La automoción, el transporte y otras industrias estratégicas solicitan al Parlamento Europeo la inclusión de los biocombustibles en el reglamento de emisiones CO2 para vehículos pesados

El manifiesto recoge dos propuestas. En primer lugar, el reconocimiento de los Combustibles Neutros en CO₂ (también conocidos como combustibles renovables), incluyendo aquellos que cumplan los criterios de la RED. En segundo lugar, la introducción del Factor de Corrección de Carbono como metodología para tener en cuenta la contribución real de los combustibles renovables a la reducción de emisiones de CO₂; “ya que el reglamento propuesto solo toma en consideración las emisiones del tubo de escape y no todo el ciclo de vida de los vehículos, dejando espacio únicamente a los propulsores eléctricos de batería y de pila de combustible, y a los motores de hidrógeno”.

Actualmente, circulan en Europa unos seis millones de vehículos pesados, y cada año se ponen en servicio 300.000, lo que se traduce en que renovar la flota que hay que descarbonizar tomaría veinte años. Además, en 2021, los vehículos pesados propulsados por diésel representaban el 96% de las ventas. Todo ello pone de relieve, aseguraron las entidades firmantes, que “el sector del transporte pesado por carretera es mucho más sensible a los costes y la consideración de distintas vías de reducción de emisiones, mucho más necesaria”.

Más allá del impacto económico para el propio sector, el manifiesto subraya su importancia en la economía comunitaria, con mención especial a la economía española, y en el buen funcionamiento del mercado interior de la UE. Esto se debe a que el 77% de las mercancías en Europa se transportan por carretera; en España, la cifra alcanza el 96%.

Las asociaciones y entidades firmantes del manifiesto concluyeron que “no debe excluirse la contribución a la reducción de emisiones de los combustibles neutros en carbono”. Se trata, afirman, “de una realidad en el mercado que puede complementar a las otras alternativas y compensar posibles retrasos en el desarrollo de los vehículos eléctricos y en la implementación de la infraestructura de recarga”.

“Disponer de diversas alternativas proporcionará una mayor seguridad ante las perturbaciones del mercado, los aumentos de los costes para los consumidores, los riesgos para el empleo y la escasez de cualificaciones; así como la capacidad de avanzar con rapidez en este periodo de transición de una forma eficiente. En este sentido, es importante tener en cuenta las implicaciones sociales y económicas de esta transición, asegurando que no genere desigualdades ni afecte negativamente a comunidades vulnerables”, sentenció