Reconversión en el campo: pymes y autónomos frente a grandes empresas y asalariados

El modelo de producción tradicional, con predominio de pymes y agricultores autónomos, vive en los últimos años un proceso de transformación que conlleva la concentración de la producción y el auge de grandes empresas e incluso de fondos de capital riesgo. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha elaborado un estudio sobre la "uberización del campo".

“Debemos decidir si queremos una agricultura con agricultores en el marco de una economía social agraria o una agricultura con empresas y empleados en el campo”. Es una de las conclusiones del primer estudio realizado en España sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura, elaborado por los Servicios Técnicos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

A este proceso lo llaman “uberización” y advierten de su extensión al campo después de ser ya una realidad en otros sectores porque “convertiría a profesionales autónomos e independientes en asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias”. Según su estimación se podrían ver afectados los 344.000 agricultores más profesionalizados, que pasarían a ser “el nuevo precariado”, dijo el secretario general de COAG, Miguel Blanco, “las ‘pymes del agro’, el verdadero pulmón económico y social del medio rural y dique de contención contra la despoblación y la desertización en centenares de comarcas”, añadió.

El estudio pone de relieve la paradoja que supone el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad, la pérdida de población activa en el medio rural y la ausencia de relevo generacional frente a las cifras macroeconómicas que ofrece el sector agrario, que cerró 2018 con una renta agraria récord de 30.217 M€, con tendencia creciente desde 2012, y unas exportaciones agroalimentarias que han crecido un 97,5% en los últimos 10 años. “Pero los agricultores nos encontramos en una situación crítica”, puntualizó Blanco.

Un ejemplo de este panorama se observa en el sector de frutas y hortalizas, uno de los más pujantes de la agricultura española: mientras que en 2007 había una superficie de 1.462.000 ha con 215.000 como titulares de explotaciones, en 2016 para un área en producción aún mayor, 1.594.000 ha, hay 172.000 titulares. Es decir, en 10 años mientras el sector había perdido un 20% de activos, la superficie había crecido en más de 130.000 ha, un 9%. “La agricultura tiene futuro, pero no tienen futuro los agricultores. Puede haber agricultura sin agricultores”, lamentó Blanco.

Y aportó más datos para incidir en esta advertencia. “Según la Encuesta de Población Activa (2017) en la agricultura española había 306.000 trabajadores por cuenta propia, únicamente 20.000 son ayudas familiares, mientras que asalariados ocupados teníamos 513.000 trabajadores (más 200.000 parados). La explotación familiar tradicional ha desaparecido prácticamente”.

El estudio denuncia que en los últimos años se ha acelerado e incrementado la llegada de fondos de inversión, debido a cuestiones estructurales, como por ejemplo la política europea de inyecciones de liquidez y bajos tipos de interés que conduce a una mayor disponibilidad de recursos financieros para la inversión. Pero, sobre todo, las perspectivas de crecimiento de población y de necesidad de alimentos, con recursos productivos cada vez más escasos, muestran un potencial de rentabilidad indiscutible y el valor estratégico de las empresas agrarias. “El valor de lo que producimos no llega a los productores”, asegura Blanco.

Alerta también sobre la especulación y deslocalización que pueden traer consigo los fondos de inversión, lo que pone el riesgo el futuro a largo plazo de las propias empresas y, con ello, de los agricultores que dependen de ellas, dado que buscan un retorno económico en un plazo muy concreto y no tienen problemas en abandonar el negocio, al carecer de arraigo sectorial o territorial, con el consiguiente impacto en la economía de la zona. “Los grandes inversores no crean tejido social, no original población, agravarán el problema de la España Vaciada”, opna el secretario general de COAG.

Esta situación deriva en procesos de integración toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que llega al consumidor. Los agricultores se pueden ver inmersos en el proceso de alineación de intereses de la cadena. “El modelo profesional está en peligro, los agricultores pueden convertirse en meros maquileros uberizados, con riesgo además de ser automatizados y sustituidos por robótica”. Un ejemplo de concentración de poder lo representa la multinacional Bayer Monsanto, que factura más que el valor de la producción agraria española, destacaron los responsables de COAG.

El nuevo escenario que se les dibuja a los agricultores, dentro de las cadenas de valor integradas, es cuando menos delicado, porque quedan en una posición que les lleva a asumir el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra. Tienen contratos de compraventa a largo plazo y reciben asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir —previo pago del royalty correspondiente— las variedades de los productos agrícolas que son propiedad de las integradoras. Los costes son elevados, ya que se busca un producto de calidad, mientras que los precios que se pagan al productor cubren los costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada.

El estudio completo puede descargarse aquí.

En definitiva, según el estudio, la integración puede presentar beneficios, pero también riesgos. La integradora asegura una rentabilidad en tanto en cuanto tenga voluntad de hacerlo, pero la supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora.

Pero, ¿qué herramientas tiene el sector agrícola para tratar de corregir esta situación? El trabajo subraya el papel de la digitalización agraria, que puede ofrecer grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para el modelo actual. En COAG, impulsora de un evento como Datagri, enfocado precisamente en esta cuestión, tienen claro que cuando se habla de transformación digital, hay que situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo. “Si no ponemos en valor el papel de relevancia que tenemos en este cambio, tomando conciencia de que ahora no sólo produciremos alimentos sino también datos —que tienen mucho valor— corremos el riesgo de que este tsunami acabe con el modelo de producción familiar y profesional. Apostamos por una transformación digitalización inclusiva y democrática”.

Uva de mesa. En 2010, la Comunidad Valenciana dominaba el 46% de la producción, seguida por Murcia con el 31% y Andalucía con el 18%. Ocho años después, Murcia representa el 66% en toneladas producidas y el 68% de las exportaciones nacionales, con unos fuertes incrementos en los últimos años. En esta región, el dominio de la comercialización se produce por tres grandes empresas: Moyca Grapes, El Ciruelo y Frutas Esther, que acaparan alrededor del 85% de la uva.

Según se dice en el informe el fondo de capital riesgo ProaACapital, una de las grandes gestoras de fondos en España y que administra activos por más de 600 M€, entró en el accionariado de Moyca Grapes en 2017. El Ciruelo también opera en base a un modelo prácticamente de integración con sus agricultores proveedores. La compañía tiene dos centrales de acondicionamiento y el pasado mes de mayo cerró la compra de la brasileña Labrunier, junto con su comercializadora Bravis y otras filiales, lo que le dará acceso a mercados como el de EEUU, entre otros. Por su parte, también este año se conoció que el fondo de inversión Miura Private Equity, especializado en pymes españolas, entró en el accionariado de esta empresa con 1.500 trabajadores y reconocida como OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas).

“El modelo de integración, similar al que caracteriza al sector porcino, crece a pasos agigantados en Murcia, a lo que se suma la entrada de capital externo. El número de agricultores dedicados a la uva de mesa ha caído de forma importante en una reestructuración prolongada y profunda, que ha cambiado la radiografía de las principales zonas de producción de Murcia”, resumen desde COAG.

Vacuno de leche. Aquí las cifras pueden llamarán la atención de muchos y derribarán ciertos estereotipos. Y es que este sector lleva décadas inmerso en un proceso de reestructuración que ha supuesto una drástica reducción del número de explotaciones, al pasar de 250.000 en 1998 a las 14.776 en enero de 2019.

La media nacional de vacas lecheras por explotación es de 57, con fuertes diferencias entre las Comunidades. Mientras Galicia o Asturias cuentan con 44 y 32 cabezas, respectivamente, en Navarra, Aragón, Murcia o Valencia se disparan hasta 163, 213, 243 y 284, respectivamente. El proceso de reestructuración o concentración está en marcha y se producirá más leche, pero con menos explotaciones.

Un ejemplo de este proceso es la Sociedad Cooperativa Limitada Valle de Odieta, que en 2010 instaló en Caparroso (Navarra) un centro lácteo con 4.800 vacas adultas (4.300 en producción) con una producción de 60.000 toneladas de leche al año. Esta misma sociedad registró en 2018 un proyecto técnico para la construcción y puesta en funcionamiento en Noviercas (Soria), de una macrogranja con 23.520 animales, que multiplicarían por 250 la actual media por explotación en Castilla y León.

En estudio de COAG indica que “el diseño y concesión de subvenciones y la modificación de la normativa en el sector suponen claras apuestas políticas, que han favorecido un cambio en el modelo de producción en el lácteo español”.

Cadena agroalimentaria. Esteban Hernández lo dice en su libro ‘El tiempo pervertido. Derecha e izquierda en el siglo XXI’. “Cuando una empresa de distribución adquiere el tamaño y el poder convenientes son capaces de reordenar las propias cadenas de valor” Se trata de un modelo en el que los márgenes, en principio asegurados, son cortos y se genera beneficio gracias al enorme volumen de facturación.

El Grupo Alimentario Citrus (GAC) puede situarse como ejemplo de empresa relevante en su sector (hortícola), que da pasos crecientes para liderarlo al amparo de un coloso de la distribución comercial, en este caso Mercadona. Cerró 2018 con una facturación de 308 M€, 2.300 empleados y diez plantas de producción encuadrados en tres unidades de negocio: procesado agrícola, IV gama (ensaladas y vegetales listos para consumir o cocinar) y transformados.

El trabajo de COAG señala que “asistimos a la configuración de cadenas de valor integradas desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que llega al consumidor” y advierte de que “en el medio de la cadena, frente a este doble embudo tendente hacia un modelo de oligopolios, se sitúan los agricultores”.

Porcino. Otro sector donde la reducción de granjas se ha concentrado en las explotaciones pequeñas, mientras las de mayor tamaño han aumentado, especialmente las más grandes.

Es un modelo de producción muy distinto al predominante en el resto de países de la UE, donde la producción gira sobre el ganadero independiente o bien, el adscrito a una cooperativa. En el caso español se ha desarrollado el modelo de integración, que comprende el 75% de la producción, quedando para el ganadero independiente el 10% y para las cooperativas el 15%, aproximadamente. El liderazgo de la empresa integradora, que a su vez es la propietaria de los animales y se encarga de proporcionar todos los insumos y servicios necesarios para su crianza y es la que asume el riesgo relacionado con el precio de los piensos y la venta de los animales.

El ganadero integrado se encarga de poner las instalaciones y cuidar de los animales, para lo que aporta mano de obra y realiza la gestión de los purines. Además, asume los costes energéticos, de recogida de cadáveres, medioambientales y reparación y mantenimiento.

España es el cuarto productor mundial de carne de cerdo con 52,4 millones de animales sacrificados y 4,52 millones de toneladas de carne producida. Es el segundo sector en producción final agraria, después de las frutas y hortalizas, con una producción de casi 7.500 millones € (14% del total). Tiene una gran fuerza exportadora, ya que el grado de autoabastecimiento llega al 170%.

El Real Decreto 324/2000 es la normativa básica de ordenación de las explotaciones porcinas que establece un tamaño máximo de explotación y unas distancias mínimas entre explotaciones (actualmente en las últimas fases de tramitación de un nuevo Real Decreto). Precisamente en esta línea, el estudio de COAG considera “necesario romper con la dispersión de las normativas relacionadas y unificarlas en una sola que ampare y regule el sistema de integración”.