Reclaman una prórroga a la entrada en vigor de la prohibición de aplicar purines mediante plato o abanico sobre superficies agrarias
UCCL asegura que la adaptación de la maquinaria no se ha podido llevar a cabo a tiempo al quedarse las casas comerciales sin aprovisionamientos y ante la falta de ayudas que sufraguen en parte el gasto que conlleva.
Desde el 1 de enero de 2020 los profesionales agrarios de Castilla y León tendrán la obligación de cumplir los requisitos establecidos en la normativa de condicionalidad relacionadas con el mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo, si quieren evitar sanciones o multas en el cobro de las ayudas directas a la PAC en el 2020.
Esto implica que los agricultores y ganaderos de Castilla y León tendrán prohibido la aplicación de purines mediante sistemas de plato y abanico sobre superficies agrícolas, el método habitual que se utiliza en nuestra comunidad. UCCL recuerda que la aplicación mediante cañones está prohibida desde el año 2019.
La Unión de Campesinos (UCCL) advierte que muchos profesionales agrarios no han podido adaptar sus maquinarias o sustituirlas por unas nuevas que permitan la aplicación del purín mediante sistemas esparcidos por bandas, o mediante la inyección en el suelo, debido a que en el 2018, el primer año de la implantación de esta normativa, las casas comerciales agotaron sus aprovisionamiento, y la ayuda del Plan Renove en el 2019 agoto sus fondos apenas a los 15 días de la publicación de la convocatoria.
Por ello, UCCL solicita a la Junta de Castilla y León una nueva moratoria para el cumplimiento de los nuevos requisitos en torno a la aplicación de purines, como mínimo hasta el año 2021, al igual que ya han comunicado otras comunidades autónomas como Galicia, que evite sanciones a los profesionales agrarios por incumplimiento de los requisitos de la condicionalidad que afecta directamente sobre las ayudas de los pagos directos de la PAC y para que tengan tiempo suficiente para poder adaptar sus medios de trabajo.
UCCL recuerda que está en manos de las comunidades autónomas establecer excepciones a estos cambios normativos, por lo que UCCL lo tiene claro y reclama una prórroga para el cumplimiento de la misma
