Más colaboración entre administración y el sector privado, clave para acabar con el comercio ilegal de refrigerantes

En el encuentro digital ‘El comercio ilegal de gases refrigerantes en la UE. Un reto de impacto medioambiental y económico para España’, organizado por Europa Press, el director general para EMEA Fluorochemicals de Chemours y presidente del área de Datos e Investigación del Comité Técnico Europeo de Flurocarbonos (EFCTC), Murli Sukhwani, ha explicado que el mercado de los HFC se encuentra regulado desde 2015 por el reglamento F-Gas, que se marca unos objetivos “muy ambiciosos” para reducir el impacto medioambiental que tienen estos gases.

Sin embargo, ha señalado también que la aplicación de la normativa europea es “débil”, el marco sancionador diverso e insuficiente y el intercambio de datos entre organizaciones no siempre es bueno. Ante esta situación, el EFCTC ha propuesto una serie de medidas que ayudarían a contener ese problema, entre las que se incluye la necesidad de que todas las agencias de aduanas de la UE tengan acceso al registro electrónico de los HFC donde están marcadas las cuotas, algo que no ocurría hasta hace un año y que se está empezando a implantar.

En esta línea también ha instado a acelerar la puesta en marcha de una ventanilla única de la Unión Europea, proceso que se está actualmente implementando y que daría visibilidad a las diferentes aduanas sobre cuáles son los flujos de mercancías en el sistema al compartir información entre los países miembros.

En tercer lugar, el presidente del área de Datos e Investigación del EFCTC ha señalado que desde el comité están celebrando seminarios con diferentes grupos de aduanas de distintos países para intercambiar ideas y aumentar la información y la sensibilidad de las aduanas en los países miembros.

La directora del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Pilar Jurado, ha apuntado que en el plan anual de control tributario de la AEAR se incluyen acciones específicas en torno al impuesto de gases fluorados, que afectan directamente al producto, como el control de sujetos pasivos o seguimiento de las adquisiciones. A este respecto, ha apuntado que un elemento de fraude común se encuentra en adquisiciones intracomunitarias.

Según Jurado, el reglamento F-Gas tiene algunas características que no permiten un control total del mercado, ya que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos en los que también fijan cuotas de importación, como el de pesca, no prevé un control y un seguimiento de las mismas.

En este sentido, Jurado ha explicado que esto supone que la aduana solo puede controlar la cuota total que tiene un importador concreto, pero no existe la visión global de lo que éste importa de este producto en toda la Unión Europea, ante lo que ha admitido les gustaría que estuviera “más cerrado el círculo de lo que pueden controlar”. Además, ha recordado que los importadores de menos de 100 toneladas equivalentes de CO₂ de HFC al año no están controlados por el reglamento, por lo que puede ocurrir que alguien pueda aprovecharlo para importar de forma individual y luego venderlo.

Rodríguez ha remarcado que los instaladores ya hicieron sus deberes cuando se aprobó el nuevo reglamento y se comenzó a aplicar el impuesto especial de gases fluorados en 2014, asumiendo el coste administrativo que supuso este proceso, y ahora son quienes siguen pagando las consecuencias de este mercado negro, ya que conlleva una pérdida de competitividad para estas más de 15.000 compañías que existen en España.

Ante esta situación, ha incidido en la importancia de contar con una mayor cantidad de datos que permitan conocer la magnitud del problema, como el número de instalaciones que existen que emplean HFC, las emisiones que realizan de medio o el stock acumulado antes de la entrada en vigor del impuesto especial, para poder identificar medidas que ayuden a resolver este problema.

Por otro lado, Rodríguez ha advertido del impacto que tiene en los precios del gas el sistema de cuotas, ya que puede provocar un alza de los mismos cuando estas cuotas se modifican, como ocurrirá este 2021, y alentar un nuevo rebote del mercado negro. Además, ha instado a no penalizar a quien hace bien las cosas, sino a premiar y proteger a quien trata de contribuir a una sociedad más responsable. A este respecto, Pilar Jurado, directora de Aduanas e Impuestos Especiales, ha admitido que el hecho que de España tenga un impuesto indirecto a los gases fluorados, que está autorizado por la UE, pero no es armonizado, puede hacer que suba el precio final del gas, lo que puede generar una “atracción adicional” al fraude. Aún así, ha apuntado que es probable que si un importador quiere introducir gas sin declarar o fuera de la cuota, no se vendría a la aduana española, lo que no quiere decir que no haya algún caso de fraude.

Susana Rodríguez asegura que “mientras siga existiendo demanda, el comercial ilegal de gases HFC existirá”