Los sistemas de gestión alertan de los 'contras' de la futura ley de residuos

El grupo está integrado por Ecoembes, Ecoasimelec, Ecopilas, Ecofimática, Ecolum, ERP España, Sigaus, Sigfito, Signus, Sigre y Tragamóvil, cuyas empresas adheridas representan alrededor del 13% del PIB nacional. En un manifiesto, estos sistemas integrados de gestión (SIG) consideran que de aprobarse el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados propuesto por el Gobierno, el actual sistema de reciclado en España podría estar en “peligro”. Según estos SIG, el “innecesario cambio en el régimen jurídico e institucional propuesto por la Ley para los Sistemas Integrados de Gestión dificultará su estructura organizativa y de funcionamiento, pudiendo provocar a corto y medio plazo, en algunos casos, la interrupción de la financiación que aportan las empresas adheridas para la gestión medioambiental de los diversos residuos, e implicará un grave incumplimiento de los objetivos de separación y reciclaje fijados por la normativa vigente”.

El nuevo proyecto de ley, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, restará eficacia —según los sistemas integrados de gestión— a los actuales sistemas de reciclado y supondrá un importante retroceso de los objetivos de recuperación y reciclado alcanzados en España. Este posible deterioro se produciría en un momento en el que, “gracias a la concienciación y colaboración ciudadana, España se encuentra en el grupo de los países punteros de la Unión Europea en materia de reciclado”.

Gestores que van de la recogida de envases a la gestión de neumáticos usados

Sistemas integrados de gestión responsables de la recogida y tratamiento ambiental de envases, de aparatos eléctricos, electrónicos y luminarias, de pilas y baterías, de los envases y restos de medicamentos, de aceites usados, de los envases de productos fitosanitarios y de neumáticos usados, han expresado conjuntamente su preocupación por un posible retroceso medioambiental.

Respecto al traslado de residuos entre las comunidades autónomas, según estas organizaciones se establecen barreras injustificadas que "provocarán necesariamente actuaciones ineficaces y un encarecimiento del proceso en numerosas ocasiones, lo que se traducirá en la falta de eficacia en la recogida y el tratamiento medioambiental de estos residuos y un mayor coste medioambiental, repercutido a los usuarios".

El manifiesto añade que lejos de estar en línea con la simplificación administrativa exigida en la Unión Europea, y de reciente regulación en España, la nueva legislación "obligará a tramitar de nuevo o renovar las autorizaciones ya obtenidas por los sistemas integrados de gestión, a través de un complejo procedimiento de intervención de cada una de las autoridades medioambientales competentes".

Por todo ello, los SIG hacen un llamamiento a los representantes de los grupos políticos en el Parlamento para que modifiquen “los artículos a los que se hace referencia, garantizando así los resultados medioambientales que con tanto esfuerzo han conseguido entre todos: ciudadanos, empresas y administraciones”.

"No se puede olvidar —concluyen— que las consecuencias medioambientales, jurídicas, sociales y laborales de esta nueva medida puede afectar la gestión de más de 6,6 millones de toneladas de residuos generados anualmente en más de 700.000 puntos de recogida. Una tarea que, además, da empleo en nuestro país a unas 35.000 personas".