2023 en el sector del agua urbana: un año clave para la digitalización y los retos legislativos y económicos

Pero sin ninguna duda, para el sector del agua urbana 2023 ha sido el año del impulso definitivo de la digitalización del sector.

Con la puesta en marcha, en 2022, del PERTE de Digitalización del Agua, que desde nuestro sector propusimos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, arrancábamos este año ilusionados con esta ambiciosa iniciativa, ya que supone una gran oportunidad para los operadores de los servicios urbanos del agua y una inyección de energía y motivación para el sector, dado que nos permitirá desarrollar proyectos clave para mejorar su eficiencia.

Recientemente se ha publicado la resolución definitiva de la primera convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua, concediendo ayudas a 30 de los proyectos presentados por un importe total de 200 millones de euros, que permitirán realizar inversiones próximas a los 400 millones de euros.

Asimismo, el 22 de diciembre finaliza el plazo de presentación de proyectos para la segunda convocatoria del PERTE, que otorgará otros 200 millones de euros de ayudas, y para el que las empresas de los servicios de agua urbana han vuelto a presentar nuevos proyectos emblemáticos y ejemplares. Pero esto no finalizará aquí, dado que se prevén otras dos convocatorias adicionales, ya que está prevista una inversión total de 3.060 millones de euros —1.940 M€ de inversión directa y 1.120 de fondos complementarios público-privados— mediante varios instrumentos de financiación.

Y es que hay que resaltar que la digitalización en el sector del agua urbana tiene un enorme potencial de optimización de los procesos de tratamiento de agua y de mejora del rendimiento del sistema y satisfacción del cliente. Permite a las empresas de servicios públicos del agua urbana poner al cliente en el centro de nuestra actividad y evolucionar hacia una gestión proactiva, de manera que se consigue un suministro de agua y un tratamiento de las aguas residuales urbanas más eficiente y sostenible.

Asimismo, través de la digitalización se pueden tomar decisiones más informadas, reducir costes y mejorar la seguridad hídrica. Su impacto puede ser muy significativo en áreas clave de la prestación de los servicios de agua urbana, como son el monitoreo y control remoto, el mantenimiento predictivo, la optimización energética, la recuperación de recursos y el fomento de la economía circular, los sistemas de apoyo a las decisiones, el compromiso con el cliente, la gestión de las fugas, la calidad del agua y la medición y facturación inteligente.

Este año 2023 también ha traído consigo una serie de retos legislativos destacables que, fundamentalmente, nos han llegado desde Europa.

El pasado 11 de enero se publicó el Real Decreto por el que actualizan los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, y que traspone la Directiva de aguas de consumo. Pretende establecer el marco jurídico para proteger la salud de los efectos adversos de cualquier contaminación del agua de consumo y facilitar el acceso a la misma.

Esta norma supone un gran reto para el sector, ya que afecta a las aguas de consumo que llegan al usuario a través del grifo, así como al control de su calidad, garantizando y mejorando su acceso, disponibilidad, salubridad y limpieza. Además, exige una adaptación de procedimientos en la actividad de los operadores y las administraciones públicas implicadas y tendrá un importante impacto económico en los costes de los servicios de abastecimiento.

Pero hay otro crucial desafío legislativo que también llega desde Europa y es la nueva propuesta de Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta propuesta se encuentra actualmente en fase de tramitación y su aprobación probablemente se producirá antes de las elecciones europeas, previstas para el próximo mes de junio de 2024.

Desde AEAS hemos trabajado en ella, aportado nuestra experiencia y conocimiento con el objetivo de que la normativa resultante sea lo más adecuada posible. Pensamos que esta nueva Directiva es necesaria y una buena noticia, ya que supondrá un avance en la protección de medio ambiente, los ciudadanos, la gobernanza, la trasparencia y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los planteados por el Pacto Verde Europeo. El texto incluye importantes novedades sobre economía circular, eficiencia energética, control de la contaminación de microcontaminantes o la vigilancia sanitaria a través de las aguas residuales.

Por todo ello, esta ambiciosa Directiva llevará consigo importantes desafíos tecnológicos —es imprescindible disponer de tecnologías altamente eficientes—, de gobernanza —por el complejo marco competencial de nuestro país— y económicos.

En ese sentido, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, se prevé un gran impacto económico y unos importantes sobrecostes de los servicios de saneamiento, por lo que creemos que la norma debe venir acompañada de una sólida estrategia de financiación, garantizando tanto la asequibilidad de las tarifas como la estricta aplicación del principio de ‘quien contamina paga’. Asimismo, desde el sector del agua urbana defendemos que es necesaria una extensión de plazos para poder dar cumplimiento real a muchas de sus exigencias.

Es obvio que tenemos importantes desafíos a afrontar en el corto plazo, pero no nos podemos olvidar los retos que el sector del agua urbana de debe resolver a más largo plazo.

Desde hace años, venimos reclamando la necesidad de realizar un mayor esfuerzo inversor sostenido para acometer tanto la renovación de las infraestructuras como la construcción de otras nuevas, si queremos alcanzar los objetivos medioambientales, mantener la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua, así como avanzar en el cumplimiento de los ODS y en la lucha contra el cambio climático. Actualmente, en España la media anual de inversión real en el ciclo del agua urbana no alcanza el 50% de lo necesario.

Asimismo, no nos cansaremos de incidir en que debemos progresar en el cumplimiento de los preceptos recogidos en la Directiva Marco del Agua, que establece los principios de ‘recuperación de costes’, una ‘adecuada contribución del usuario’ y de que ‘quien contamina paga’.

No cabe duda de que la sostenibilidad económica de los servicios de agua urbana es un importante desafío que debemos resolver cuanto antes, ya que nos encontramos en una coyuntura económica donde se han producido y se producirán sobrecostes muy significativos, que traen consigo el incremento de los precios de suministros y de los servicios que conforman el coste del agua.

Hay que resaltar que, en general, el sector del agua urbana no ha repercutido suficientemente en las tarifas estos incrementos de costes. Sin la sostenibilidad económica de los operadores, será muy complicado mantener la necesaria sostenibilidad social y ambiental.

Desde hace años, España cuenta con una de las tarifas de agua urbana más bajas de Europa. Actualmente nos situamos un 45% por debajo de la media europea. Es importante señalar que la tarifa actual solo cubre, y no siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidad del agua y servicio. Desde el sector, sostenemos que debería establecerse una estructura de costes y tarifaria clara y transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las inversiones necesarias.

Asimismo, continuamos reclamando una armonización regulatoria en materia de gobernanza y administración de los servicios urbanos del agua, orientada a la eficiencia y la adecuada transparencia, así como un mayor impulso a la innovación.

Por ello, pensamos que se hace necesaria la figura de un cuerpo regulador técnico e independiente cuyo objetivo debe ser el de armonizar las estructuras tarifarias y atender al cumplimento de los niveles básicos de prestación de estos servicios públicos y vitales, así como a la estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y social de los mismos, aportando claridad y seguridad jurídica.

Por último, sería deseable un pacto social y político que contemple también las demandas del sector del agua urbana, para lograr acometer todos estos importantes desafíos. Dicho consenso requiere de la implicación y acuerdo de todos los actores ─estatal, autonómico, local y la propia ciudadanía─ para afrontar con éxito todos estos retos, que son necesarios para garantizar la sostenibilidad medioambiental, económica y social de los servicios de agua urbana.