Seguridad jurídica para las renovables
El ministro de Industria, desde el mes de julio, ha cambiado cuatro veces de opinión sobre el déficit de la tarifa eléctrica para 2013. En dos ocasiones ha afirmado que no habría déficit y en otras dos que sí habría. Finalmente, el Gobierno ha vuelto a incumplir su palabra y no va a aportar los 3.600 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para la reforma eléctrica, con lo que se carga su propia reforma y provoca un déficit de tarifa para 2013 que, si nada lo remedia, se cargará a los consumidores. Paralelamente, sin haber aprobado todavía el decreto de renovables que presentaron en julio, sacan otro nuevo decreto de renovables en noviembre.
El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, ha advertido que la reforma incumple las normas europeas y, más concretamente, la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética al establecer barreras desproporcionadas que impiden el ahorro energético y el autoconsumo. Mientras, la denuncia de los productores fotovoltaicos de Anpier sobre la legalidad de la contratación sin concurso de las consultoras que han de establecer la retribución de las renovables y la aprobación sin debate ni diálogo alguno en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley del sector eléctrico nos llevan a dos conclusiones:
1. La reforma eléctrica adolece de un déficit democrático que la convierte en un ejemplo de falta de transparencia que, penaliza injustamente a las inversiones renovables con una permanente incertidumbre regulatoria y a los consumidores, al impedirles que puedan reducir sus costes energéticos a través de la eficiencia energética y el autoconsumo.
2. La inseguridad jurídica se convierte en elemento estructural de nuestro sistema energético y único método de regulación de las inversiones renovables que, mediante una retroactividad general, son condenadas a su inviabilidad y ruina en el caso de los productores fotovoltaicos.
Hemos visto cómo el secretario de Energía de EE UU ha venido a España a defender la seguridad jurídica de los inversores norteamericanos en renovables. También hemos visto cómo el Gobierno de España ha defendido la seguridad jurídica de los accionistas de Repsol, a pesar de ser una empresa de propiedad y gestión privadas cuyos intereses no son generales. O la imagen surrealista del ministro de Industria en la presentación de un prototipo de aerogenerador eólico marino de Gamesa que no podrá comercializarse en España por la regulación dictada por él mismo.
La incoherencia de estos hechos se puede resumir de la siguiente manera:
1. La reforma eléctrica persigue sacar las renovables de mercado a través del riesgo regulatorio para eliminar la competencia a las fuentes convencionales.
2. La reforma eléctrica va contra las directivas europeas de renovables y eficiencia energética que proclaman el carácter preferente y no discriminatorio de las renovables y que obligan a los Estados miembros a una estabilidad regulatoria que dé seguridad a las inversiones en renovables.
3. La reforma eléctrica impide el ejercicio de los derechos que corresponden a inversores y productores al no haber transpuesto al ordenamiento jurídico nacional las directivas europeas e impide que los clientes finales puedan reducir sus costes energéticos mediante el autoconsumo.
4. Las externalidades positivas de las renovables y la eficiencia energética hacen de ellas la primera riqueza energética del país y una necesidad estratégica para la seguridad de suministro, reducción de los precios energéticos y de las emisiones de CO2. El no reconocimiento del valor de las renovables constituye un riesgo estratégico para el futuro.
La misma seguridad jurídica que se defiende para otros, sin tener ninguna de las externalidades de las renovables, se debe exigir con mucha más razón para las inversiones renovables. El Consejo de Estado ha advertido que la reforma eléctrica incrementará los litigios y es que si la seguridad jurídica de las renovables no la defiende el Estado, habrá que defenderla en los tribunales nacionales y europeos.
Lo que está pasando estos días está escrito en la nueva Ley del Sector Eléctrico que establece una triple penalización a los consumidores que serán los que equilibren las cuentas del sector eléctrico; primero, a través de las subidas automáticas de los peajes en el recibo de la luz. Si eso no fuera suficiente, a través de los presupuestos del Estado que financian los contribuyentes y, finalmente, impidiendo al consumidor que pueda reducir su factura de la luz a través de unos peajes que penalizan el ahorro de energía y el autoconsumo.
El Gobierno ha hecho una reforma que cierra la competencia y, por eso, le ha estallado en las manos y va a ser el que incumpla su propia ley. Si desde 2008 se está recortando las renovables hasta su ruina, subiendo la luz sin parar y el déficit tarifario no deja de crecer es hora de dejar de mirar para otro lado, derogar la reforma y cambiar de arriba abajo el método de conformación de precios de la energía, basado en prácticas oligopolísticas y la especulación financiera, y abrir la competencia a lo que constituye la principal riqueza energética del país: el potencial de ahorro de energía y los recursos renovables. Sólo así se reducirán los precios de la energía.
