Debate en Castilla y León por el cambio de criterio de los vaciados sanitarios en la tuberculosis bovina
El ganadero leonés Daniel Puerta, asentado en las montañas de Riaño, en concreto en la localidad de Lario, se acaba de convertir en el punto de partida de una polémica que parte de una premisa, la del sacrificio de toda una cabaña por un único caso de tuberculosis. Según informa Efe, a Daniel Puerta le detectaron una vaca infectada poco antes de Semana Santa, por lo que fue sacrificada, pero a primeros de mayo recibió la temida notificación del vaciado sanitario de las 140 vacas de su cabaña.
El Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina establece el sacrificio obligatorio de los animales positivos y los considerados como tales por la autoridad competente, todo ello matizado por la prevalencia de la enfermedad existente en esa comunidad y otras variables que son estudiadas en cada caso, sin que a lo largo de los últimos años se haya generalizado este sacrificio preventivo, sino que los técnicos optan por el seguimiento más exhaustivo de la ganadería afectada. Estas prácticas, desarrolladas en Castilla y León por técnicos de la Junta con financiación europea, han supuesto que la región haya reducido de forma sustancial la prevalencia de la enfermedad en su cabaña bovina, al pasar del 5,10% en 2002 al 1,34% del último dato conocido, correspondiente a 2021.
La peor situación de la comunidad se presenta en la provincia de Salamanca, con una prevalencia (2,53%) que ha aumentado en los últimos dos años y que preocupa al tratarse de la zona con más ganadería bovina de la región, mientras que en otras provincias la situación está más controlada y están cerca de erradicar la enfermedad, que es el objetivo comunitario de cara a 2030, aunque para Castilla y León se planteaba que era factible para 2023.
El cambio de criterio ha coincidido con la llegada de Vox a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con Gerardo Dueñas a la cabeza, quien ha reconocido en su reciente comparecencia ante las Cortes de Castilla y León que la situación en la provincia de Salamanca tiene a los integrantes de su equipo “enormemente preocupados” por la extensión del foco que antes se localizaba en una comarca, aunque el problema también afecta a otros territorios como Segovia y Ávila. Sin embargo, en aquel mismo momento avanzó que lo que aplicará será un plan de “control” y no de erradicación, como el aplicado hasta ahora, lo que en la práctica se traduce en decisiones como las de Lario.
Precisamente el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), ha visitado recientemente al ganadero de Riaño para defender este cambio de criterio, convencido de que no van a “matar moscas a cañonazos” y de que las normativas de la UE y el Estado en esta materia son “imposiciones arbitrarias” contra las que propone aplicar la “proporcionalidad”, según explica en su perfil de Twitter. En un vídeo, conversa con el ganadero y argumenta: “Hay 140 vacas, una está mal. ¿Hay que matar a las 140? No tiene ningún sentido. Hay que buscar alternativas que sean normales. A nosotros nos gusta ser coherentes, si decimos una cosa, hacerla, que no es tan difícil”.
Pero la oposición cuestiona este planteamiento por dos motivos. En primer lugar, no creen que los técnicos de la Consejería hayan tomado esa decisión por una orden política sino aplicando los métodos que se suelen seguir en otros casos precedentes. Por otro lado, porque esa sensación de laxitud en los protocolos se puede traducir tanto en la pérdida de ayudas europeas como en consecuencias negativas para el comercio exterior. En concreto, el portavoz socialista en esta materia, Juan Luis Cepa, considera que Vox está “jugando con fuego” al plantear un cambio de protocolos que ponen en riesgo el prestigio de la ganadería de esta comunidad, mientras que el exvicepresidente de la Junta y actual procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, alerta del “despropósito” que suponen estos planteamientos.
Preocupación del sindicato veterinario
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal) manifiesta su preocupación ante el nuevo enfoque de la Junta de Castilla y León al saneamiento ganadero y cambios de protocolos ante la tuberculosis bovina, ya que en su opinión puede suponer un problema para el comercio de animales vivos al exterior. Recuerda que la normativa vigente sí trata esta enfermedad animal como un problema de salud pública y vincula su erradicación con la salvaguarda del comercio de animales vivos y sus productos, ya que si se extiende la idea de menores controles y protocolos más laxos puede suponer un “riesgo” para la viabilidad de las explotaciones ganaderas.
“Le hace un flaco favor al sector bovino de Castilla y León, que hasta la fecha era mirado con envidia por otras comunidades autónomas”, inciden los representantes de Sivecal, que destaca que precisamente en el organigrama de la Consejería falta por designar a la persona que tendrá que lidiar con este planteamiento, al frente de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera. “Quizá la dificultad para nombrar al nuevo director general resida en la imposibilidad de poner al frente a alguien que se pliegue, en la aplicación de la normativa sanitaria, a los caprichos de este equipo que gobierna la Consejería”, resume el sindicato.
