Las constructoras consideran insuficiente el aumento en inversión pública
2007 fue el año más próspero en lo que a niveles de licitación y contratación pública se refiere. Los resultados de 2017 reflejan un crecimiento de 8.309 millones de euros en la licitación, lo que se traduce en un aumento del 38%, por su parte la contratación pública ha aumentado en un 32% con respecto al curso anterior, suponiendo un incremento de 4.775 millones de euros. Estos datos no llegan a representar ni una tercera parte de los niveles que se alcanzaron una década atrás, según la información proporcionada por Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
El presidente de la entidad, Julián Núñez, ha iniciado la jornada destacando el importante déficit en el que se encuentra nuestro país en cuanto a infraestructuras. Hablamos de una cantidad de 114.000 millones de euros. Teniendo en cuenta la importante caída de la actividad concesional (-46% con respecto al año anterior), el sector está aun a «años luz» de su recuperación. Lo que ha quedado claro es que el objetivo mas inmediato de las instituciones pertinentes es reducir en la medida de lo posible esa insuficiencia.
En cuanto al ciclo integral del agua, el déficit es de 12.000 millones de euros hasta 2021 y, por si fuera poco, a eso se le añaden las sanciones de la CE por incumplimiento de Directivas. «Si nos referimos al agua, tardaremos 39 años en cumplir los objetivos de inversión 2021», así ha explicado Julián Núñez la situación que vivimos. Tal es el momento en el que nos encontramos que estos pobres registros se encuentran también en otras disciplinas como transporte, logística, educación, o en el tratamiento de residuos medioambientales, en el cual se anuncia que necesitaríamos más de un centenar de años para cumplir con los objetivos de inversión de 2020.
Pero no todo son malas noticias, el presidente de Seopan ha anunciado que el Ministerio de Fomento ha aumentado su registro de inversiones en un 13,7%, suponiendo un incremento de 7.765 millones de euros. Por su parte el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente, Mapama, ha consolidado el presupuesto de 2017 superando al de 2016, aunque, en palabras del S. Núñez, «es sorprendentemente insuficiente».
Las consecuencias inmediatas de ésta caída se reflejarían en dos sectores muy importantes para la economía española: Por un lado, el turismo. Somos la segunda potencia mundial que más turistas alberga, tan solo por detrás de nuestro país vecino, Francia. Todo ello debido a la amplia red de aeropuertos que tenemos en España. Este último año, se han soportado 66 millones de pasajeros en infraestructuras españolas; por otro lado, las exportaciones, que en 2017 han registrado unos movimientos de un total de 54 millones de toneladas.
Por lo tanto, no invertir implica una reducción de la actividad, el surgimiento de una economía inducida, una menor creación de empleo, un menor retorno fiscal y, lo que es más importante, una reducción del bienestar ciudadano. Esto se refiere al aumento de los accidentes mortales de carretera en el último año, la media de entre 13 y 23 horas al año que una persona permanece en un atasco y, sobre todo, los gases de efecto invernadero y la consecuente peor calidad del aire.
Para este año 2018, se prevé que la inversión española se reduzca en un 63%, algo que ampliaría notablemente la brecha inversora en gran parte de Europa, situando a algunos países como Francia, Reino Unido o Alemania muy por encima de nuestros registros. Salud, educación, medioambiente y transporte se verán claramente afectados con unas caídas del 30%, 71%, 62% y 54%, respectivamente.
«Somos conscientes de la realidad de la insuficiencia inversora, y de que hay nuevos factores que presionan la bajada de la inversión». Es así como ha anticipado el presidente de Seopan las medidas que se pretenden tomar. El objetivo ahora consiste en establecer pactos con las administraciones políticas y la implementación de nuestra red viaria libre de modelos de gestión y financiación propios de la UE, esto implicaría un refuerzo económico anual de 2.500 millones de euros. De la misma manera se fomenta la cooperación entre las entidades públicas y privadas. Esta relación generaría beneficios para todos y llevarla a cabo no es tarea complicada debido a la situación favorable de los mercados financieros o la garantía que proporciona un marco político estable y seguro.
La nueva ley de contratos que fomenta la innovación, la previsión de licitar actuaciones de 2.000 millones de euros para invertir en autopistas y el Plan de la Comunidad de Madrid de remodelación de hospitales han sido los últimos tres puntos tratados en la sesión. Para finalizar la jornada, Julián Núñez ha explicado que «hemos tocado suelo», 2017 ha supuesto un crecimiento mínimo en comparación con los dos años anteriores en los que no se creció, pero tampoco se decreció.
