El sector de la construcción reclama cambios en la Ley de Desindexación ante el incremento de las obras desiertas
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) y CCOO del Hábitat han reclamado modificaciones en la Ley de Desindexación y en la Ley de Contratos del Sector Público ante la dificultad de las empresas para asumir los incrementos de costes y el incremento de licitaciones desiertas por este motivo.
El presidente de CNC, Pedro Fernández, ha señalado en rueda de prensa que, según datos de Oirescon, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda, el 9,9% de las licitaciones y el 20,5% de las concesiones quedaron desiertas en 2022. Además, entre enero y marzo de 2023, últimos datos disponibles, un total de 318 licitaciones por valor de 200 millones de euros se habrían visto afectadas por esta situación.
Según CNC, el incremento del precio de los materiales, el encarecimiento de la energía y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) estarían teniendo un impacto en los costes que las empresas, especialmente las pymes, tienen dificultades para asumir. Como ejemplo, Pedro Fernández ha señalado que el coste de los materiales subió tanto entre 2020 y 2021 como lo hizo entre 2007 y 2020, o que el encarecimiento de los mismos en los dos años del periodo 2020-2022 fue el mismo que en los 15 años transcurridos entre 2005 y 2020. En la misma línea, denuncia que el precio de la energía creció a un 3% anual entre 2005 y 2020, para dispararse a un 94% desde 2021 y alcanzar un pico de 190% entre enero y agosto de ese año. También ha señalado que el incremento del 54% del SMI puede afectar al coste de las obras, aunque en este caso ha relativizado su impacto debido a que el convenido general de la construcción establece salarios más elevados.
Según Pedro Fernández, el sector corre riesgo de perder las inversiones de los fondos Next Generation: “2022 y 2023 son el bienio de oro de la licitación pública —con 30.074 millones de euros en 2022 y 25.300 millones licitados en 2023 hasta noviembre— y, si 2024 continúa como hasta ahora, podremos estar hablando de un trienio de oro”. Para hacer frente a esta situación, el presidente de CNC reclama “volver al modelo anterior a 2015”, en referencia al año de entrada en vigor de la Ley de Desindexación, y establecer un sistema de revisión de precios estable, elevar el límite revisable del 20% al 30% —Fernández ha señalado que, en sectores como el asfalto, el incremento de costes ronda el 26%— y que se tenga en cuenta la situación de los costes en el último momento de presentación de la oferta.
Los secretarios generales de UGT Fica, Mariano Hoya, y CCOO del Hábitat, Daniel Barragán, han participado en la rueda de prensa compartiendo el diagnóstico del presidente, si bien han mostrado discrepancias en las causas. Tanto Hoya como Barragán han centrado su crítica en la Ley de Contratos del Sector Público y en la necesidad de establecer unos criterios que impida a las empresas ofertar con márgenes mínimos. “No se puede licitar con reglas de pura subasta —denuncia Barragán—. Tenemos muchos ejemplos de contratación pública poco ética. No debe ser legal licitar con márgenes que no permiten ni asumir costes ni pagar salarios”.
En la misma línea se expresó el secretario general de UGT Fica, Mariano Hoya, que lamentó que esta situación de precariedad, especialmente en el caso de las pymes, acaba repercutiendo negativamente en los trabajadores mediante recortes de personal o contracciones de jornadas laborales.
Necesidad de mano de obra
La reducción de jornada a 37,5 horas sin merma salarial planteada por el Gobierno también fue tema de discrepancia. Para CNC debería plantearse a través del diálogo social, no con carácter general, aunque tanto UGT Fica como CCOO del Hábitat coincidían en que “ninguna patronal quiere hablar de reducción de jornada”. Mariano Hoya defiende que esta medida se tome desde el Gobierno, mientras que Barragán insistió en la importancia del diálogo social a la hora de abordar este tipo de cambios.
A pesar de las diferencias escenificadas por las tres organizaciones, insistieron en la “urgencia” de abordar el problema del incremento de costes en la licitación pública y lanzaron un llamamiento para la actuación por parte del Gobierno. “Cuando patronal y sindicatos nos ponemos de acuerdo en algo, es porque es positivo para todos. Y en este caso, estamos de acuerdo”, concluyó Daniel Barragán.
