retos del siglo XXI”. Precisó que el objetivo debe ser la sostenibilidad, social, económica y medioambiental. “Y esta sostenibilidad debe acompañar a cada uno de los retos de futuro a los que debe hacer frente el sector agrario. Retos como la seguridad y soberanía alimentarias; la preservación medioambiental, lucha contra el cambio climático y la resiliencia frente a sus efectos; la revolución tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las energías renovables”. Para afrontarlos, indicó Blanco, se necesita un fuerte apoyo político y económico a escala europea. “Hace falta desarrollar políticas de ordenación de mercados, revisando tratados comerciales, estableciendo un control de las importaciones exigiendo el cumplimiento de los altos estándares comunitarios. Este sería un principio básico de preferencia comunitaria”.

A nivel estatal, el máximo dirigente de COAG trazó las líneas prioritarias de actuación, que están desarrolladas en un amplio documento enviado a todos los grupos políticos: reequilibrio de la cadena alimentaria frente al actual abuso de posición de dominio de las grandes cadenas de distribución, dotación de tecnológica y democratización de la misma para la digitalización, relevo generacional con el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres, potenciación de las energías renovables, valorización de nuestra contribución a la descarbonización (sumideros de CO₂) y reforzamiento del presupuesto comunitario para la nueva PAC en nuestro país “Más exigencias, es decir más costes, debe significar más presupuesto para garantizar la viabilidad de las explotaciones, y en todo caso estableciendo políticas de prioridad en defensa del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario, pero en situación más crítica”, remarcó.

Blanco pidió al Gobierno y a los diputados la puesta en marcha del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. “Necesitamos que nuestro país defienda el modelo de economía social agraria (profesionales autónomos, explotaciones familiares, cooperativas, pymes, hombres y mujeres del campo), estratégico para afrontar los grandes retos de la sociedad para las próximas décadas del siglo XXI, (seguridad Alimentaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (La Agenda ONU 2030), y amenazado por el proceso de 'uberización del campo español'”.

“Nuestro objetivo es contribuir a la reconstrucción social y económica de nuestro país, comprometiéndonos con un desarrollo sostenible en toda su amplitud, es decir social, económica y medioambiental. Por eso apostamos por un mercado más justo y equilibrado y un modelo social y profesional en la producción agraria. El contexto de grave crisis por la pandemia debe reafirmar una enseñanza; primero que la alimentación no puede ser considerada una mera mercancía para la especulación, sino un derecho preferente de la ciudadanía y segundo, en la base de esa alimentación estamos los hombres y mujeres del campo, cuya labor debe ser reconocida”, concluyó.

El presidente de ASAJA reclamó a los diputados atención para el sector agrario, que interrumpió su campaña de movilizaciones en demanda de medidas de apoyo cuando se declaró el estado de alarma para ayudar en las tareas de desinfección de los núcleos rurales, y sobre todo para cumplir con su función de alimentar a la sociedad en un momento de crucial para todos.

Durante todo este periodo, incluso en los momentos más complicados de la crisis, se ha garantizado diariamente el abastecimiento de alimentos variados, sanos, seguros, de calidad y a precios razonables para el consumidor. “Algo que —como señaló Pedro Barato— no se puede dejar en manos de terceros países, por eso necesitamos un modelo potente, moderno y eficiente”. “Es necesario, más que nunca, tener en cuenta al sector agrario y que las administraciones pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de nuestra economía. Solo así, seremos capaces de acometer retos esenciales como son el Cambio Climático, la innovación, la digitalización del sector y la vertebración del medio rural”, agregó.

Según el dirigente de ASAJA, las medidas adoptadas, tanto comunitarias como nacionales, para hacer frente a estos problemas han sido poco efectivas y sobre todo cicateras: hablamos de 80 millones de euros del presupuesto comunitario y 10 millones del presupuesto nacional, frente a los 19.000 millones de euros que ha puesto encima de la mesa la Administración americana para ayudar a su sector agrario. “Estas cantidades son insuficientes para abordar la gravedad de la crisis y hay que insistir ante las autoridades, esencialmente las comunitarias para que se amplíen las partidas aprobadas. Por supuesto, a nivel nacional, España debe aprovechar al máximo los fondos comunitarios cofinanciados que nos han sido asignados y no dejar que se pierdan. Nuestro país apenas ha utilizado un tercio de los fondos estructurales y por ello se pierden más de 30.000 millones de euros que podrían dedicarse a modernización y activación de la economía en nuestro país”, afirmó.

Pedro Barato se refirió a la respuesta inmediata que deben dar las administraciones a los problemas concretos que atraviesan las explotaciones y sectores. Ha hablado de medidas fiscales, “porque los productores afectados por esta crisis no deberían estas sometidos a mayores cargas fiscales hasta que no estén en condiciones de recuperarse”; a exoneraciones en las cuotas de la seguridad social, del IBI Rústico y otras tasas públicas o una revisión a la baja en los módulos del IRPF de los principales sectores afectados por este canal, incluso el establecimiento de un 'módulo 0'. Además, considera necesaria una financiación preferencial.

En cuanto a planificación e inversión a medio plazo, Barato ha incidido en que es necesario apostar por la modernización de los regadíos, como uno de los elementos esenciales de productividad, y las nuevas prácticas que permitan reducir el consumo de agua y su uso sostenible a través de energías renovables. Desde ASAJA tienen claro que la cadena alimentaria debe ser objeto de especial atención, con medidas que aseguren la transparencia, la seguridad jurídica y el equilibrio en la formación del valor añadido del producto. La organización agraria recuerda que la exportación se ha demostrado como esencial, no solo para aliviar la presión de los mercados internos, sino como fuente de ingresos y activación económica. Por ello, es importante mantener mercados y conquistar otros nuevos y las Administraciones deben implicarse con una diplomacia comercial muy activa.

Barato reclamó otra serie de medidas que, a corto plazo, deben de tener respuesta, como es el seguro agrario como estrategia fundamental del mantenimiento de las rentas; la adecuación de la política fiscal y el Salario Mínimo Interprofesional a la realidad del sector; y la apuesta por los jóvenes, la digitalización, la Banda Ancha y la tecnología como revulsivo para garantizar el futuro del sector.

El secretario general de UPA apeló a la unidad de todas las fuerzas políticas para resolver la grave crisis que atraviesan la agricultura y la ganadería en España. Lorenzo Ramos resumió en siete los grandes retos que a su juicio debe abordar España para “salvar al medio rural y fomentar un sistema agroalimentario fuerte y sostenible”, y entregó a los grupos parlamentarios participantes en la Comisión un documento con más de 80 propuestas para conseguirlo. “Debemos aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción nacional para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales que necesita la cadena alimentaria en España”, ha señalado.

El responsable de UPA ha hecho referencia al reto de los mercados como la principal clave para que el medio rural tenga futuro en nuestro país. “Hay que conseguir que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales”. “Nos enfrentamos también al reto generacional”, prosiguió, “solo apoyando e incentivando a los jóvenes para que se incorporen a la actividad agraria garantizaremos la supervivencia del modelo agroalimentario de España”. Sin olvidar el reto de la igualdad entre hombres y mujeres, algo “absolutamente decisivo y por lo que hay que trabajar intensamente”.

Igualdad que el responsable de UPA hizo extensible a la que debe existir entre el mundo rural y el mundo urbano. “El reto territorial es otra de las claves. El despoblamiento de muchas zonas rurales todavía es reversible si se aplican medidas adecuadas a la realidad de cada territorio”.

El reto digital obliga a asegurar de manera definitiva el acceso universal y de calidad a internet y a todas las herramientas de comunicación en todo el territorio, con apoyos para la implantación de herramientas digitales aplicadas a la actividad agraria. Ramos se refirió también al reto de la sostenibilidad, recordando el compromiso del sector con la Agenda 2030, cuyas iniciativas son ahora más necesarias que nunca, ante las consecuencias globales del coronavirus para toda la humanidad. “Sin olvidarnos del gran desafío que supone el cambio climático”.

Y por último, el reto del empleo, detallço el dirigente de UPA, que afecta tanto a los hombres y mujeres, titulares y cotitulares de explotaciones, cuya situación laboral es equivalente a la de los autónomos; como a las personas que trabajan en las tareas agrícolas y ganaderas. “Una realidad que también se ha puesto de manifiesto en los momentos más duros de la crisis, que coincidieron con el inicio de campañas en muchas producciones, y cuya gestión eficiente también ha sido decisiva para garantizar el abastecimiento alimentario”.

“Les pido unidad y compromiso con el futuro de una actividad que no solo nos afecta a nosotros, los agricultores y ganaderos, sino a toda la sociedad. Porque una agricultura familiar fuerte y rentable es la mejor garantía de futuro para el abastecimiento alimentario de toda la población. Y este gran reto no puede ser ajeno a la reconstrucción económica y social que estamos impulsando entre todos”, finalizó.