Freshuelva destaca la calidad de las frutas onubenses y rechaza el aumento de controles en Francia

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (Freshuelva) ha mostrado su rechazo al aumento de los controles a las frutas provenientes de España por parte de Francia, un anuncio realizado por el ministro galo de Agricultura, Bruno Le Maire, a la vez que ha puesto de manifiesto la calidad y fiabilidad de la fruta onubense, que cumple rigurosas normas de calidad, tanto en el campo como en las centrales, así como las que imponen sus destinos.

El gerente de la asociación, Rafael Domínguez Guillén, ha recordado que fresas, frambuesas, moras y arándanos cumplen una serie de protocolos y buenas prácticas que “no dejan lugar alguno para la duda sobre la calidad y efectos saludables de estas frutas”. A esto ha añadido que el 82 por ciento del cultivo de fresas está acogido a la Producción Integrada, una norma de calidad de la Junta de Andalucía; así como que el 90 por ciento de las empresas está acreditada por GlobalGAP, un protocolo a nivel mundial que exigen las principales cadenas de distribución del mundo.

Las empresas asociadas realizan más de 5.000 análisis durante toda la campaña “para comprobar que se cumple rigurosamente con lo exigido”. A los controles en el campo se suman los realizados en las centrales, donde se han ido implantando rigurosos protocolos de calidad, tanto de trazabilidad, que da a conocer al consumidor el origen del producto y las diferentes etapas por las que pasa hasta llegar al cliente final, como IFS, una norma que nació de grandes empresas de distribución alemanas y francesas, a las que se han sumado las italianas, y el BRC, impuesta por el mercado inglés.

Por ello, el sector rechaza las declaraciones del Gobierno galo, que anuncia más controles a la importación desde España, y muestra su preocupación al ser Francia el segundo destino de la fresa de Huelva, donde llega cada campaña el 25 por ciento de la producción.

El gerente de Freshuelva ha pedido que se garantice “la libre circulación de productos en la Unión Europea, ya que se adaptan perfectamente a lo que dicta la legislación” y ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Marm) su intervención en defensa del sector agroalimentario español.