APPA Renovables reclama la modificación en las cortes del Real Decreto-ley 17/2021

La medida de la minoración de retribución que recoge el Real Decreto-ley 17/2021 implica, con su redacción actual, un efecto retroactivo implícito sobre cientos de instalaciones renovables que, desde el 16 de septiembre, afectará gravemente a su viabilidad. El impacto que la norma tendrá sobre numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos con coberturas de precios y contratos de compra venta de energía (PPAs) hará que los propietarios o las contrapartes del contrato pierdan dinero con cada MWh inyectado en la red. En un caso típico, las instalaciones renovables afectadas tendrán que vender a pérdidas (por minoraciones que pueden superar los 100 €/MWh), lo que podría llevar a los propietarios a tomar la decisión de paralizar temporalmente su actividad o denunciar los contratos, algo que podría incrementar aún más el precio del pool.

En un entorno de precios del gas y del CO₂ disparados, el mercado eléctrico está rompiendo récords de forma ininterrumpida. La comparación con el año precedente, demagógica al ser uno de los años con precios más bajos en el pool, ha causado una comprensible preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, una de las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros y que ha sido publicada en el BOE dentro del Real Decreto-ley 17/2021 podría provocar graves perjuicios tanto al sector renovable como a la economía nacional. Por ello, desde APPA Renovables se reclama la modificación de la norma, algo que podría realizarse si se tramitase como Proyecto de Ley en las cortes, en vez de ser ratificado directamente.

Los distintos Gobiernos de la última década, y el último en particular, han animado al sector renovable a evolucionar desde el sistema de retribución regulado a una comercialización directa de los proyectos a mercado o mediante la firma de contratos PPAs físicos o financieros. La competitividad de las tecnologías ha animado a ello, especialmente en eólica y fotovoltaica. Sin embargo, aunque las plantas acuden a mercado con toda su producción, es práctica habitual contratar coberturas de precios y establecer contratos de compraventa de energía (PPAs físicos o financieros). Precisamente esta electricidad negociada a plazo (en el entorno de los 40-50 €/MWh para este año) es la que permite a las comercializadoras ofrecer a sus clientes domésticos e industriales en el mercado libre, fuera del PVPC, precios controlados y no sujetos a la volatilidad del mercado mayorista.

La inmensa mayoría de la producción eléctrica de estas instalaciones que no están sujetos a régimen retributivo aseguran con coberturas sus precios, dadas las exigencias tanto de entidades financieras como de sus inversores (en la mayoría de los casos las coberturas superan el 80-90% de la producción). Al entrar en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocados a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el período de vigencia de la norma.

En el caso de que la minoración de ingresos prevista en el RDL 17/2021 fuera superior a su cobertura, algo que se cumplirá durante todo el período en el actual escenario de precios, se dará la paradoja de que un proyecto que haya ido a mercado con una cobertura para minimizar sus riesgos, perderá dinero (más de 100 €) con cada MWh vertido a la red. Esto no solo genera un grave efecto retroactivo implícito sobre contratos firmados que llevaría a judicializar el sector, tanto entre empresas (para dilucidar según los contratos quién debe asumir las pérdidas) como contra el Gobierno, sino incluso a la paralización, por el tiempo que duren estas medidas, de numerosas instalaciones renovables a lo largo de la geografía española.

Esta paralización de proyectos renovables, que se realizaría para no tener que incurrir en las importantes pérdidas antes explicadas, conllevaría una menor oferta y, por tanto, una previsible subida adicional del pool eléctrico como consecuencia directa.

Ejemplo práctico: Parque eólico que no tiene un marco retributivo y vende su producción en el mercado.

Este tipo de proyectos suelen tener del orden del 90% de su producción ya asegurada mediante coberturas y/o contratos a plazo. Si las coberturas se cerraron en el entorno de los 40 €/MWh, algo habitual por los precios que el año pasado marcaban los mercados a futuro y el mercado se mantiene en los 180 €/MWh, como consecuencia de una cotización del gas elevada, se produce una minoración de retribución según el RD-ley 17/2021…

…y la instalación estará obliga a a devolver más de 100 €/MWh. Lo que le produce unas ventas negativas.

Desde el sector se entiende que este efecto no era el buscado por el Gobierno, que ha realizado un importante esfuerzo en los últimos años por acelerar la transición a una economía más baja en carbono, con mayor presencia de renovables y con menores costes energéticos gracias a la competitividad alcanzada por las energías limpias.

Por ello, desde APPA Renovables se reclama la tramitación de la norma como Proyecto de Ley en las cortes para poder modificar los aspectos más lesivos para los proyectos y salvaguardar la seguridad jurídica, fundamental para la obtención de los más de 100.000 millones de euros en inversiones necesarios para acometer la Transición Energética.

Adicionalmente, la Asociación de Empresas de Energías Renovables muestra su profunda preocupación por la vinculación de la minoración de ingresos al mercado del gas y, en particular, al MIBGAS, un mercado con poca liquidez, muy volátil y con precios actualmente al alza, lo que hace aún más impredecible el comportamiento de nuestro mercado eléctrico.