La competitividad del sector requiere un contexto normativo único

En un mundo globalizado en el que las fronteras cada vez son más pequeñas y, más aún, en un contexto excepcional marcado por la crisis sanitaria, no podemos permitir que la legislación, que es la que debe impulsar la riqueza económica sea el factor que la limite. Por ello, Bruselas ya ha recalcado la importancia de articular a corto plazo el cambio definitivo a un modelo económico circular real, a una economía sostenible que nos permita evolucionar como sociedad. Un cambio en el que la industria del papel y cartón recuperado juega un papel estratégico.

Entonces, ¿qué más nos hace falta? ¿Por qué los legisladores continúan fomentando la hiperregulación y un mercado fragmentado? En Repacar venimos señalando desde hace mucho tiempo el problema que nuestras empresas encuentran a la hora de desempeñar su actividad. Los obstáculos administrativos les restan competitividad y proyección. No obstante, cada vez que se articula una nueva norma encontramos el mismo problema: la burocracia.

Nuestras empresas, que se adaptan, que luchan, que generan riqueza y empleo verde de nuevo se dan de frente con la Administración. Un problema generado por aquel que debería aportar la solución.

En este sentido, hemos presentado ante el Ministerio Para la Transición Ecológica nuestras alegaciones en su consulta pública sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Y es que la nueva norma no contempla cambios respecto a la Ley 22/2011 que deja en manos de las comunidades autónomas (CC.AA.) la elaboración de los planes autonómicos de gestión de residuos.

Y es que nuestra industria necesita un contexto normativo uniforme, una legislación armonizada, que facilite el funcionamiento de los procesos de gestión de residuos.

Lo cierto es que la hiperregulación y la burocracia son uno de nuestros enemigos primigenios. El pasado día 19 de junio, se publicó en el BOE el RD 553/2020, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, una norma en la que también hemos trabajado intensamente para conseguir aliviar las excesivas cargas burocráticas de difícil cumplimiento que presentaba. No obstante, la norma no está exenta de obstáculos administrativos y seguimos trabajando para mejorarla.

Pero, ¿cuáles son las causas del problema de la burocracia en España? Podemos apuntar varias. La falta de medios para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, una organización ineficaz, una lenta digitalización de la administración pública que no sigue el ritmo a un mercado competitivo - más aún en este contexto de supervivencia en el que nos encontramos - y que choca de bruces con una sociedad en la que palabras como big data, innovación y competitividad están en boca de todos... En definitiva, debemos luchar contra una hiperregulación que limita y entorpece el desarrollo de una sociedad más circular.

Una economía competitiva tiene entre sus características un marco normativo uniforme algo que, como podemos comprobar, no sucede en España. Y esto no lo decimos solo nosotros, los protagonistas, los que quedamos sepultados bajo el peso de los millones de palabras publicadas por el BOE cada año. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o incluso la Comisión Europea ya han alertado del problema de la hiperregulación en España asegurando que los “diferentes y complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local tienen un impacto negativo”.

Nacional, regional y local. Repetimos estas tres palabras porque aquí se encuentra una de las principales causas de la hiperregulación: la disparidad de criterios y normativas entre comunidades autónomas.

Para entender el problema, en primer lugar, hay que destacar que la Constitución española contempla las comunidades autónomas como entidades territoriales dotadas de autonomía que cuentan con instituciones y representantes propios, así como con determinadas competencias ejecutivas, legislativas y administrativas transferidas. Y si ya esto de por sí supone un problema - cada comunidad puede aplicar sus propias reglas -, dentro de estas transferencias algunas cuentan con más competencias que otras. ¿El resultado? Un marco normativo desigual con ventajas para unos y desventajas para otros.

Para hacer frente a esta situación, el BOE publicaba la Ley 20/2013 de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Su objetivo era hacer cumplir el principio de Mercado Único en todo el territorio nacional eliminando trabas burocráticas y administrativas para que las empresas españolas pudieran realizar sus operaciones con las diferentes CC.AA. sin la necesidad de cumplir una normativa diferente en función de cada una de ellas. Su aplicación abarca a toda la actividad económica y a la libre circulación de bienes en todo nuestro territorio.

Esta ley prometía poner punto final a todas estas trabas, pero lo cierto es que ha sido ineficaz. El mercado español continúa fragmentado y, hasta el momento, los esfuerzos por solucionar esta situación han sido insuficientes.

Lo cierto es que el principio de unidad de mercado se encuentra recogido en nuestra Constitución y hasta la fecha se han puesto en marcha sin suerte diferentes medidas para hacer que se aplique. Las razones para que no consiga aplicarse son variadas y entre ellas destacamos una: requisitos discriminatorios y excesivos para los operadores (de nuevo entra en juego la burocracia).

La realidad a día de hoy es que esta fragmentación, entre otras cosas, dificulta la competencia efectiva, desincentiva la inversión, limita el crecimiento de nuestras empresas e impide aprovechar las economías de escala.

La transformación digital está llegando a nuestras empresas y cada vez son más las que incorporan procesos ágiles en su gestión, un camino difícil en el que tratamos de ayudarles desde Repacar con aplicaciones como Valora, sesiones formativas… Ahora necesitamos que esos esfuerzos realizados por nuestro tejido empresarial, e incluso por los propios ciudadanos cuando se ven abocados a lidiar con un mar de gestiones, también sean aplicados por la Administración.