La industria cárnica pide que se eliminen las trabas a la exportación y la unificación de competencias

La industria cárnica, a través de la Oficina de Exportación de la Carne de España (OECE) ha pedido que la administración española elimine las trabas administrativas que todavía se mantienen y que dificultan de forma seria las exportaciones de las empresas del sector, que representan una actividad verdaderamente estratégica para la cadena cárnica, el sector alimentario y la economía española en general, ya que nuestra industria cárnica exporta por valor de más de 3.600 millones de euros.

En este sentido, las asociaciones que integran la OECE –Anafric, Anice, Aprosa, Fecic y la Fundación del Jamón Serrano Español– piden la eliminación total del uso del certificado sanitario de exportación (conocido como ‘sábana’). Aunque este requisito ya se ha eliminado para buena parte de las exportaciones, sigue requiriéndose para algunos de nuestros principales mercados, como son Rusia, China o EE UU.

Hay que tener presente que los envíos ya van acompañados del certificado veterinario oficial específico para cada país de destino, por lo que la ‘sábana’ no aporta información adicional y se trata de un trámite redundante. A pesar de las peticiones del sector, la emisión de dicha ‘sábana’ es un trámite completamente obsoleto que adolece de total falta de operatividad, no está informatizada, no puede solicitarse ni cumplimentarse vía telemática, sino que ha de hacerse una por una a mano, lo que supone un importante bloqueo para los grandes exportadores.

Igualmente, la OECE ha expresado el malestar de los exportadores por los costes de tramitación y emisión de los llamados ‘Certificados de Origen’ que emiten las cámaras de comercio, otro trámite completamente innecesario que solo supone añadir costes y carga administrativa, dado que, al igual que ocurre con la ‘sábana’, el origen de la mercancía ya se especifica en el certificado veterinario oficial.

Otra medida que la industria cárnica considera esencial es la unificación de las competencias de la Administración en materia de exportaciones, agrupando en una única estructura administrativa las tareas de control oficial de los productos de origen animal producidos en nuestro país, homologando así nuestra situación con lo que ocurre en todos los países de la Unión Europea y en la mayor parte de los países desarrollados del resto del mundo, en los que dichas competencias se encuentran bajo una misma unidad de gestión administrativa.