El sector cárnico exige eficiencia en el funcionamiento de la cadena de valor del porcino

Según los datos publicados por el Departament de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, las materias primas que se utilizan para la alimentación animal, como la soja o el maíz, han sufrido últimamente unos aumentos muy significativos, habiéndose llegado a situar el precio del pienso de engorde en los 322 euros/t, lo que significa que este producto ha registrado desde principios de año un incremento del 34,7%. La alimentación animal supone entre el 55 y el 60% del coste de producción del engorde del cerdo. Es decir, uno de los factores de coste de producción del porcino se ha incrementado prácticamente el 35%, mientras que el resto de factores que suponen la otra mitad de este coste no ha seguido el mismo comportamiento e incluso algunos especialmente significativos han disminuido durante este año.

A la vista de esta situación y ante la negativa de la gran distribución a trasladar los precios de los productos a los consumidores y, en particular los cárnicos, el secretario general de FECIC, Josep Collado, ha manifestado: “Hay que instar a la Generalitat para que mediante el Código de Buenas Prácticas, puesto en marcha por el Departament de Agricultura, se garantice la translación de los costes a lo largo de la cadena de porcino, para evitar así la posición dominante de la gran distribución en esta materia”. Este código se creó con el objetivo de mejorar las relaciones entre los diferentes tipos de operadores en toda la cadena de valor mediante el establecimiento de un marco de referencia contractual y “es por eso que ahora se puede demostrar su valor o su total ineficacia como herramienta de utilidad sectorial”, añadió Collado.

Así lo ha hecho saber en un escrito dirigido a miembros del Parlamento Europeo, de organizaciones agrícolas y de representantes de la distribución, donde la CLITRAVI ha denunciado esta situación, que imposibilita la translación de los incrementos de los costes. También denuncia esta situación el informe Consumers Internacional, que en sus conclusiones evidencia la posición dominante de la distribución en relación a los fabricantes, pero también frente a los consumidores, y de los efectos negativos que supone sobre los dos colectivos esta situación abusiva.

Es precisamente en esta línea que el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el anteproyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.