Los retos del sector inmobiliario: Emisiones y eficiencia energética, pero también calidad de vida

A la luz de estos datos, es inevitable que los edificios lideren nuestro impacto ambiental, pero también es claro que el sector inmobiliario tiene en su mano la llave para liderar el camino hacia un futuro más sostenible, algo que nos beneficia a todos: países, instituciones, empresas e individuos.

Vivimos un auténtico “tsunami regulatorio”, un momento clave en el que la reducción del consumo energético y las emisiones de todas las actividades económicas se encuentran en el punto de mira de los legisladores a escala comunitaria y nacional.

La apuesta de la edificación pasa por implicar también a inversores e inquilinos, atendiendo sus demandas, que no solo afectan a las obligaciones legales medioambientales, sino también a otras buenas prácticas que conllevan la introducción de mejoras que beneficien la salud y el bienestar de los ocupantes de los inmuebles. Un valor añadido que ya se refleja en algunas de las nuevas regulaciones en marcha y del que cualquier ocupante desea beneficiarse, sin olvidar, además, que es un medio para revalorizar las propiedades inmobiliarias.

En el actual contexto comunitario, destacan cuatro normativas, en distintas fases de implantación pero de cumplimiento obligatorio para empresas radicadas en la UE, que supondrán un antes y un después en la sostenibilidad –medioambiental, económica y social- de nuestros lugares de trabajo y otros espacios cerrados de uso común. Estos cambios regulatorios no son un evento lejano, sino una realidad inminente que exige atención y acción por parte de los propietarios de edificios si quieren asegurarse de mantener el valor y la competitividad de sus propiedades.

La más relevante es la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), cuya primera versión data de 1993 y que fue revisada a finales del pasado año. Establece nuevos objetivos de eficiencia energética y emisiones, para edificios públicos y privados, que se incorporarán al ordenamiento español a través de modificaciones en el CTE y el RITE. Lo más llamativo es que, además, hace hincapié en la mejora de la calidad de vida de las personas, su salud y su bienestar.

Por poner algunos ejemplos, en 2028 todos los edificios de nueva planta de construcción privada deberán tener cero emisiones, mientras que en enero de 2029 los edificios ya existentes en el parque inmobiliario no residencial y residencial deberán alcanzar una eficiencia energética de clase D y E, respectivamente. Hablamos de plazos muy cortos, con un máximo de seis años vista.

Por lo que respecta a la Taxonomía Europea, clasifica las actividades económicas según sus sostenibilidad, como requisito para recibir inversión privada. Obliga, además, a divulgar el alineamiento de las actividades de cada empresa con la Taxonomía correspondiente. Dentro de solo un año, en 2025, se aplicará a compañías que cumplan al menos dos de estos tres criterios: tener más de 250 empleados, facturar más de 40M€ al año, o tener un balance superior a los 20M€.

La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), indica que las compañías que cumplan los criterios de Taxonomía deberán realizar un Informe de Sostenibilidad detallado. Los primeros verán la luz en 2025, con los datos de 2024 para empresas de más de 500 empleados, pero afectará incluso a pymes cotizadas, que deberán publicar su primer informe en 2026, con datos recopilados en 2025.

Finalmente, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) tiene como finalidad lograr que el perfil informativo de sostenibilidad de los fondos sea sencillo, veraz, detallado, comparable y comprensible para los inversores, una medida que aumentará la transparencia del sector financiero, pero también los requisitos de las empresas para obtener acceso a la financiación.

Todo este paquete legislativo que acabamos de exponer tiene un denominador común: un plazo reducido para mejorar las métricas de eficiencia energética, emisiones y sostenibilidad económica y social –incluido el bienestar de los ocupantes- de edificios y empresas.

Para mejorar estos datos, urge por tanto, la puesta en marcha de procesos de mejora y control que pasan, en primer lugar, por realizar un diagnóstico del actual estado del arte de cada edificio, vía commissioning como el que realizamos desde Grupo Aire Limpio. Esto permite identificar los aspectos que han quedado obsoletos en la propiedad y acometerlos.

Sin duda, las mejoras en el aislamiento, climatización y ergonomía interior de los edificios, y la implantación de sistemas de monitorización –como nuestro SMoCAI y el BMS Retrofit- formarán parte de las claves para alcanzar los hitos de manera progresiva. Y cuanto antes se acometan, más posibilidades habrá de que puedan adelantarse a sus competidores en el cumplimiento de la normativa.