Los regantes piden firmar dos contratos eléctricos anuales para modernizar un millón de hectáreas
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) advierte de que si los agricultores no pueden firmar dos contratos eléctricos en un mismo año difícilmente será posible modernizar el millón de hectáreas aún pendiente, ya que la culminación de estas obras conlleva un importante encarecimiento de la factura, lo que lastra la competitividad del sector, teniendo en cuenta que los costes fijos (regulados) representan más del 60% de la factura eléctrica para los agricultores. Así lo manifestó hoy su presidente, Andrés del Campo, durante su intervención en la jornada 'El desafío de las Tecnologías para Agua y Energía', organizada en el marco del Madrid Aquaenergy Forum 2019.
La Ley 1/2018 de la sequía contemplaba en sus disposiciones adicionales la posibilidad de firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima para el resto del año, con el que simplemente mantener los equipos. Por eso, los regantes no entienden que tengan que pagar todo el año por un servicio que únicamente se utiliza durante la campaña de riego, lo que incrementa injusta e innecesariamente sus gastos en electricidad, además de frenar la modernización de los sistemas de riego. No obstante, este artículo aún no se ha desarrollado, por lo que no puede ser aplicado, pese a la insistencia de Fenacore con los distintos Gobiernos de turno.
En opinión de los regantes, el abaratamiento de la factura resulta determinante si se quiere culminar el proceso de modernización de regadíos, para que consuman menos agua aunque demanden más energía. En la actualidad, España es un referente internacional en regadío modernizado, pero lo cierto es que todavía queda pendiente de modernizar alrededor de un 26% de sistemas de riego que funcionan por gravedad.
Para abaratar los costes energéticos y, por ende, avanzar en la modernización de regadíos, Fenacore también respalda el fomento de la energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo, el impulso de la producción de renovables sin costes o peajes extra, y la posibilidad de pagar en función de la potencia real registrada y no de la teóricamente contratada, ya que así se evitaría pagar todo el año aunque no se riegue.
Según Del Campo, “la próxima Administración debe otorgar a la política hidráulica el protagonismo que merece y ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca, en los que se incluyen no sólo obras de regulación sino también de modernización de las zonas regables todavía pendientes y medidas complementarias de gestión de la demanda para optimizar el consumo. Máxime teniendo en cuenta que la población mundial ganará más de 2.000 millones de habitantes en los próximos 30 años y que el regadío es el garante de la alimentación del futuro, contribuyendo también a evitar la despoblación de la llamada España vaciada, por lo que urge recuperar el pulso de la inversión pública en infraestructuras hídricas, tras la parálisis de la crisis”.
