Las energías renovables se unen frente a la moratoria

Así, la Fundación Renovables convocó a la prensa en una comparecencia organizada junto a asociaciones sectoriales, ecologistas e incluso organizaciones sindicales, suscritas en la Coordinadora de Apoyo a las Energías Renovables, que agrupa a más de cincuenta entidades de diversos ámbitos. En el acto intervinieron Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables; Vicenç Rocosa Girbau de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, en representación de las asociaciones sindicales, Carlos Bravo de Greenpeace, en representación de las asociaciones ecologistas y José Antonio González de Fenie, en representación de las asociaciones sectoriales.

Otras organizaciones como APPA, Avebiom, Protermosolar, Apropellets o empresas como Albasolar han manifestado su rechazo a la medida del nuevo ministro y así lo han manifestado en sus correspondientes comunicados.

Estas entidades recuerdan que España incumplió su objetivo de renovables para 2010, alcanzando el 11,3% de la energía primaria frente a un objetivo del 12,1%. Esta moratoria genera serias dudas sobre la voluntad política de alcanzar el 20% de energía final renovable comprometido con Bruselas para 2020. En su comunicado de rechazo, APPA señala: “Curiosamente esta paralización coincide, en el mismo texto, con una reiteración de la apuesta del Gobierno por las energías renovables. La paralización no es retroactiva ni afecta a las plantas que ya han sido inscritas en los registros de preasignación. Sin embargo, esta medida tendrá graves consecuencias en un sector que, en los últimos dos años, ha perdido 20.000 empleos”.

Entidades adheridas la Coordinadora de Apoyo a las Energías Renovables

Fundación Renovables, Greenpeace, EolicCat, Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Equo, WWF España, CCOO, Fundación Desarrollo Sostenible, Asociación Solar de la Industria Térmica, Ecologistas en Acción, Asociación de Ciencias Ambientales, ECOOO, Asociación Empresarial Fotovoltaica, Asociación de la Industria Fotovoltaica, Protermosolar, Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, Eurosolar España, Ecoserveis, Dia de la Terra Catalunya, Una Sola Terra, Alternativa Verda, Athanor, Sinapsis, Eolpop S.L., Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia, Grupo de Abastecimiento Energético (GAE), MCA-UGT, Amigos de la Tierra, ARE (Alliance for Rural Electrification), Fundación Terra, Luz Verde, Grupo de Científicos y Técnicos por un futuro no nuclear, Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa), Enática Energías Renovables, S.L., entre otras entidades.

Las entidades que representan las renovables reivindican éstas como generadoras de riqueza para España. “Por su empleo, su participación en el PIB, su I+D+i, su internacionalización, su contribución al ahorro de importaciones energéticas, de consumo de energía, del precio de la electricidad y de emisiones de CO₂, (las EE RR) han desarrollado una industria y una tecnología nacional en la que todo el mundo ha puesto su mirada”, reza el manifiesto publicado por Fundación Renovables. A lo que el comunicado de APPA añade que el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables 2011-2020 reconocía de forma oficial los beneficios de estas energías, al estimar en 29.000 millones los beneficios económicos de estas tecnologías, cifra muy superior a los 24.700 millones que costaría su desarrollo, primas incluidas. “Las renovables son parte de la solución a esta crisis y no parte del problema, esta decisión nos aleja de la recuperación económica”, comenta José María González Vélez, presidente de APPA.

Esto, que es el fundamento de cualquier economía moderna, se pretende mantener en estado de permanente riesgo regulatorio e inseguridad normativa para las inversiones que garanticen el futuro de un sector que crece en todo el mundo y ahora se ha decidido que en España decrezca.

Por su parte, en un comunicado, la asociación representante de las empresas españolas del sector solar termoeléctrico Protermosolar hace hincapié en que la paralización de las nuevas preasignaciones ralentizará “la necesaria sustitución de tecnologías contaminantes por energías limpias, y afectará negativamente al desarrollo industrial y creación de empleo en el sector de las energías renovables, en un momento en que lo que necesita el país es apoyar las actividades que favorezcan el crecimiento de la economía”, recordando asimismo que las energías renovables contribuyen a “la reducción del déficit público al movilizar inversiones privadas —en buena medida capital extranjero— en la economía productiva, incrementar el PIB, reducir importaciones de combustibles y generar mucho empleo”.

Uno de los beneficios de las energías renovables es la reducción de la dependencia energética del exterior, “un problema que fue agravado el pasado año con los incidentes de la Primavera Árabe”, según señala APPA, y sigue recordando: “El embargo acordado al petróleo iraní puede empujar a los combustibles fósiles a incrementos en su precio que serán nefastos para nuestra economía”. Por lo que, como recuerda Fundación Renovables: “La respuesta más racional debería ser la de ahorrar en el consumo de las fuentes energéticas que contribuyen a agravar más la crisis económica y que incrementan de forma incontrolada el déficit comercial, la subida de precios generalizada y las emisiones contaminantes de CO₂”. En este sentido, la decisión del Consejo de Ministros parece más “una llamada a consumir más energía de aquellas fuentes que hoy día aportan los mayores costes de nuestro sistema energético, como son las elevadas importaciones energéticas y la mayor intensidad energética de nuestra economía, frenando las inversiones en aquellas fuentes que hoy constituyen la primera riqueza energética del país: el ahorro de energía y las energías renovables”, sigue el manifiesto. Así pues, parece que el nuevo RDL 1/2012 va en contra de las medidas que necesita España para impulsar una salida sostenible a la crisis económica, manteniendo un modelo energético basado en el mayor consumo de fuentes de energía con precios que nos vienen impuestos desde el exterior y con elevadas emisiones de CO₂ y que poco aportan a la innovación y competitividad del aparato productivo, “frente a la innovación tecnológica y la eficiencia que aportan las tecnologías renovables que permiten una mayor participación de los consumidores a través de la generación distribuida y el autoconsumo”.

Todas las asociaciones y entidades del sector de las energías renovables coinciden en la necesidad de una profunda revisión del sistema energético español, con más razón aún en el contexto de crisis económica que se está viviendo. “El análisis de las distintas tecnologías y del modelo energético actual no se salda con una moratoria renovable, dado que los problemas profundos de nuestro modelo (exceso de potencia, dependencia energética excesiva, déficit tarifario, subastas inflacionistas, …) no han sido producidas por las energías que ahora se paralizan”, declara González Vélez, presidente de APPA. Y sigue afirmando: “Si esta moratoria es una antesala a una revisión profunda y justa de nuestro sistema eléctrico, podemos entenderla. Lo que no tendría sentido es aplicar una paralización temporal de los modelos de apoyo a las renovables y obviar graves problemas de nuestro sistema como los beneficios extraordinarios de algunas tecnologías ya amortizadas, los pagos por capacidad, los costosísimos apoyos al carbón nacional o las subastas Cesur inflacionistas. El ministro Soria debe preocuparse de las razones que han llevado a que, en un solo año, el precio del mercado eléctrico haya aumentado un 33%, pasando de 45,13 en 2010 a 60,09 /MWh en 2011”, argumenta el presidente de APPA. José María González Vélez señala que las energías renovables no son las responsables del déficit tarifario: “Relacionar el volumen de las primas con el déficit es tan demagógico como relacionar los beneficios extraordinarios de nucleares y grandes hidráulicas con el déficit, que sean cifras similares no establece una relación causa-efecto, más aún cuando el déficit tarifario ya era un problema cuando las primas aún eran una cantidad ridícula. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué los pagos por capacidad han aumentado un 100% en 2011 hasta los 1.535 millones de euros en un sistema con sobrecapacidad o porque las nucleares o las grandes centrales hidráulicas, ya amortizadas, siguen percibiendo unos beneficios extraordinarios tan desproporcionados”, añade González Vélez.

Por ello, el manifiesto de Fundación Renovables concluye: “Porque el crecimiento de la economía española y la creación de empleo necesitan inexorablemente otro modelo energético que entiendan el ahorro de energía y las energías renovables como un factor de competitividad”.

Fundación Renovables recuerda que el modelo energético español ha sido admirado y copiado. Por tanto, es “un error histórico aplicar una moratoria” a un sector “que es de los muy pocos de nuestra industria nacional que han adquirido un liderazgo mundial como Marca España”. Parece sin sentido que, siendo necesario impulsar un nuevo modelo productivo basado en la industria y la tecnología propia, este nuevo RDL “lo que se hace es ahuyentar las inversiones en uno de los sectores que reúne todas las condiciones para apoyar ese cambio de modelo productivo. Frente al conocimiento y a las patentes nacionales en renovables se quiere optar por más importaciones energéticas. Es la diferencia entre perseguir una futura crisis energética o anticiparse a ella”, recuerda la asociación.

Además, “el RDL 1/2012 va contra las Directivas europeas 2009/28/CE de renovables y la 2010/30/UE de eficiencia energética de edificios”. La directiva de renovables establece el 20% de consumo final de renovables en 2020 y la de edificios que en 2020 todos los edificios sean de consumo de energía casi nulo con renovables. “Pero estas directivas establecen también medidas concretas para eliminar las barreras que impiden el desarrollo de las renovables para alcanzar dichos objetivos, como son la inestabilidad regulatoria, las trabas administrativas y los obstáculos para su conexión a la red”. Fundación Renovables entiende que la norma aprobada por el Gobierno va contra estos tres criterios de la política energética de la Unión Europea “porque mantiene, por su temporalidad, el riesgo regulatorio y la inseguridad jurídica para las nuevas inversiones e impide la tramitación administrativa y la conexión a la red de nuevos proyectos renovables”.

Por todo ello, las entidades representantes de las renovables creen que la medida del Gobierno “es inútil ya que no va a contribuir a resolver los problemas que pretende solucionar”. Ante todo, “la luz seguirá subiendo y el déficit de la tarifa también. Porque frente a la opinión interesada de hacer creer que ambos se incrementan por culpa de las renovables la realidad es más compleja”, asegura Fundación Renovables. “El coste de las renovables para el consumidor son 2,6 ct/kWh y las renovables constituyen hoy el 17% de los costes del sistema, con tendencia a la baja por su margen de innovación tecnológica. Por el contrario, las importaciones de gas, petróleo y uranio superan los 40.000 millones de euros y nuestra mayor intensidad energética equivale a más del 1,5% de nuestro PIB”. Con las cifras en la mano, “frenar las renovables sólo va a ser una cortina de humo que impida abordar nuestros verdaderos problemas energéticos. Sorprende leer en el acuerdo del Gobierno la existencia de un déficit en la tarifa del gas. No puede ser por culpa de las renovables y es un dato nuevo que obliga a una profunda reflexión sobre todo el sistema eléctrico”, concluye el manifiesto.

Al incremento tarifario se le debe sumar el de la destrucción de empleo en el sector de las renovables, una de las consecuencias más nefastas y que “ya inició el anterior Gobierno frente a unos planes aprobados que han estimado la creación de 300.000 empleos en el sector de las renovables y cerca de un millón en el de los servicios energéticos para 2020”. Pero la destrucción de empleo en el sector de las renovables conlleva la deslocalización industrial y la transferencia de tecnología a terceros países “que nunca podremos recuperar”. Y sigue: “Resulta desconcertante y contradictorio con la realidad social que sufre nuestro país y con la de muchas Comunidades Autónomas que con mayor visión que el Estado vieron en las renovables un factor de desarrollo sostenible para sus territorios”.

Análisis de la suspensión temporal realizado por el despacho de abogados Jones Day (Luis Muñoz y Raimundo Ortega)

1. Antecedentes y objetivo del RDL 1/2012. Como es conocido, el régimen económico de las instalaciones en régimen especial, entre las que se encuentran las energías renovables –las conocidas como primas- no se subvencionan a través de los presupuestos generales del Estado, si no de la tarifa eléctrica, ayudando a crear el denominado “déficit de tarifa”. No obstante, no sólo las primas a las energías renovables generan déficit tarifario, sino también otros conceptos como la facturación a tarifas reguladas. De hecho, las primas al régimen especial solo suponen una tercera parte del déficit de tarifa. En este sentido, el objetivo del RDL 1/2012 es limitar el impacto de las primas a las renovables en el déficit de tarifa.
2. Medidas adoptadas. El RDL 1/2012 (artículo 3), por un lado, suprime las primas a las energías renovables, tanto aquellas contenidas en el Real Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (“RD 661/2007”), y que aplican, entre otras, a las instalaciones eólicas y termosolares, como a las fotovoltaicas contenidas en el Real Decreto 1578/2008 de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica (“RD 1578/2008”). Por otro lado, el RDL 1/2012 (artículo 4) suspende el procedimiento de preasignación de retribución contenido en el Real Decreto-ley 6/2009 por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético (“RDL 6/2009”) y en el Real Decreto 1578/2008.
3. Instalaciones afectadas. De acuerdo con lo establecido en el RDL 1/2012 (artículo 2.1), las medidas adoptadas afectan a aquellas instalaciones que a fecha de 28 de enero de 2012 no hubieran sido inscritas en el registro de preasignación al que hace referencia tanto el Real Decreto-ley 6/2009 como el Real Decreto 1578/2008. No obstante, las medidas no afectan a aquellas instalaciones cuya no preasignación a dicha fecha se debiera a un incumplimiento de la Administración del plazo establecido para resolver (artículo 2.2). Esta previsión no afecta a las instalaciones fotovoltaicas, pues a la fecha de la entrada en vigor del RDL 1/2012 no se encontraba pendiente ninguna resolución(1). Del mismo, como quiera que los cupos previstos en el Real Decreto 661/2007 para las instalaciones eólicas y termosolares ya se habían cubierto, es decir, las correspondientes resoluciones sobre preasignación para estas instalaciones ya se habían adoptado, esta previsión tiene un impacto limitado. Las medidas aprobadas no tienen efecto retroactivo, es decir, ni las instalaciones en funcionamiento, ni aquellas instalaciones que hubieran sido preasignadas con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 1/2012, se ven afectadas por las medidas previstas en él. Del mismo modo, entendemos que tampoco serán de aplicación a aquellas instalaciones que hubieren recurrido la no preasignación y su recurso se estimase en el futuro.
4. Carácter temporal. Si bien la exposición de motivos se refiere al carácter temporal de estas medidas, el articulado del RDL 1/2012 no fija la duración de las mismas. De hecho, el régimen económico no se suspende, si no que se suprime, lo cual podría arrojar dudas sobre que verdaderamente tenga carácter temporal. Si bien el procedimiento de preasignación sí se suspende, no se precisa hasta cuando se suspende. No obstante, hay que tener en cuenta dos cuestiones que apuntarían a que efectivamente la supresión de las primas es temporal. En primer lugar, los compromisos adoptados por España al hilo de la Directiva 2009/28 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, exigirán que el Gobierno, tarde o temprano, restablezca un régimen económico que incentive el establecimiento de las instalaciones necesarias para cumplir los objetivos de los que, al día de hoy, todavía nos encontramos lejos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el reconocimiento del derecho de las instalaciones en régimen especial a obtener una prima contenido en el artículo 30.4 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico (‘LSE’), siendo dudoso que el RDL 1/2012 pudiera entenderse que deroga o deja sin efecto práctico de manera permanente lo establecido a este respecto en la Ley 54/1997. Por ello creemos que efectivamente estas medidas tienen un efecto temporal ligado, como se desprende de la lectura de la exposición de motivos, a la solución del problema del déficit tarifario. De hecho, el propio RDL 1/2012 establece que el Gobierno podrá aprobar un régimen específico para determinadas instalaciones, lo que abre la puerta al restablecimiento de las primas cuando el Gobierno lo considere conveniente, aunque parece desprenderse que tal regulación, en vez de prever un régimen económico para todas las tecnologías, como era el caso del Real Decreto 661/2007, sería mucho más específico y se centraría en las eólicas, fotovoltaicas y termosolares.
5. Eliminación de la modificación sustancial. El RDL 1/2012 (Disposición derogatoria única) deroga los artículos 4.4 y 4 bis del Real Decreto 661/2007 y que se refieren a la modificación sustancial. Entendemos que ello se hace para evitar que a través de la modificación no sustancial se introdujeran mejoras en las instalaciones que pudieran lugar a la obtención de unas mayores primas, eludiendo el objetivo último del RDL 1/2012. Esta derogación implica, desde nuestro punto de vista, que toda modificación requiere autorización administrativa y, por ende, daría lugar a una nueva acta de puesta en servicio y la pérdida de las primas. No obstante, esta derogación no aplica a aquellas instalaciones que ya hubieran obtenido la autorización administrativa para la modificación sustantiva con anterioridad al 28 de enero de 2012. (Disposición transitoria única).
6. Litigiosidad. El rango elegido por el Gobierno para adoptar estas medidas, el real decretoley, impide que su texto sea recurrido por los promotores ante los órganos jurisdiccionales. No obstante, si bien la revisión de la legalidad en estos términos se ve limitada, no es menos cierto que aquellos que hubieren sufrido daños a resultas del mismo, pueden reclamar su indemnización al amparo del artículo 139 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A efectos debe tenerse en cuenta que si bien el RDL 1/2012 (Disposición adicional única) prevé la devolución del aval, existe un número considerable de instalaciones que al amparo del artículo 30.4 de la LSE y del propio RDL 6/2009 (Disposición transitoria quinta, apartado 2) habían iniciado todos los trámites necesarios para obtener la preasignación. Estos trámites, algunos de ellos iniciados al hilo de los concursos de priorización o similares mecanismos aprobados por las Comunidades Autónomas, han supuesto la asunción de costes que, tras la aprobación del RDL 1/2012 no serán recuperados, produciéndoseles un perjuicio económico susceptible, en su caso, de indemnización.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, compareció en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para presentar los objetivos de su departamento. El ministro justificó la suspensión de primas a nuevas instalaciones renovables al culpar a los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero del déficit tarifario acumulado entre 2004 y 2011 y que actualmente se sitúa en 24.400 millones de euros. Soria afirmó que las primas a estas tecnologías aumentaron un 400%, lo que provocó un mayor coste al sistema eléctrico en un contexto de caída de la demanda y menores ingresos tarifarios. Sostuvo que la supresión del procedimiento de preasignación “responde a la urgente necesidad de frenar la senda de crecimiento que registraba este déficit y además de enviar una señal clara al sistema en función de que temporalmente se suspenden las inversiones apalancadas en recursos públicos”, lo cual no quiere decir, añadió el ministro, “que cualquier operador pueda tener absoluta libertad para acometer este tipo de inversiones sea cual sea la modalidad de las energías renovables, pero sin ese apalancamiento”. Asimismo, José Manuel Soria aseguró que este RD “es sólo una medida parcial dentro de una estrategia global que persigue este departamento y en la que se va a involucrar a todos los agentes del sector para lograr la efectiva suficiencia del sistema eléctrico”.

Durante la comparecencia, Soria también mostró su apoyo a un combustible fósil, el carbón de producción autóctona. El ministro alegó que “se debe evitar a toda costa” el cierre de las centrales que consumen carbón autóctono y de las minas que lo suministran, para que cuando se recupere la demanda de energía eléctrica —“la recuperación vendrá con el crecimiento económico”—, “no exista la imposibilidad real de abastecimiento de energía eléctrica en el territorio nacional”. Por tanto, “es de interés público su mantenimiento”.

Ante el rechazo provocado en el sector de las renovables, el nuevo consistorio ha cerrado filas y no ha tardado en justificar su decisión. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que el sector de las renovables ya se encontraba, antes de la decisión del Gobierno de suspender las primas a la nueva potencia, en una “moratoria encubierta”, después de subrayar que la medida “es temporal”. En alusión a las renovables, Arias Cañete señaló que el Ejecutivo está “poniendo orden donde antes había desorden”. “Si el déficit tarifario son 7.000 millones y las primas a renovables son 5.000 millones al año, hay que pensar si nos lo podemos permitir o no. España no se lo puede permitir”, añadió Arias Cañete. Además aseguró que el país va “muy por delante” en la implantación de renovables y está “muy cerca del objetivo del 20% al que se tenía que llegar en 2020”.

La moratoria a las renovables beneficiará a las grandes eléctricas

Para la agencia de calificación Moody's, la decisión del Gobierno ayudará a reducir la generación de nuevo déficit de tarifa, cuya financiación corre en parte a cargo de las cinco grandes compañías del sector eléctrico. La “moratoria a los subsidios a las renovables” tendrá un efecto positivo para la situación crediticia de las cinco grandes eléctricas españolas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON, según un informe de Moody's.

Para la agencia de calificación, la decisión del Gobierno ayudará a reducir la generación de nuevo déficit de tarifa, cuya financiación corre en parte a cargo de las cinco grandes compañías del sector eléctrico. “La deuda adicional sobre los balances de las compañías debilita su perfil crediticio, de forma que cualquier movimiento destinado a aplacar el déficit como la moratoria a los subsidios a las renovables será positiva para ellas”, afirma Moody's.

La agencia también espera que las reformas del sector eléctrico sean amplias y advierte de que el Ejecutivo también podría cargar sobre las eléctricas parte de la carga para acabar con el déficit de tarifa. Para ello, podría reducir el coste reconocido de las actividades reguladas.

Por último, recuerda que el Gobierno mantiene su disposición a que a partir de 2013 no se genere más déficit de tarifa, si bien reconoce que se podría “ampliar este plazo”.

Aunque, en principio, las directivas (y la 2009/28 en concreto) dejan mucha discrecionalidad a los Estados miembros para cumplir los objetivos que imponen (en este caso el 20% de renovables en 2020), la Coordinadora de Renovables va a estudiar con los servicios jurídicos la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Europea. Entienden las entidades que el RDL, al suprimir las primas, imposibilita de facto el cumplimiento del Plan de Energías Renovables recientemente aprobado y por tanto el objetivo del 20% de la directiva, ya que el sistema de retribución basado en primas es sustancial para las tecnologías renovables eléctricas. Sin los incentivos se imposibilita en la práctica la instalación de la potencia necesaria para cumplir los objetivos.

Además, la Coordinadora va a denunciar que el Gobierno, con esta norma, no está garantizando la eliminación de barreras para el acceso a la red y para los procedimientos administrativos de autorización de instalaciones, sino todo lo contrario: está interponiendo una barrera definitiva. Las explicaciones dadas en el debate por el ministro de Industria, Energía y Turismo para pedir la convalidación del Real Decreto Ley (que ni siquiera será tramitado como proyecto de ley, lo que permitiría un debate más sosegado y participativo) siguen confundiendo a la opinión pública al citar a las primas de las renovables como primera causa del Déficit de Tarifa.