Los auditores de la UE advierten de los escasos progresos alcanzados para lograr un uso sostenible de los fitosanitarios en Europa

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los progresos realizados para medir
y reducir los riesgos derivados del uso de plaguicidas en la UE son limitados. Varios Estados
miembros se han retrasado en la plena incorporación de la Directiva sobre el uso sostenible de
pesticidas y los incentivos para que los agricultores adopten métodos alternativos son escasos.
Además, señalan los auditores, la Comisión Europea no puede supervisar con precisión los
efectos de los riesgos derivados del uso de plaguicidas.

Los productos fitosanitarios («plaguicidas») se utilizan para proteger los cultivos contra
organismos nocivos, plagas y enfermedades. Incluyen insecticidas, fungicidas y herbicidas, que
pueden afectar al medio ambiente y plantear riesgos para la salud humana. Desde 1991, la UE ha
tenido normas comunes sobre su autorización y uso, y en 2009 aprobó la Directiva sobre el uso
sostenible de los plaguicidas. Los auditores evaluaron si la acción de la UE en este ámbito ha sido
satisfactoria.

Varios Estados miembros se retrasaron en incorporar la Directiva a la legislación nacional, y
en 2012 se iniciaron procedimientos de infracción contra dos de ellos. Los auditores también
constataron que la Comisión Europea no había verificado adecuadamente la integridad y la
exactitud de la transposición de la Directiva. Por ejemplo, no todos los Estados miembros
incorporaron a la legislación nacional el requisito de que los agricultores aplicaran la gestión
integrada de plagas. Sin embargo, reconocen los auditores, desde 2016 la Comisión ha tomado
más medidas para hacer aplicar la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas.

Junto con la Directiva, se ha hecho obligatoria para los agricultores la gestión integrada de plagas,
que supone la utilización de plaguicidas únicamente cuando la prevención y otros métodos
alternativos no funcionen o no sean eficaces. Sin embargo, no existen criterios claros ni requisitos
específicos que sirvan para garantizar la aplicación y evaluar el cumplimiento de la Directiva.
Paralelamente, se ha creado una categoría de "productos fitosanitarios de bajo riesgo", pero
hasta la fecha, solo se han puesto a disposición 16 de las 487 sustancias, es decir, el 3 %, lo cual
es insuficiente, según los auditores.

También señalan que los agricultores no tienen incentivos para reducir su dependencia de los
plaguicidas. En particular, la aplicación de la gestión integrada de plagas no constituye una
condición para recibir los pagos de la PAC, observan los auditores.

"La Comisión Europea hasta ahora no ha podido reducir y controlar sustancialmente los riesgos
asociados al uso de plaguicidas por los agricultores", señala Samo Jereb, Miembro del Tribunal
de Cuentas Europeo responsable del informe. "La nueva política agrícola común que entrará en
vigor en 2021 ofrecía una oportunidad para abordar esta cuestión de manera adecuada, que
lamentablemente se ha desaprovechado".

Los auditores observaron que las estadísticas sobre sustancias activas y su utilización publicadas
por la Comisión Europea (Eurostat) no eran lo suficientemente detalladas para resultar útiles, y
los datos facilitados por los Estados miembros tampoco estaban suficientemente armonizados o
actualizados.

Por último, aunque algunos Estados miembros han elaborado indicadores nacionales para medir
riesgos e impacto, no son comparables en toda la UE. Los intentos iniciales de la Comisión de
desarrollar indicadores de la UE no fueron satisfactorios debido a la falta de datos. Los dos
primeros indicadores de riesgo a escala europea no se introdujeron hasta noviembre de 2019,
diez años después de la aprobación de la Directiva, y ninguno de ellos tiene en cuenta cómo,
dónde y cuándo se utilizan los plaguicidas. Por consiguiente, la Comisión todavía carece de una
base de pruebas sólida para evaluar si la Directiva ha logrado el objetivo de la UE de que el uso
de los plaguicidas sea sostenible, concluyen los auditores.

Ahora que la Comisión evalúa la legislación de este ámbito político en un contexto de creciente
preocupación pública y parlamentaria, los auditores recomiendan:

• verificar la gestión integrada de plagas en las explotaciones;
• permitir que la gestión integrada de plagas se vincule a los pagos en el marco de la nueva
PAC;
• mejorar las estadísticas sobre los productos fitosanitarios;
• elaborar mejores indicadores de riesgo.