Dieciocho partidos políticos se comprometen a derogar el Real Decreto de Autoconsumo si se llega a aprobar
La pasada mañana del 27 de julio de 2015, en rueda de prensa, el grueso de los partidos políticos firmaron su compromiso con el desarrollo del autoconsumo sin barreras discriminatorias y se comprometieron a derogar el Real Decreto de autoconsumo actualmente en tramitación de ser aprobado.
El manifiesto presentado está firmado por una amplia representación de la sociedad civil: consumidores, sindicatos, asociaciones empresariales, ecologistas y movimientos sociales en defensa del derecho reconocido por la Comisión Europea a la democratización de la energía.
Tanto los partidos políticos como las asociaciones firmaron un manifiesto por el que reconocían los beneficios económicos, sociales y ambientales del autoconsumo y solicitaron la retirada de la propuesta del Gobierno de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles.
Adicionalmente, en caso de ser aprobado en sus términos actuales, se comprometieron a contribuir a derogarlo y a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales. En este sentido, se comprometieron a eliminar el “impuesto al sol” reconociendo la idoneidad del ahorro y la eficiencia energética que supone el autoconsumo energético de fuentes renovables y comprometiéndose a eliminar cualquier cargo adicional a estos consumidores que resulte discriminatorio con respecto a otras medidas incluidas las de ahorro y eficiencia energética.
Denunciaron que la propuesta de Real Decreto del Gobierno es parte de una clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, junto a muchas otras medidas disuasorias de un uso más eficiente de la energía como el incremento abrupto del término fijo de la tarifa eléctrica.
La propuesta de regulación del Gobierno ha recibido casi 40.000 alegaciones ciudadanas pidiendo su retirada, así como la oposición de las principales asociaciones empresariales del sector, ecologistas, sociales, sindicales y de consumidores, además de ser invalidada en su esencia tanto por las mejores prácticas en materia de desarrollo del autoconsumo, recientemente publicadas por la Comisión Europea, cuanto por varios informes de la antigua Comisión Nacional de Energía o por la Defensora del Pueblo. Todas ellas reconocen que la ciudadanía tiene derecho a participar en el sector eléctrico y a ahorrar en sus facturas gracias a la venta de excedentes de electricidad autoproducida y a la falta de cargos sobre la electricidad que autoconsumen.
Destacan que la propuesta del Gobierno va en contra de la democratización energética, viola la normativa europea en materia de energías renovables y eficiencia energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho.
Las organizaciones firmantes defiendieron un modelo energético en el que se genere energía de forma respetuosa con el medio ambiente y descentralizada, ya que esto no solo incrementa la eficiencia del sistema sino que pone al consumidor en el centro de la toma de decisiones sobre la energía que consume y cómo la consume.
En definitiva, consideran necesario empoderar al consumidor facilitándole el acceso a las herramientas para ser consecuente a la hora de decidir cómo abastece sus necesidades energéticas. Solo en la libertad de elección será posible introducir una nueva cultura de la energía, basada en su consumo eficiente, acceso universal y generación sostenible y descentralizada.
También subrayan que el autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático. Una opción cada vez más real ya que a día de hoy no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país.
