Previsiones para el año 2023 en materia de agua

Javier Romero de Córdoba es el presidente de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, Asagua.

En verdad se enfrentan la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cedente, y las de Andalucía, Murcia y Valencia que son las cesionarias; la una porque no quiere ceder tanta agua y las otras porque no quieren perderla y todo porque el Plan Hidrológico del Tajo impone unos caudales ecológicos que según el criterio de los partidarios del trasvase son innecesarios.

Los motivos de la oposición son muchos, tanto como las alegaciones que se han presentado ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo, entre las que figura el incumplimiento del acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua. Finalmente, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en su dictamen de 19 de enero de 2023, declara que está sujeto a derecho el Plan Hidrológico del Tajo.

Las noticias sobre esta pelea se desenvuelven en el ámbito puramente social, muy importante, pero no se cuenta con los aspectos técnicos, lo que trae a colación esta pregunta ¿Quién debe predominar a la hora de planificar, lo científico y técnico o lo político? Parece indudable que los aspectos técnicos han de primar para establecer los recursos y solventar las necesidades, y los políticos en el momento de dar cumplimiento a lo planificado. En el fondo de la cuestión se enfrentan dos opciones: trasvasar o desalar; lo segundo es más caro.

Hasta aquí un resumen de la situación del conflicto que en el extremo llegará a los tribunales de Justicia, sobre la cual decimos que es una pena que no haya un mayor y mejor entendimiento para solventar los problemas que, como a cualquier actividad, acechan al agua.

La raíz de estas desavenencias es el valor comercial del agua. El agua es un bien imprescindible para la vida; tanto, que sin agua no hay vida, pero tiene un valor que se puede cuantificar. La Directiva Marco del Agua lo ha hecho sentando que es el coste de llevarla a los hogares en óptimas condiciones y de devolverla a la naturaleza bien depurada, incluidos los gastos de primera instalación. Es decir, el agua ha de pagarla el usuario para conseguir que su uso racional y honesto la haga sostenible. Cuestión distinta es la ayuda social a los usuarios que no tienen recursos para pagarla, que una sociedad solidaria debe tener en cuenta.

"Es una pena que no haya un mayor y mejor entendimiento para solventar los problemas que, como a cualquier actividad, acechan al agua"

Allá por el año 2015 se produjo un intento de alcanzar un Pacto Nacional por el Agua que, súbitamente, quedó interrumpido. Ese intento obedecía y obedece a la necesidad de lograr un acuerdo entre los distintos agentes del agua para alcanzar un reparto equitativo de la misma entre las distintas administraciones. Conseguirlo no es tarea fácil, teniendo en cuenta que las competencias en materia del ciclo urbano del agua están residenciadas en los entes locales, que son más de 8.000, a las que hay que sumar, en su caso, las de las diputaciones, autonomías y Estado. Es difícil, pero se puede y se debe conseguir, máxime en estos tiempos de cambio en que los recursos escasean.

La ciencia y la técnica están para ayudar a resolver el problema que consiste en evaluar los recursos disponibles y repartirlos se forma equitativa, ejecutando para ello las actuaciones necesarias, tarea que corresponde a los poderes públicos.

Las opciones que se presentan son varias, así que hay que cohonestarlas. Al respecto, sirvan como ejemplo las leyes del ciclo urbano del agua de Castilla-La Mancha, centralista, y la de La Xunta de Galicia que se fija más en los entes locales; opciones elegidas en función de la distribución de la población en sus respectivos territorios; cuestión de gestión para distribuir los recursos.

En coherencia con lo dicho, podemos definir 2023 como el año de los planes hidrológicos de cuenca, ya que su aprobación es inminente. Planes que se resumen en una inversión de casi 21.000 millones de euros, de los que 8.000 los ejecutarán la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas y las sociedades de aguas.

Además, hay que añadir el dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el específico del PERTE del agua, que se desarrollará en régimen de colaboración público-privada con una inversión total que alcanzará los 3.000 millones de euros y la inversión que contemplan los Presupuestos Generales del Estado.

"La ciencia y la técnica están para ayudar a resolver el problema que consiste en evaluar los recursos disponibles y repartirlos se forma equitativa"

Se conforma así un buen futuro inmediato para el agua, en el que el reto es invertir para cumplir lo planificado. Parece que se acaba la penuria inversora de años atrás. Hacemos votos para que esta dinámica sea el comienzo de una era en la que la inversión no deje de ser sostenida y sostenible. Con ello gana el conjunto de la sociedad y mejora la salud del medio ambiente. Para cumplir este reto inversor se aventura la necesidad de una reforma en profundidad de las administraciones públicas que vaya más allá de la que dispone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plazo que media entre el anuncio de licitación de una actuación y su adjudicación supera los seis meses y con frecuencia alcanza al año, cuando no es mayor. Se impone una reforma estructural aligerando trámites y plazos. Desde que se concibe una actuación hasta que se licita pasan muchos meses, con lo que en ocasiones los precios ofrecidos no están actualizados y las licitaciones quedan desiertas, sobre todo en el contexto actual en el que las subidas de precios son tan importantes, los suministros se retrasan y los poderes públicos no toman medidas efectivas para revertir la situación.

Hay un problema que acompaña al sector, podemos decir que desde siempre. No es otro que el de las bajas en las licitaciones. Desde tiempos pretéritos, el órgano de contratación ha buscado obtener el mejor resultado al mejor precio posible, de ahí que subastara las actuaciones. Con el tiempo la subasta se ha ido matizando y han surgido nuevas formas de contratación y de figuras jurídicas que han venido a dulcificar el principio del riesgo y ventura evitando que el contratista, por el hecho de serlo, tuviera que afrontar situaciones surgidas de acontecimientos ajenos a su voluntad en las que las condiciones del contrato suponían una carga excesiva para él.

Hoy se busca conseguir la mejor relación calidad-precio a tenor de criterios objetivos y subjetivos, entre los cuales está la memoria técnica, que dice cómo el oferente va a hacer la obra. De todos es el más importante, sin embargo, no es el mejor valorado, aunque no debiera de ser así. En el fondo de la situación subyace la idea del error humano, cuando no la de la corrupción. La situación ante estos prejuicios se puede solventar con un comité de expertos. Lo que está claro es que la mejor oferta no es la más barata, sino la que cumple la mejor relación calidad precio; idea cuya aceptación sin reservas supondría un paso hacia adelante y evitaría las rescisiones de contratos tan dañinas para el interés público.

2023 está llamado a ser el año en que las administraciones públicas tomen medidas para solucionar la crisis de los precios, una de las cuales, a lo mejor la más inmediata y sin perjuicio de otras, es volver a la revisión de precios de toda la vida, incorporando a las fórmulas el término energía, cuyo precio se ha desbocado a partir de mediados de 2021 y aplicarla a todos los contratos, no solo a los de obras. No es justo que los operadores hayan tomado medidas excepcionales para garantizar el servicio durante la época dura del Covid-19 y que ahora tengan que soportar en solitario unas pérdidas ajenas a su actuación, mientras los poderes públicos se cruzan de brazos y aceptan el lucro que para ellos conlleva esta situación.

El año en curso debe ser el año de los desatascos —dicho en términos hidráulicos—, la época en la que al amparo de las inversiones prometidas florezca el sector para evitar el frenazo sufrido en los años pasados en la rehabilitación e incremento del stock de capital público hidráulico, tan necesario para el bienestar social, lo cual le permitirá recuperar su capacidad intelectual y apuntalar su prestigio a nivel internacional.

La mejor oferta no es la más barata, sino la que cumple la mejor relación calidad precio; idea cuya aceptación sin reservas supondría un paso hacia adelante y evitaría las rescisiones de contratos tan dañinas para el interés público