En el mismo acto, la Comisión Europea ha hecho pública la nueva Estrategia sobre Biodiversidad en 2030

Sindicatos agrarios y cooperativas han reaccionado, en parte, con moderado optimismo, pero sobre todo con críticas ante lo que consideran políticas que van a acarrear una mayor presión hacia los agricultores y ganaderos a través de los objetivos medioambientales que se proponen, en su opinión sin tener en cuenta los desafíos que ha planteado la pandemia por coronavirus en la cadena agroalimentaria europea y el ajustado presupuesto del que se dispone para la futura PAC.

La Comisión Europea ha presentado en Bruselas dos de sus iniciativas estrella relacionadas con el futuro del sector agroalimentario en el continente. A pesar de que los sindicatos y las cooperativas agrarias de España y de otros países de la Unión Europea ya habían mostrado su malestar al conocer la filosofía de estos planes, la CE ha mantenido su compromiso inicial adoptado antes de la pandemia por coronavirus y apuesta por estas dos estrategias de sesgo medioambiental contenidas en el denominado 'Pacto Verde'.

Fuentes de la Comisión Europea han señalado que "ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos de la UE para poner coto a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de todas las partes en la cadena de valor alimentaria".

La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda factores como la pérdida de esta característica propia del medio natural, el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Por su parte, la Estrategia 'De la Granja a la Mesa' tiene como objetivo "facilitar" la transición a un sistema alimentario sostenible en la UE que proteja la seguridad alimentaria y "garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano". Según ha detallado la CE, la nueva estrategia "reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garantizando los medios de subsistencia de los agentes económicos".

Tras conocerse en detalle el contenido de ambas propuestas presentadas por la CE, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha mostrado su "compromiso" con el Pacto Verde al tiempo que advierte sobre que la sostenibilidad medioambiental "no será posible sin sostenibilidad económica". A la institución que representa a estas entidades de carácter asociativo en España le preocupa que la Comisión Europea "abra el debate con unos objetivos medioambientales muy ambiciosos, sin tener en cuenta la falta de rentabilidad de un sector productor que ha demostrado ser básico en el abastecimiento de alimentos a la sociedad, mientras ha estado confinada por la pandemia del COVID-19".

Desde Cooperativas creen que para alcanzar los objetivos "será fundamental diseñar medidas de impulso estructural que sirvan para encarrilar el desequilibrio en la cadena alimentaria donde el sector productor es el eslabón más débil y el primero en sufrir". Asimismo estiman que también será necesario abordar la "pérdida de competitividad" de un modelo productivo europeo que será "más exigente, respecto de los productos importados producidos con condiciones menos restrictivas, lo que es imposible de controlar en frontera (reciprocidad efectiva)".

Por otro lado, las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) han valorado sendas estrategias y en su opinión se trata de una "oportunidad" para el modelo de agricultura y ganadería familiar, tal y como ha declarado UPA en su comunicado posterior a la presentación de la CE. Sin embargo para esta OPA, la estrategia tiene "ideas interesantes y positivas", pero también algunas “invenciones e incongruencias”, que deberán pulirse según fuentes de la organización. UPA ha mostrado sus dudas sobre las intenciones de la Comisión Europea de promover la reducción del uso de productos fitosanitarios y antibióticos en unos porcentajes muy importantes. "Compartiendo el objetivo de la reducción, la UE no debe olvidar que esos productos se usan porque son necesarios y siempre que su uso sea seguro y esté autorizado por las autoridades europeas y nacionales. No se puede prohibir sin dar alternativas -y compensaciones- a los afectados", sentencian.

Una de las ideas más "peregrinas" de esta estrategia y que más molesta en UPA es la intención de promover una menor producción de carne. Algo que "no tiene sentido en España, donde la producción ganadera es una actividad sostenible e integrada en el territorio, con una enorme importancia socioeconómica y en muchos casos un alto valor ambiental". Este tema debe ser, a su juicio, "desterrado de inmediato de la estrategia, dado que además el consumo de carne no es en absoluto excesivo según las autoridades sanitarias".

COAG "comparte" los objetivos de la estrategia 'De la Granja a la Mesa' presentada por la Comisión Europea pero "difiere claramente" en la forma en la que se pretenden abordar. En opinión de la OPA, "resulta hipócrita e incoherente que la UE pretenda que los agricultores y ganaderos afronten los retos de un sistema alimentario más sostenible, con el consiguiente aumento de costes que eso supone, bajo la amenaza de recortes en el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y la destructiva competencia desleal de las importaciones de terceros países. No vamos a permitir que los agricultores financien una vez más las políticas de escaparate verde de la UE", ha subrayado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

Abundando en el tema, desde COAG piden que "se revisen todo los acuerdos comerciales de libre comercio con terceros países, se refuerce el control de las importaciones, es establezcan políticas de preferencia comunitaria y se apueste de forma decidida por la potenciación del modelo social y profesional de agricultura para garantizar la soberanía alimentaria de Europa". De ahí que COAG coincida con la comunicación presentada por la Comisión, a la hora de resaltar que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de "un sistema alimentario robusto y resistente que siga funcionando en todas las circunstancias, capaz de garantizar el acceso a un suministro suficiente de alimentos asequibles para los ciudadanos".

La organización ASAJA ha sido quizás la más contundente en su crítica, al afirmar que con las dos nuevas estrategias de la CE “se asesta un duro golpe a la agricultura europea hasta el punto de poner en cuestión la seguridad alimentaria de la Unión, en un momento en el que ha quedado patente el papel primordial y básico del sector agrario para el funcionamiento de la sociedad”. Según la visión de ASAJA, a través de estas inicitaivas de la CE "se imponen severas limitaciones al uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos, privando a los agricultores de unas herramientas esenciales para garantizar la salud de los animales y los cultivos. Se trata de una política regresiva que pone en peligro nuestra independencia alimentaria y que es totalmente contraria a la que siguen otras potencias alimentarias mundiales", aseveran.

La Comisión plantea, según los últimos borradores conocidos, una serie de condicionantes como son el que se amplíe la superficie de agricultura ecológica hasta el 25% de la superficie agraria total de la UE para el año 2030, así como que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos; que se reduzca el uso de abonos en un 20% y el de fitosanitarios en un 50%. Según ASAJA también se abre la posibilidad de incrementar las zonas incluidas en Red Natura 2000, "con las limitaciones que de ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera". La OPA considera además que, de producirse, sería "un auténtico desarme de la agricultura y un cambio de papel para los productores agrarios que se convertirán en meros jardineros de Europa".

El próximo paso para estas dos nuevas Estrategias y sus compromisos presentados por la Comisión Europea es su aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, no sin antes haber sido sometidas a "un amplio debate público" al que las instituciones europeas invitan a todos los ciudadanos y las partes interesadas de la Unión Europea.