El secretario general de Ansemat opina que las palabras de la ministra para la Transicion Ecológica no son de aplicación en el sector agrícola

El diésel "tiene los días contados". La afirmación de la ministra para la Transición Ecológica encuentra respuesta en el secretario general de Ansemat, Ignacio Ruiz, que sale al paso para recordar que la maquinaria agrícola no tiene carburante sustitutivo y, por lo tanto, deber quedar exenta de cualquier decisión que se tome a nivel político.

El secretario general de la la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat) es rotundo: "En el sector agrario no existe un sustituto de los motores diésel que ofrezca la misma combinación de eficiencia energética, potencia y rendimiento, durabilidad y fiabilidad. La maquinaria agrícola se asocia prácticamente en exclusiva a los motores diésel ya que, como otros equipos de trabajo, para poder realizar las labores agrícolas necesitan unos niveles de par a bajas revoluciones del motor que únicamente puede ofrecer el motor diésel. Esto es así en todas partes del mundo, pero en España se afianza aún más con la existencia del gasóleo B, combustible subvencionado para los trabajos agrarios realizados por máquinas homologadas como agrícolas".

Ignacio Ruiz sostiene que "considerar que las declaraciones sobre el futuro de los motores diésel en el sector de la automoción por parte de la ministra para la Transición Ecológica sean técnicamente acertadas o no, son extensibles a la maquinaria agrícola es algo que no alcanzo personalmente a entender. Y si realmente se planea incluir a la maquinaria agrícola en el campo de aplicación del proceso de desaparición del gasóleo, me preocuparía más de lo que he hecho hasta ahora con el anuncio de medidas políticas. La maquinaria agrícola no tiene un carburante sustitutivo y, por lo tanto, debería quedar exenta de cualquier decisión que se tomara a nivel político en relación al futuro del diésel, ya que el aumento del coste del gasóleo no podría tener efectos disuasorios".

"Sin ir más lejos, ya que se habla de medioambiente, habría primero que replantear si el calendario estricto de reducción de emisiones de gases establecido por Bruselas y que están cumpliendo a rajatabla desde hace más de 10 años los fabricantes de tractores y máquinas autopropulsadas en España, tiene los efectos previstos o no, porque nadie aparte de Ansemat se ha molestado en analizar el mercado real y comprobar si efectivamente se han reducido los niveles de emisiones globales. Los datos del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) son claros, si uno de detiene a analizarlos, y muestran cómo la reducción de emisiones en tractores nuevos ha provocado un aumento del mercado de tractores usados", prosigue el directivo. "Y esto está ocurriendo en España, pero también en Italia, ya que a nuestros colegas de Unacoma les gustó nuestro análisis y decidieron hacer la misma comprobación en su país, para llegar a la misma conclusión: que la política medioambiental de reducción de emisiones se cumple en el lado de la oferta pero después no se puede obligar a la demanda a invertir en tractores nuevos, y ésta ha decidido optar por los tractores antiguos".

Según el secretario general de Ansemat, "la demanda de tractores ha variado en los últimos años porque el coste en investigación para el cumplimiento de la legislación ambiental se repercute en un volumen de tractores muy inferior al mercado europeo de automóviles. Y esto es fácil de contrastar con datos del IPC en España (desde 2002 a 2017 el índice de precios de automóviles –nuevos y usados– ha crecido un 15,3%), y con los datos de los informes del ROMA (crecimiento superior al 80% en el precio medio de un tractor entre 2001 y 2017). Ante esta situación, y con una renta disponible que no sigue la misma tendencia es difícil plantear otra situación que no sea la del aumento del mercado de tractores usados".

Ruiz subraya que "este aumento de coste de los tractores provocado por el cumplimiento de la legislación medioambiental (las tendencias de los precios de tractores y del resto de máquinas se separan a partir de 2006, que fue la entrada de la Fase IIIA), debería considerarse como el coste equivalente a la externalidad negativa, aunque el dinero adicional que pagan los agricultores en la Unión Europea por unos tractores más 'limpios' no va a las arcas públicas de forma directa a modo de impuesto directo".

"Volviendo entonces a la posibilidad de que la medida anunciada por la ministra para la transición ecológica se aplicara a la maquinaria agrícola, tendríamos un escenario en el que los agricultores se enfrentan ya a un aumento espectacular del coste de los tractores nuevos para que emitan menos gases a la atmósfera, y después a un aumento del precio del gasóleo B que deberían absorber en su totalidad ya que no tienen otras opciones de motorización en la maquinaria para evitar dicho aumento de coste", añade.

El directivo observa necesario "que los agricultores se están enfrentando a un aumento continuo del precio de los carburantes desde principios de 2017, momento en el que se aumentó el precio del gasóleo en más de un 20% respecto a 2016, y no sólo se ha mantenido en esos niveles sino que ha seguido aumentando paulatinamente hasta ahora".

La situación práctica en el sector agrario lleva a Ignacio Ruiz a "pensar que las palabras de la ministra Teresa Ribera no son de aplicación a la maquinaria agrícola a no ser que su intención sea la de reducir la rentabilidad de las explotaciones agrarias en España hasta mínimos históricos".

Y concluye: "En el caso de la maquinaria agrícola no es momento de pensar en nuevos impuestos y costes, sino más bien en innovación e impulso de las tecnologías de agricultura 4.0, que además de todas las ventajas que ya se van identificando, permiten unas mejoras de eficiencia energética en las explotaciones agrarias y una reducción de las emisiones de gases que quitarán toda mínima idea de externalidades negativas del gasóleo agrícola de la cabeza de nuestros políticos".