Erradicar el comercio ilegal de gases HFC, la clave para alcanzar los objetivos medioambientales

Por este motivo, en 2015 entró en vigor la regulación F-Gas II en Europa -y consecuentemente en España-, que tiene por objetivo la reducción de un 79% el consumo de los HFC de cara a 2030, teniendo como referencia la media entre 2009 y 2012, a través de un sistema de cuotas que limita la comercialización de estos gases anualmente. Un objetivo que avanza en paralelo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de las Naciones Unidas y el compromiso de garantizar la neutralidad climática de la Unión Europea de aquí a 2050. Este último se enmarca en el Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’) presentado en 2019 por la Comisión Europea, cuyo objetivo es hacer de Europa un continente con una economía limpia, con cero emisiones, donde se protege nuestro hábitat natural.

También entró en vigor en 2019 la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, con la que se espera que se pueda evitar hasta 0,4°C de calentamiento global para finales de este siglo.

La imposición de multas más estrictas funcionaría como barrera para el mercado ilegal de HFC

Por esta razón, las empresas pueden haberse visto desincentivadas a cumplir con la regulación y recurrir a alternativas más baratas que ofrece el mercado ilegal, liderado por organizaciones criminales, que pretenden eludir las cuotas, impidiendo así los efectos positivos que tienen estas en el medio ambiente.

Actualmente, en España los gases HFC ilegales son introducidos o extraídos del país a través de Internet, plataformas de e-commerce o envíos a través de barcos o furgonetas. Los HFC, tanto legales como ilegales, provienen principalmente de China, dado que se trata del principal fabricante de este tipo de gas.

Cuando hablamos de comercio ilegal de HFC, hablamos de gases que son importados a España por una compañía que no se encuentra bajo el sistema de cuotas de la UE o cuando se importan más de lo que se establece en las cuotas. Es lo que se llama tráfico en abierto. Los chequeos inadecuados o una insuficiente revisión del registro de las mercancías permiten que esto suceda.

También se califican como ilegales aquellos gases que cruzan fronteras sin ser declarados en las aduanas, o con un etiquetaje o envasado incorrectos, y aquellos HFC que se venden a través de una marca comercial falsa. A estos tipos de comercio ilegal se les denomina contrabando tradicional y tráfico de falsificaciones, respectivamente.

Además de obstaculizar los objetivos medioambientales, esta evasión fiscal a gran escala ha incentivado que se brinden menos ayudas económicas para el desarrollo de futuras soluciones alternativas a los gases HFC y la falta de un control riguroso sobre dichos gases, que podría aumentar la peligrosidad en su utilización.

En primer lugar, una de las actuales problemáticas está focalizada en los controles en las fronteras, donde las oficinas de aduanas tienen dificultades para acceder a información en tiempo real sobre las cuotas aprobadas para cada operador y no tienen cómo contrastar los datos con sus registros de gases HFC importados o exportados. Por eso es necesario que las autoridades ofrezcan las herramientas indispensables para gestionar de manera más eficiente los controles de mercancías.

Más centrados en el tráfico de armas, drogas, animales y personas, los controladores aduaneros tienen dificultades para identificar HFC ilegales. De ahí la importancia de que reciban una formación para distinguir los cilindros legales de los ilegales -que son, por ejemplo, los que se reutilizan y se les da más de un uso-.

Además, las oficinas de aduanas no disponen del registro de cuotas de las compañías. Por tanto, no pueden saber si estas han cumplido ya sus cuotas o no, únicamente tienen a su disposición el registro de HFC, con el que comprueban el volumen de HFC importados o exportados. Para evitar esto, es esencial crear un nuevo sistema de verificación de ventana única y seguimiento en tiempo real de las exportaciones e importaciones de dichos gases, asegurando que las cantidades coinciden con las cuotas declaradas.

En segundo lugar, las bajas penalizaciones contribuyen a que las organizaciones criminales opten por su incumplimiento y por la continuidad de actividades ilegales. El comercio ilegal mueve aproximadamente 65 millones de euros en España, en contraposición con las sanciones impuestas, que van desde los 20.000€ a los 200.000€ (considerando una infracción grave), y en muchos casos no llegan a aplicarse. La imposición de multas más estrictas funcionaría como barrera para el mercado ilegal de HFC.

Un tercer elemento clave es la necesidad de concienciar a todos los actores vinculados a la industria de la refrigeración sobre cómo su implicación es clave para acabar con el comercio ilegal, denunciando cualquier actividad sospechosa. Para ello, el EFCTC ha impulsado un sistema de denuncia anónima con el que compañías y organizaciones pueden alertar sobre dichos casos: la Línea de Reporte. A través de ella, ya se han producido 228 denuncias de actividades ilegales, 14 de las cuales proceden de España.

Todas estas medidas, si se implementan con éxito y con el apoyo de todos, contribuirán a que este mercado ilegal detenga su actividad y hará posible la transición hacia nuevas alternativas sostenibles y eficientes -en las que las compañías españolas ya están trabajando-. Así, se avivará la esperanza de continuar luchando contra la emergencia climática y lograr en los próximos años los objetivos marcados como país y como continente.