La demanda de biocarburantes en España resulta insuficiente para absorber la creciente producción nacional
11 de abril de 2007
Con el fin de revertir esta tendencia y poder cumplir el objetivo del 5,75% de biocarburantes fijado para 2010 en el Plan de Energías Renovables (PER), APPA considera indispensable y sumamente urgente, y así se lo ha propuesto al Gobierno, la implementación en España de un sistema de obligación de biocarburantes que permita incrementar su consumo, que en 2006 tan sólo representó el 0,53% del mercado nacional de gasolinas y gasóleo para el transporte. APPA Biocarburantes considera necesario que esta obligación se inicie en 2008 con un objetivo mínimo del 4,25% tanto para bioetanol como para biodiésel.
La producción de biocarburantes en España se situó en 2006 en 445.577 toneladas (t), de las que un 72% correspondieron a bioetanol (321.000 t) y el resto a biodiésel (124.577 t). Esta cifra total de producción es un 44% superior a la alcanzada el año anterior. Al cierre del pasado ejercicio estaban en funcionamiento en España un total de 16 plantas de producción de biocarburantes, de las que 12 son de biodiésel y cuatro de bioetanol.
“Este modelo de negocio, crecientemente dependiente de los mercados exteriores, no es sostenible en el tiempo”, asegura Roderic Miralles, presidente de APPA Biocarburantes, “ya que, por un lado, muchos de nuestros mercados externos como, por ejemplo, el alemán, van a dejar en breve de ser capaces de absorber como hasta ahora una parte de la producción española y, por otro lado, ésta última aumentará considerablemente en los próximos meses y años”.
En términos energéticos, las ventas nacionales de bioetanol procedentes de las plantas españolas representaron una cuota de mercado del 1,57% del conjunto de la gasolina de automoción consumida en España en 2006 (7.248.856 toneladas equivalentes de petróleo (tep)). En relación a la totalidad del gasóleo de automoción comercializado en ese mismo período (24.615.223 tep), las ventas de biodiésel procedentes de las plantas españolas alcanzaron tan sólo una cuota de mercado del 0,23%.
Ante esta situación y para impulsar de manera decidida la demanda doméstica de biocarburantes, APPA Biocarburantes considera urgente la aprobación legal en España de una obligación de biocarburantes, tal como recomienda la Comisión Europea y como ya han hecho o prevén hacerlo nueve Estados miembros de la Unión Europea.
Mediante una obligación de este tipo los operadores petrolíferos deberán poner en el mercado cada año un porcentaje creciente de biocarburantes. APPA defiende, y así lo ha propuesto al Ministerio de Industria, que esta obligación se inicie en 2008 en un nivel del 4,25% aplicable separadamente y en paralelo tanto en favor del biodiésel como del bioetanol en relación al gasóleo y a la gasolina, respectivamente. Este porcentaje debería ir ascendiendo cada año hasta llegar al 5,75% en 2010 y al 10% en 2015.
“La industria española está en condiciones de producir bioetanol y biodiésel en cantidades suficientes para cumplir los objetivos que proponemos a partir de 2008”, afirma Roderic Miralles. Sólo la capacidad de producción ya instalada a finales de 2006 en España –441.000 toneladas de bioetanol y 244.000 toneladas de biodiésel– permitiría ya cubrir el 1,57% del consumo de carburantes fósiles, en términos energéticos. “Si sumamos a esta capacidad ya instalada las nuevas plantas de biodiésel y bioetanol que van a entrar en funcionamiento en España entre 2007 y 2010 podemos cubrir perfectamente con producción nacional los objetivos propuestos”, asegura Miralles.
APPA Biocarburantes considera, además, que esta obligación de biocarburantes sólo será realmente efectiva si sus elementos, incluidos los objetivos porcentuales, están bien diseñados y se ven complementados con otra serie de medidas regulatorias de naturaleza fiscal, agrícola y administrativa en favor de los biocarburantes que APPA ya ha propuesto al Gobierno como, por ejemplo, la extensión del actual incentivo fiscal a favor de los biocarburantes por un período de al menos diez años desde la puesta en marcha de cada instalación, tal y como recoge el PER.