El sector del agua urbana acrecienta su compromiso con el cambio climático y la economía circular y acredita ser clave para la recuperación

El pasado 10 de diciembre, el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, y el presidente institucional de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), Manuel Marchena, presentaron un año más, esta vez en un encuentro online con la prensa especializada del sector, los resultados del XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020 (AEAS-AGA).

Tal y como corroboran los datos y conclusiones del Estudio, el sector urbano del agua puede ser pieza clave dentro de la estrategia europea de salida de la crisis del COVID-19, basada en fomentar la economía circular, la transición ecológica, la digitalización y las nuevas tecnologías adaptadas, en lo que se ha venido a denominar el Green-Deal (Pacto Verde) europeo.

El sector de servicios de agua urbana −profesional y cualificado− tiene capacidad para movilizar con celeridad las inversiones que le sean asignadas. Muchas de las entidades y operadores, públicos o privados, tienen capacidad y solvencia para afrontar proyectos de corto, medio y largo plazo, incluyendo aquellos que requieren de complejos y eficientes modelos de alianzas, público-públicas y público-privadas.

El impulso del sector tendría como resultado apoyar una recuperación económica del país más justa y sostenible, generando actividades de alto valor añadido, a la vez que se contribuiría a crear empleo cualificado y de calidad, que se podría movilizar con celeridad.

En ese sentido, el sector urbano del agua ha realizado una serie de propuestas para materializar, en plazo, los Fondos Europeos en proyectos concretos del ciclo urbano del agua, que suman un total de 13.776 M€, y que están divididos según la siguiente clasificación: resiliencia de las ciudades, 5.735 M€; reutilización, 1.771 M€; mejora de la calidad de las masas de agua, 1.689 M€; eficacia en el uso del agua, 1.225 M€; técnicas de drenaje urbano sostenible (TDUS), 1.190 M€; economía circular, 1.037 M€; control y digitalización, 632 M€; energía renovable, 270 M€; desalación, 138 M€; y eficiencia energética, 89 M€. Estas propuestas buscan alinearse con los principios de la descarbonización del sector, la digitalización como herramienta para optimizar la gestión, el agua como vector condicionante del urbanismo y la ordenación del territorio en las poblaciones.

En esta edición 2020, la muestra del Estudio Nacional ha alcanzado los 33,88 millones de habitantes ─el 72,51% de la población española─ y los 1.795 municipios.

El documento, que ofrece datos consolidados del sector del agua urbana recogidos en el año 2018, traza una radiografía de estos servicios públicos básicos en España, donde el 68% del agua urbana es de uso doméstico, el 14% se dedica al consumo industrial y comercial y el 17% restante se asigna a otros usos, como pueden ser los municipales o institucionales.

Siguiendo con la línea marcada por la anterior edición, y ante el evidente y creciente interés e importancia por estos temas, el documento incluye indicadores relacionados con la estrategia europea sobre economía circular, así como sobre planes de gestión y mitigación en materia de lucha contra el cambio climático e impulso de la descarbonización.

La UE está en vías de cumplir su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y ha establecido legislación y medidas esenciales para alcanzar sus objetivos en materia de clima y energía para 2030. Además, Europa se ha puesto como objetivo, de aquí a 2050, ser el primer continente climáticamente neutro.

La acción por el clima está en el centro del Pacto Verde Europeo, presentado en diciembre de 2019, y sus primeras iniciativas son: la Ley Europea del Clima, que consagra en una ley el objetivo de neutralidad climática para 2050; y el Pacto Europeo sobre el Clima, que pretende que los ciudadanos y todas las partes de la sociedad se comprometan en la acción por el clima.

La preocupación por el cambio climático del sector se ve reflejada en la aplicación de diferentes técnicas implementadas por los servicios de agua urbana para minimizar, en lo posible, su huella de carbono. Asimismo, la Estrategia de Economía Circular impulsada por la Unión Europea tiene una aplicación directa en los operadores de abastecimiento y saneamiento.

En ese sentido, en España la media de consumo energético por cada 1.000 litros de agua se ha reducido ligeramente hasta los 0,95 KWh/m³.

El aprovechamiento energético producido por el sector o, lo que es lo mismo, la generación de energía verde y renovable por parte de los servicios de agua urbana ha subido respecto al anterior Estudio Nacional y se sitúa en torno a los 611 GWh/año, cifra equivalente a suministrar energía eléctrica durante un año a una población de unos 185.000 habitantes.

El 69% de los operadores de los servicios de agua urbana cuenta con dispositivos de aprovechamiento energético. Supone, en términos generales, el 49% del consumo total de energía del operador, del cual el 61% se destina a autoconsumo y el 39% se vierte a la red.

Las formas de aprovechamiento en el sector se centran en aprovechamientos de biogás en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y en el potencial hidroeléctrico de los caudales de agua empleados. Asimismo, estas dos fuentes son las mayores generadoras de energía para el conjunto de los operadores. También se incluye el aprovechamiento energético durante el proceso de secado de lodos.

Sube el porcentaje de operadores de los servicios de agua urbana que calcula su huella de carbono hasta el 69%. La emisión de CO₂ por parte de estas entidades es de 34,77 kg. de CO₂ equivalente por habitante y año. En España, la huella media per cápita es de 5.030 kg. de CO₂ equivalente al año. También se incremente el porcentaje de operadores que dispone de un plan para mitigar o compensar la emisión de CO₂, hasta el 67%.

En sintonía con la Estrategia de Economía Circular hay que destacar que, según los datos del Estudio, en España se reutilizaron 289 hm³, lo que supone un incremento del 8% respecto al anterior Estudio. Actualmente, la reutilización en España es un recurso que supone el 7,1% del agua suministrada y, también, del agua residual depurada. Las comunidades autónomas que generaron un mayor volumen de agua reutilizada fueron la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares.

El agua regenerada se destina a los siguientes usos: el 49% a la agricultura, el 28% al riego de jardines y zonas de ocio, el 12% a la industria, el 9% a la limpieza de alcantarillado y/o baldeo de calles, y el 2% a recarga de acuíferos.

Por lo que respecta a la producción anual de lodos de depuración, la cantidad asciende a un total de 1.057.453 toneladas de materia seca, de los cuales un 78% se destinan a agricultura (biosólidos), jardinería y silvicultura; un 15% a incineración o valoración energética; y un 7% se retiran a vertedero.

En cuanto al volumen de biogás producido en las EDAR, se produjeron 141 Nhm³/año. Este volumen de biogás tiene una capacidad calorífica media de 22.905 Kj/Nm³. La generación de gas se produce en aquellas ciudades dotadas de digestión anaerobia en sus EDAR.

Una vez más, los datos del Estudio reiteran que es indispensable acometer tanto la renovación de infraestructuras como la construcción de otras nuevas. La inversión prevista −tanto en presupuestos generales, como en el plan de recuperación europeo o los planes locales de inversión− continúa siendo insuficiente para aumentar la resiliencia de las infraestructuras del agua urbana acometiendo tanto su renovación como la construcción de otras nuevas necesarias, éstas últimas fundamentalmente en materia de saneamiento, si queremos alcanzar los objetivos medioambientales, mantener la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar los retos futuros como el cumplimiento de los ODS, la lucha contra el cambio climático y la protección de las siguientes generaciones.

Según datos del 'Estudio Necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en España' (AEAS-Cátedra Aquae de la UNED), actualmente en España la media anual de inversión real no alcanza el 50% de lo necesario. En ese sentido, el agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 M€ adicionales, hasta alcanzar los 4.900 M€/año, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar dichos retos futuros.

El importe anual total facturado al conjunto de los consumidores por el agua urbana en España asciende a 7.654 millones de euros, de los cuales, aproximadamente, un 51% corresponden a abastecimiento de agua, un 41% a saneamiento (28% depuración y 13% alcantarillado) y el 8% a otros conceptos, como por ejemplo a la conservación de contadores o acometidas.

España cuenta con unas 1.640 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que suministran un total anual de 4.057 hm³ a los depósitos urbanos y las redes de distribución. Además, disponemos de 29.305 depósitos de almacenamiento de agua.

La dotación de agua -el agua total que sale de los depósitos de distribución para el consumo- es de 237 litros por habitante y día para todos los usos, un 1,3% inferior al del anterior Estudio, cifra que ha ido descendiendo progresivamente desde el año 2007.

Respecto a las redes de distribución de agua, España cuenta con un total de 248.245 km. de red. Continúa un evidente envejecimiento de estas instalaciones, ya que su porcentaje de renovación disminuye hasta el 0,4%, un 0,2% menos que en el anterior Estudio.

De acuerdo con los datos del XVI Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2020, el volumen de agua no registrada (ANR) −incluye las pérdidas aparentes y reales del agua− es del 23%. Este indicador se mantiene casi constante en los últimos 6 años.

En cuanto al parque de contadores, hay 21,6 millones de contadores de agua de los cuales el 72% tiene una antigüedad inferior a los 10 años. En relación a la telelectura, se aprecia un aumento significativo de esta técnica en todos los estratos de población, situándose como media en el 16,4%. En áreas metropolitanas el porcentaje de telelectura se sitúa en el 19,2%.

Asimismo, se observa un progresivo envejecimiento de las redes de saneamiento, que actualmente suman 189.203 km. Su tasa de renovación es del 0,3%, un 0,1% inferior al anterior Estudio.

En nuevas infraestructuras el déficit de inversión se hace más evidente en el saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España continúe incumpliendo la Directiva 271/91 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

España cuenta con 2.232 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), que tratan un total de 4.066 hm³ de aguas residuales, unos 245 litros de agua depurada por habitante y día.

El consumo medio doméstico continúa su tendencia a la baja y pasa de los 132 a los 128 litros por habitante y día, entre los más bajos de Europa. El consumo doméstico diario en todos los rangos de población, salvo en áreas metropolitanas, es similar o ligeramente superior a la media nacional entre los 127 y 137 litros/hab./día. El menor consumo se produce en las áreas metropolitanas, reduciéndose hasta los 118 litros/hab./día.

Durante la crisis del COVID-19, el consumo general de agua de urbana ha disminuido notablemente, con picos de hasta el -8% mensual. El consumo en poblaciones turísticas ha llegado a disminuir hasta el -22%, en los meses más duros y restrictivos de la crisis.

Según los resultados arrojados por el reciente Estudio de Tarifas AEAS-AGA 2020, el precio medio del agua para uso doméstico en España se sitúa en 1,90 €/m³ (sin IVA). De esta cantidad, 1,06 €/m³ (el 56%) corresponden al servicio de abastecimiento y 0,83 €/m³ (el 44%) al servicio de saneamiento. En general, las tarifas se han contenido, como puede apreciarse en el incremento de tan solo un 0,4% anual en el servicio estable de abastecimiento doméstico. Con un céntimo de euro un ciudadano dispone de 5 litros de agua (abastecimiento y saneamiento). Estos precios están muy lejos de llegar a cubrir el coste de los servicios, en contra de las exigencias marcadas por la Directiva Marco del Agua. Se mantiene la heterogeneidad regional y local de las tarifas al no existir una armonización tarifaria ni un marco genérico nacional.

España tiene una de las tarifas de agua urbana –que engloba el uso doméstico, industrial y comercial− más bajas de Europa. A pesar de ser uno de los países europeos con mayor escasez en recursos hídricos, la incidencia de la factura del agua en el presupuesto familiar es, de media, del 0,9%, muy por debajo del 3% marcado por la ONU como cifra límite de asequibilidad del Derecho Humano al Agua, para abastecimiento. El límite de asequibilidad se eleva hasta el 5%, cuando se suman el abastecimiento y el saneamiento.

Esta situación contrasta con el gasto que realizamos en otros servicios o “utilities” como la electricidad, el gas o el teléfono. Así, nuestro esfuerzo se sitúa un -29% por debajo de la media europea en agua, frente a un +23% y un +25% por encima de la media en electricidad y telefonía, respectivamente. Se entiende como “esfuerzo” económico del ciudadano la relación entre lo que paga por el agua respecto a los ingresos que recibe (Consejo General de Economistas).

Por lo que cuesta un refresco pagamos el equivalente a dos días y medio de consumo en una vivienda de una familia de tres miembros. Con 1,90 euros se puede disponer del mismo volumen de agua que 1.000 botellas de agua de un litro compradas en un supermercado y que costarían unos 390 euros.

En España, las tarifas son muy heterogéneas en función de la localidad y no cubren todos los costes de los servicios de agua urbana, lo que está repercutiendo en el deterioro de las infraestructuras y la prestación de los servicios. La tarifa actual solo cubre, y no siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidad del agua y servicio.

El sector del agua considera necesario establecer una estructura tarifaria clara y transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones para actualizar el complejo patrimonio hídrico y mejorar las infraestructuras que permitan el óptimo servicio ciudadano.

En ese sentido, estima que debería producirse una subida escalonada tarifaria controlada y progresiva en los próximos 10 años, que llevaría a España a niveles similares a la media europea. Esto permitiría dar cumplimiento a los preceptos de la Directiva Marco del Agua que establece los principios de “recuperación de costes”, una “adecuada contribución del usuario” y de que “quien contamina paga”, y que siguen los países más avanzados del norte de Europa.

Asimismo, los cánones aplicados al agua deben ser transparentes y finalistas, destinados a mejorar el servicio, sobre todo para la depuración de las aguas residuales. A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años dotándonos de un gran parque de depuradoras, seguimos sin cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea.

El 74,4% del agua captada para abastecimientos corresponde a aguas superficiales, el 16,7% a aguas subterráneas y de manantiales, y el 8,9% restante a aguas desaladas.

Respecto a las condiciones sanitarias de las aguas de consumo, el exhaustivo control de los operadores y autoridades sanitarias muestra que los consumidores pueden confiar plenamente en su calidad. El agua de grifo es de absoluta confianza.

Por otro lado, el sector está haciendo un gran esfuerzo para anticiparse mediante una adecuada gestión preventiva de los riesgos. Así, el 64% de los abastecimientos tienen implantados Planes Sanitarios del Agua y el 19% los tienen en fase de implantación, en concordancia con las futuras exigencias de la Directiva Europea de Aguas de Consumo. La implantación alcanza el 100% en las áreas metropolitanas.

La distribución de la población abastecida por entidades de carácter público, privado o mixto se mantiene en equilibrio. El sector es un buen ejemplo histórico de la colaboración público-privada, donde el 35% de la población es abastecida por entidades públicas, el 33% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% por servicios municipales (universo encuestado).

El empleo del sector del agua urbana es estable, de calidad, cualificado y equitativo. El número de empleos directos en plantilla de los operadores del sector asciende a 32.700, repartidos entre abastecimiento, 66% del total; alcantarillado, 13%; y depuración, 21%. Los contratos fijos del sector se sitúan en el 85%, frente al 74% de la media nacional, y la brecha salarial de género es un 38% inferior a la media española.

Hasta un 83% de los trabajadores del sector están amparados por estudios psicosociales en su empresa. El 66% trabaja en una entidad que define campañas de salud a raíz de estudios epidemiológicos, desarrollados dentro del ámbito de la vigilancia de la salud de sus trabajadores. La incidencia de siniestralidad en el sector se sitúa en 2.470 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Los motivos más frecuentes de baja laboral son debidos, en un 41%, a causas posturales o sobreesfuerzos, seguidos por atrapamientos por o entre objetos y accidentes de tráfico, ambos con un 13%.

Los servicios de agua urbana en España se sitúan a la cabeza de Europa en tecnificación y apuestan por la innovación. Los operadores aplican las tecnologías más punteras en todos y cada uno de los multidisciplinares aspectos que deben gestionar: técnicas hidráulicas; procesos de tratamiento y depuración; mantenimiento y conservación; sistemas cartográficos y de información geográfica; sensores y telecontrol; comunicaciones; información; gestión comercial y de atención al cliente; organización empresarial; y sostenibilidad ambiental y económico-financiera. Las entidades y empresas españolas están internacionalmente posicionadas como referentes mundiales dentro del sector del agua y contribuyen de manera reseñable la creación de un empleo muy cualificado y tecnificado.

El índice de reclamaciones en el sector es muy bajo. Tan sólo un 1,24% de los clientes formula al año alguna reclamación. El 46,7% de las reclamaciones son resueltas a favor del cliente. El consumidor está satisfecho con el funcionamiento de los servicios y percibe que el agua en España es de calidad.

Continúan implementándose nuevos canales de comunicación y está aumentando notablemente la utilización de las redes sociales por parte de las entidades gestoras de los servicios de agua para la comunicación con los clientes. El 82% de los operadores utilizan las redes sociales como herramienta de comunicación y seguimiento, y su uso se ha incrementado 5 puntos respecto a los datos del anterior Estudio. Una vez más, destaca el papel de la monitorización de los problemas de los servicios que se plasman en estos medios para poder realizar acciones inmediatas que afecten a la calidad de los servicios a los clientes. Su implantación es mayor en los municipios de mayor tamaño.

Se incrementa la presencia de los operadores en el conjunto de redes sociales destacando Facebook, donde se pasa de una presencia del 28% al 71%, siendo también la mejor valorada respecto a su utilidad de comunicación con los clientes.

Los mecanismos de acción social son el conjunto de procesos o herramientas administrativas, a través de las cuales se ofrecen condiciones especiales, más favorables, a determinados colectivos u hogares para tratar de solventar situaciones de vulnerabilidad.

AEAS y AGA han contribuido a la sensibilización, generalización y racionalización de las actuaciones sectoriales para hacer efectivos, a los colectivos más vulnerables, los servicios de abastecimiento y saneamiento. En ese sentido, cabe recordar que, desde 2012, ambas asociaciones vienen trabajando en estos aspectos y, junto con ECODES, presentaron en el año 2016 los resultados del informe Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones, que presentaba un análisis de cómo son los mecanismos de acción social existentes en el sector del agua y unas recomendaciones que puedan servir de guía a los ayuntamientos y administraciones competentes para que, en caso necesario, las puedan poner en práctica de manera voluntaria. Asimismo, en 2019, la FEMP y AEAS elaboraron la Guía para la aplicación de mecanismos de sostenibilidad social en el sector del agua urbana: recopilación de buenas prácticas, armonización de criterios y su generalización en los diferentes ámbitos de gestión.

Dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, tradicionalmente los operadores de los servicios de agua urbana ─empresas públicas, privadas, mixtas y entidades locales o regionales─ cuentan con mecanismos de acción social que consisten, actualmente, en bonificaciones contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad, correspondiendo a los poderes y administraciones públicas la determinación de los beneficiarios.

Debe ser un objetivo de los mecanismos de acción social evitar los posibles errores administrativos e incidir en la agilidad y simplificación de los procedimientos para asegurar la asequibilidad de los servicios de agua, con la finalidad de que ningún hogar en situación de vulnerabilidad se quede sin suministro de agua y saneamiento y dar cumplimiento a este derecho humano universal.

Por ello, el procedimiento de interrupción del suministro o corte no debe implicar dejar sin agua a quien justifique su incapacidad de pago. El procedimiento actual es muy garantista con el usuario, ya que es siempre reglado y requiere de la aprobación por parte de la administración pública competente.

Los datos del Estudio revelan que el 93% de la población reside en municipios cuyos operadores de los servicios de agua disponen de mecanismos de acción social. El porcentaje de usuarios beneficiados por ellos se sitúa, en 2018, en el 4,7%. Las comunidades autónomas que reportan una mayor aplicación de estos mecanismos son Andalucía, Murcia, Cataluña, Asturias y la Comunidad Valenciana.

Actualmente, España goza de unos servicios de agua urbana muy satisfactorios. Sin embargo, además del necesario avance en la inversión y en la recuperación de costes, hay otra serie de retos que deberían ser abordados para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

El sector continúa reclamando una armonización en materia de gobernanza y administración de los servicios urbanos del agua. Por ello, se hace necesaria la figura de un cuerpo “regulador técnico e independiente” cuyo objetivo debe ser el de armonizar las estructuras tarifarias y atender al cumplimento de los niveles básicos de prestación de estos servicios públicos y vitales, así como a la estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y social de los mismos, aportando seguridad jurídica y trasparencia. Todo ello, sin que se reduzcan las competencias delegadas por ley a las administraciones locales, sino que se oriente a un efectivo apoyo y asistencia especializada.

Por último, sería deseable un consenso político estatal por el agua que contemple también las demandas del sector del agua urbana, para lograr acometer los importantes desafíos a los que se enfrenta. Dicho consenso requiere de la implicación y acuerdo de todos los actores ─estatal, autonómico, local y la propia ciudadanía─ con competencias o responsabilidad en la materia.

Al finalizar la presentación del Estudio, los organizadores dieron paso al turno de preguntas para resolver las principales dudas a los periodistas que acudieron al encuentro.