Posición del sector fotovoltaico ante el Proyecto de Ley para la sostenibilidad energética
25 de septiembre de 2012
El recorte final resultante, del orden del 35% –el mayor de todo el sector eléctrico–, debe ser asumido íntegramente por los productores fotovoltaicos, puesto que, al cobrar únicamente una tarifa fija, no se repercutirá en el mercado, tal y como sí ocurrirá, directa o indirectamente, con los gravámenes aplicados a todas las demás tecnologías de generación.
Muchas instalaciones fotovoltaicas, ya en situación comprometida por el RD-L 14/10 –abundan las que se han visto obligadas a refinanciarse–, no van a poder hacer frente al pago de su deuda tras la aplicación del nuevo impuesto. En este sentido, UNEF considera necesaria la derogación del RD-L 14/10, norma recurrida en tribunales nacionales e internacionales.
No obstante, UNEF entiende que es coherente la fórmula empleada por el Gobierno para gravar la incorporación de la energía en el mercado eléctrico, desde el momento en que considera correcta la aplicación del nuevo impuesto del 6% a todo tipo de producción, sin discriminación en función de la tecnología que la haya generado.
Adicionalmente, UNEF es cautelosa ante la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado contribuyan a soportar los costes fijos del sistema eléctrico, por el elevado grado de incertidumbre que introduce en el mercado solar.
En otro orden de cosas, UNEF considera urgente la aprobación de la normativa sobre autoconsumo con balance neto, que debía estar en vigor desde el pasado mes de abril. El balance neto es una medida de ahorro y eficiencia energética clave para abaratar la factura de los consumidores y para la supervivencia del tejido fotovoltaico nacional, en descomposición tras la moratoria al régimen de primas aprobada el pasado mes de enero.
El sector fotovoltaico español sigue dispuesto a colaborar en cuanto sea necesario para conseguir un sistema eléctrico competitivo y útil para satisfacer las necesidades del país desde la equidad, la transparencia, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica.
