No hay madera española certificada en el mercado

El manifiesto denuncia la falta de madera española certificada en el mercado y urge a la Administración y a los propietarios forestales a comprometerse seriamente en el proceso de certificación, como ya lo han hecho las industrias forestales.

Cabe destacar que los consumidores demandan productos forestales certificados y la propia Administración contribuye a esta demanda a través de su política de compras públicas, pero las industrias forestales españolas –que ya han realizado un gran esfuerzo para certificar las cadenas de custodia en sus fábricas– no pueden ahora atender esta creciente demanda social debido a la falta de madera española certificada en el mercado. Por ello, se ven obligados a importarla, con el consiguiente deterioro del aprovechamiento forestal y del empleo derivado del mismo en los montes españoles, además del sobrecoste y la pérdida de competitividad que supone para la industria, especialmente en una situación de grave crisis económica como la actual.

En el caso de la industria de la pasta y el papel, el 100% de las cadenas de custodia de las fábricas pastero-papeleras están certificadas al menos por uno de los dos grandes sistemas de Certificación Forestal que operan en España (PEFC y FSC); pero ahora se encuentran con que no hay madera certificada española en el mercado, por lo que solo el 9% de la madera española que utilizan está certificada. En Europa, sin embargo, el porcentaje de madera certificada que actualmente emplea el sector –que sí dispone de madera certificada en sus respectivos mercados nacionales– es del 59%.

El caso de las industrias de la madera y el mueble, las industrias de fabricación de tableros tienen, por ejemplo, certificado por al menos un sistema de certificación el 100% de las cadenas de custodia de sus plantas de producción, y el resto de subsectores, (fabricantes de parquet, importadores, chapas o mobiliario urbano y/o de jardín, por ejemplo, haciendo una mención especial al aserrío, cuyo esfuerzo por convertirse en un eslabón de la cadena que permita circular la madera certificada hacia la segunda transformación), poseen un elevado porcentaje de instalaciones certificadas. Sin embargo, todas estas empresas que han adquirido un compromiso medioambiental con el monte, con un gran esfuerzo, ven que los porcentajes de madera certificada que pueden utilizar son mínimos, debido a este grave déficit de madera nacional certificada.

En España, pese a contar con los instrumentos –los propios sistemas de certificación– y con una legislación que recomienda su aplicación, el hecho es que la certificación forestal no avanza: apenas un 7% de la superficie forestal española está certificada y no todo corresponde a monte productivo, mientras que para el conjunto de Europa el ratio se sitúa cerca del 30%.

Por Comunidades Autónomas, la situación es muy diversa, y cabe destacar el caso paradójico de Galicia, de donde procede el 50% de la madera que se extrae en España y donde apenas el 7% de la superficie arbolada está certificada.

La ausencia de instrumentos de gestión ágiles y eficaces es –según Aspapel, Anfta y Confemadera– el escollo fundamental que impide el desarrollo de la certificación forestal en España. La proporción de montes con instrumento de gestión vigente es muy exigua –menos del 20%–, los instrumentos de gestión para las propiedades fragmentadas son inadecuados y farragosos y los estándares o indicadores con los que se tiene que auditar la gestión forestal resultan de difícil aplicación.

Las industrias forestales proponen, para impulsar la certificación forestal, las siguientes medidas:

• Que la propiedad forestal y la Administración preparen con urgencia planes de gestión para las masas productivas.
• Que el sector forestal y la Administración diseñen planes simples de gestión adaptados a la realidad española, con muchas propiedades muy fragmentadas.
• Que los sistemas de certificación ajusten los estándares para hacer compatibles los aspectos ecológicos con los económicos y los sociales.
• Que la Administración arbitre ayudas públicas para los propietarios dispuestos a implantar la certificación forestal.

Las industrias forestales reconocen la eficacia y utilidad de la certificación forestal como herramienta que mejora y fomenta la gestión forestal, como instrumento de mercado, como requisito en compras verdes y como medida colaboradora contra la tala ilegal, pero sostienen que la certificación no tendrá éxito si el actual compromiso de la industria no va acompañado de en un compromiso conjunto de la industria, la propiedad forestal y la Administración.