Las grandes empresas cárnicas, preocupadas por el Impuesto al Plástico

Anice reunió a su Grupo de Trabajo de las Grandes Empresas en un encuentro, el primero del año, para analizar la situación actual y exponer las últimas iniciativas abordadas por el sector, así como sus perspectivas para el 2023 en un entorno muy volátil. En el contexto actual, aunque los costes de la energía se han moderado, la industria cárnica se enfrenta a una disminución del crecimiento de la producción, junto a una elevada inflación, y con un acceso al crédito que seguirá siendo difícil.

El presidente del Grupo, Javier Dueñas, moderó el desarrollo de la reunión que empezó con el análisis del Real Decreto de envases y residuos de envases, que como ya se ha venido informando, incrementará el coste de la industria alimentaria en 5.000 millones de euros. Para este asunto se contó con la participación de Paloma Sánchez, directora del Departamento de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB, quien ofreció una visión general de la regulación de los envases en la Unión Europea y en España.

También se abordó la problemática del impuesto al plástico, recordando que España ha sido el único país de la UE que ha aplicado este impuesto, algo que se lamenta desde el sector, primero por su enorme impacto económico, que se estima será de 690 millones de euros para toda la industria alimentaria y, en segundo lugar, porque sitúa al sector en una posición de desventaja antes sus homólogos de la UE, al ir más allá de lo que exigen las normativas europeas. Mientras otros países han preferido posponer la entrada en vigor del impuesto con objeto de no castigar las economías nacionales ya afectadas por la crisis energética y la inflación, el Gobierno de España ha decidido liderar la aplicación de este nuevo gravamen que resta competitividad a un sector estratégico.

El Real Decreto de envases y residuos de envases incrementará el coste de la industria alimentaria en 5.000 millones de euros.

La jornada también sirvió para analizar las nuevas obligaciones para las empresas del Registro de Contratos Alimentarios, previsto en la Ley de la Cadena Alimentaria y establecido por el Real Decreto 1028/2022, recordando a las empresas que están obligadas a la inscripción de los contratos los compradores de productos agrícolas y alimentarios a productores primarios y sus agrupaciones. Este Registro entró en vigor el pasado 1 de enero y desde el 1 de julio, será obligatorio registrar las modificaciones introducidas en contratos ya suscritos.

El PERTE Agroalimentario, cuya convocatoria de ayudas se publicó el pasado 29 de diciembre es un tema que sigue generando incertidumbre. A fin de resolver las principales dudas, el secretario general de Anice, Miguel Huerta realizó un análisis exhaustivo de la situación de estas ayudas.

En este punto, desde Anice se considera que los plazos para la ejecución de las inversiones son muy ajustados y deberían ser ampliados para la realización de los proyectos hasta el 2028 si se quiere conseguir que las empresas apuesten por esta convocatoria.

Además, habría que simplificar los procedimientos para acceder a los fondos y las cantidades mínimas. La mayor parte de las compañías son pequeñas y medianas empresas y un presupuesto financiable mínimo más bajo, atraería iniciativas más pequeñas.

Por otro lado, y en relación a la situación de la Fiebre Porcina Africana (FPA), se destacó que no ha tenido grandes avances, pero se apeló a la responsabilidad del sector con objeto de extremar al máximo las precauciones para evitar situaciones de riesgo.

Por último, en la reunión se aprovechó también para exponer los buenos resultados del Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas, destacando el esfuerzo de la industria alimentaria española, que ha cumplido el 99% de los objetivos del Plan liderado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Estos resultados confirman el compromiso del sector y el éxito de la colaboración público-privada.