Las constructoras demandan a Fomento por los impagos acumulados
En tiempos de bonanza y burbuja inversora, las peleas entre ambas partes se han centrado en negociar las revisiones de precios de los materiales y demás suministros y las polémicas modificaciones del proyecto. Grandes infraestructuras han registrado cuantiosos sobrecostes y, aunque siempre fue motivo de controversia y se han sucedido diversas reformas legislativas para poner fin a esa práctica, lo cierto es que como había dinero, todo se terminaba pagando.
Ahora la situación es completamente distinta. En 2010, el entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el primer ajuste de la inversión y en Fomento se optó por paralizar algunas obras, aquellas que estuvieran en una situación menos avanzada. Reprogramó casi todas las restantes. Esta segunda actuación perseguía dilatar en el tiempo los pagos, puesto que si estaba previsto que una obra terminara en tres años y se decide alargar a seis, en teoría el coste para la Administración se aminora porque la anualidad a pagar es menor. "Pero eso es solo en teoría, porque al dilatarse la ejecución de los trabajos, estará sujeta a más revisiones de precios y otros sobrecostes sobrevenidos que pueden hacer que al final el ahorro sea casi nulo", ha explicado un funcionario de Fomento.
Paralizar los trabajos suponía que las constructoras afectadas tuvieran derecho a reclamar el desembolso de los lucros cesantes y Fomento no tenía recursos, se decidió no paralizar y sí reprogramar, aunque sea con anualidades casi simbólicas, han admitido fuentes oficiales.
En el pasado, cuando las compañías afectadas intentaban reclamar las indemnizaciones a las que tenían derecho, funcionarios del departamento que dirige Ana Pastor sugerían que lo hicieran, pero entonces les advertían de que se olvidaran de volver a contratar con la Administración central del Estado. Ahora, como la crisis se ha agudizado a límites insospechados, las constructoras han decidido empezar a hacer oídos sordos a esas amenazas veladas. "Antes es cierto que nos intimidaba la posibilidad de que no nos concedieran más obras, pero como ahora sabemos que no habrá nuevas licitaciones en mucho tiempo, esa posibilidad ha dejado de tener importancia", ha aseguraso el presidente de una importante constructora mediana.
Por esta razón, cada vez son más las empresas que deciden reclamar vía judicial las cantidades que les adeuda Fomento, según señalan fuentes del sector. Este será, por tanto, otro de los asuntos que deba resolver el ministerio, precisamente cuando la situación de sus cuentas es más delicada, más aún tras el último ajuste presupuestario anunciado. Tal y como reveló la ministra Pastor en su primera comparecencia parlamentaria, los compromisos de gasto que había suscrito Fomento en el pasado no se correspondían con el dinero disponible. Solo en carreteras el desfase asciende a casi 800 millones más otros 900 millones de gastos no contabilizados.
Han pasado de cobrar directamente del banco las certificaciones de obra que les emitía la Administración correspondiente (Estado, autonómica o local), porque la garantía pública era incuestionable, a no recibir siquiera la factura de dicha certificación de fin de obra porque así no corre el reloj del plazo de pago.
"Se trata de mecanismos bastante perversos que están utilizando todas las Administraciones con el único objetivo de retrasar el momento en que deben pagar un proyecto", han asegurado en una constructora. Esto provoca, por ejemplo, que la recepción definitiva de algunas obras se retrase hasta un año cuando, sin embargo, los coches ya han empezado a circular y en otros tiempos los plazos eran de apenas dos meses, subrayan fuentes del sector. Son medidas que suponen ahorros considerables, pero no pagar no es reducir el gasto, "son más bien trampas que si en otra época eran consentidas por todos porque el crédito fluía, ahora hacen la crisis aún más difícil", ha aclarado un analista experto en construcción.
Fuentes de Fomento han admitido que se está tratando de solucionar la compleja situación heredada del anterior Ejecutivo. Recuerdan que en lo que resta de ejercicio se van a tratar de abonar 600 millones procedentes de expropiaciones no pagadas, 250 millones de obras ejecutadas en 2011 para la que no había dotación presupuestaria y otros 250 millones de obras ya puestas en servicio. La esperanza es ahora que el capital privado retorne a la inversión en infraestructuras.
