2025: el año para priorizar la seguridad contra incendios en España

Aunque los incendios afectan a muchas áreas, uno de los riesgos más alarmantes sigue siendo la rápida propagación del fuego a través de las fachadas de los edificios. El trágico incendio en el edificio de Campanar, en Valencia, hace un año, es un claro ejemplo de cómo las llamas pueden extenderse de forma rápida y peligrosa. Pero no es el único suceso. En las últimas tres décadas, los incendios en fachadas de grandes edificios se han multiplicado por siete, y la propagación del fuego dentro de los edificios es ahora seis veces más rápida que en 1950.

Si queremos evitar que estas cifras sigan aumentando, es fundamental dar un paso al frente y abordar de manera integral la seguridad contra incendios en nuestras ciudades. 2025 debe convertirse en el año en el que hagamos de esta cuestión una prioridad nacional. Para lograrlo, es importante que la normativa de edificación incluya medidas que limiten la propagación de los incendios en las fachadas de las viviendas y, para ello, la no combustibilidad de los componentes y sistemas empleados es la clave.

Desde el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendios, respaldados por nuestro Manifiesto por un cambio regulatorio para la protección contra el fuego en edificios en España —que ha sido avalado por 17 entidades de los sectores de la ingeniería, bomberos, seguros, edificación y seguridad pasiva y activa— reclamamos un cambio regulatorio urgente. Este cambio debe garantizar que los materiales combustibles dejen de utilizarse en las fachadas de edificios residenciales y de alta ocupación y que se refuercen las normativas para asegurar que los materiales incombustibles sean el estándar en toda nueva construcción o rehabilitación.

Pero más allá del cambio normativo, también es crucial avanzar en otras medidas que complementen este esfuerzo: la inclusión de la seguridad contra incendios en las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) y la adaptación de las rehabilitaciones de viviendas para que incluyan criterios de protección frente a incendios.

El Código Técnico de la Edificación (CTE), que regula la seguridad y calidad en las construcciones, aún permite el uso de materiales combustibles en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), cámaras ventiladas y otras estructuras de fachada. Esto, en un contexto de aumento de las rehabilitaciones energéticas, representa un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

La experiencia internacional demuestra que los materiales combustibles son un factor determinante en la propagación de incendios. Incendios como el de la Torre Grenfell, en Londres, evidencian la devastación que puede causar el fuego cuando encuentra materiales inflamables en las fachadas. En países como Alemania, Francia y Reino Unido ya se han implementado restricciones estrictas para garantizar que las fachadas de los edificios sean incombustibles. España no puede quedarse atrás.

La modificación del CTE debe ser una prioridad nacional. Prohibir el uso de componentes y sistemas combustibles en fachadas, especialmente en edificios de gran altura, de alta ocupación o con dificultades de evacuación, es una medida indispensable para prevenir tragedias futuras.

Desde el OBS reclaman un cambio regulatorio urgente para garantizar que los materiales combustibles dejen de utilizarse en las fachadas de edificios residenciales y de alta ocupación.

En paralelo, otra de las medidas eficaces para mejorar la seguridad frente al fuego es la introducción de una evaluación específica de los riesgos de incendio en las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), diseñadas originalmente para evaluar el estado estructural y de conservación de los edificios. Incluir la seguridad contra incendios en las ITE permitiría identificar problemas antes de que se conviertan en tragedias.

Conviene recordar que, en España, el parque inmobiliario presenta una antigüedad media de 45 años, lo que refleja su envejecimiento y la necesidad urgente de intervenciones. Más de 9 millones de edificios requieren rehabilitaciones para cumplir con los estándares de eficiencia energética establecidos por la Unión Europea y garantizar un aislamiento efectivo frente a las temperaturas extremas. No obstante, estas actuaciones, que a menudo incluyen la instalación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), pueden incrementar significativamente el riesgo de propagación de incendios si no se regulan de manera adecuada.

Esta transformación debe realizarse con responsabilidad. Los sistemas de aislamiento térmico como los SATE son una solución eficiente desde el punto de vista energético, pero cuando se utilizan materiales combustibles, el riesgo de propagación de incendios se dispara. El problema radica en que el Código Técnico de la Edificación (CTE) no impone restricciones suficientes al uso de materiales combustibles en las fachadas, en las cámaras ventiladas o en los SATE de edificios de gran altura. Además, la normativa actual tampoco contempla condiciones especiales para edificios especialmente sensibles, como hospitales, colegios, residencias de mayores o edificios de alta ocupación.

En este marco, la rehabilitación se convierte en una oportunidad para reforzar la seguridad contra incendios, incorporando materiales no combustibles que limiten la propagación del fuego, e incluso adoptando otras medidas como la instalación de barreras cortafuegos en las fachadas ventiladas o SATE, o la actualización de las instalaciones eléctricas para adaptarlas a los estándares actuales.

2025 debe ser el año en el que España se comprometa de forma decidida con la seguridad contra incendios. Prohibir los materiales combustibles en fachadas, actualizar las ITE para incluir la dimensión de seguridad contra incendios y garantizar que las rehabilitaciones sean sostenibles y seguras son pasos imprescindibles para construir un futuro más resiliente.

Pero, además, el cambio necesario no es solo una cuestión técnica o normativa; es un desafío colectivo que requiere la implicación activa de todos los actores del sector. Las administraciones públicas deben liderar el cambio regulatorio, pero los arquitectos, ingenieros, constructores y ciudadanos también tienen un papel clave en la construcción de un entorno más seguro.

Las cifras no mienten: actuar ahora no solo salvará vidas, sino que también protegerá nuestro patrimonio y aumentará la confianza en nuestras infraestructuras. Desde el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendios seguiremos trabajando para impulsar este cambio, pero la responsabilidad es de todos. El momento de actuar es ahora.