Agua potable más segura para todos los europeos
El derecho de acceso a servicios básicos de calidad, incluido el acceso al agua, es uno de los principios del pilar europeo de derechos sociales aprobado por unanimidad por los Jefes de Estado o de Gobierno en la Cumbre de Gotemburgo. La propuesta legislativa de hoy tiene por objeto garantizar este derecho y responde así a la primera iniciativa ciudadana europea en lograr sus objetivos: la iniciativa por el derecho al agua, que reunió 1,6 millones de firmas para respaldar la mejora del acceso al agua potable y segura para todos los europeos. Además, la propuesta pretende fortalecer a los consumidores velando por que los distribuidores de agua les ofrezcan información más clara con relación al consumo, el análisis de costes y el precio por litro, de forma que sea posible realizar una comparación con el precio del agua embotellada. Ello contribuirá a los objetivos medioambientales de reducir el uso innecesario de plástico y de limitar la huella de carbono de la UE, así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «Los ciudadanos se han pronunciado alto y claro mediante la iniciativa ciudadana europea, instando a la acción para garantizar el acceso al agua potable y segura. Hemos escuchado con atención su petición y hemos llevado a cabo un análisis detallado de la legislación actual. Así pues, lo que hoy proponemos es modernizar la legislación de la UE, para mejorar la calidad del agua potable y facilitar el acceso a los ciudadanos donde más se necesite. Juntos, podemos y debemos proteger la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos».
El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de crecimiento, empleo, inversión y competitividad ha afirmado: «Mediante esta propuesta, facilitamos la transición hacia una economía circular, al ayudar a los Estados miembros a que gestionen el agua potable optimizando los recursos. Ello implica reducir el uso de energía y la pérdida innecesaria de agua. Gracias a una mayor transparencia, también se dará mayor poder a los consumidores y se les animará a optar por alternativas más sostenibles, como por ejemplo, el agua del grifo».
La mayor parte de las personas que viven en la UE disfrutan de buen acceso a agua potable de gran calidad. Ello es resultado de una amplia labor legislativa en la UE para proteger a los europeos y garantizar que cuenten con un acceso a agua potable de gran calidad. La Comisión desea velar por que esta calidad se mantenga a largo plazo. Las normas que la Comisión propone actualizar hoy mejorarán la calidad y la seguridad del agua, al añadir sustancias nuevas, y hasta ahora no incluidas, a la lista de criterios para determinar la seguridad del agua (como la legionela y el clorato). Estas inclusiones tienen en cuenta el conocimiento científico más reciente y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Las nuevas normas requerirán que los Estados miembros mejoren el acceso para todas las personas, especialmente en el caso de los grupos vulnerables y marginados, que actualmente tienen dificultades para disponer de agua potable. En la práctica, esto supone instalar el material necesario para ofrecer agua potable en los espacios públicos, lanzar campañas para informar a los ciudadanos sobre la calidad del agua, y animar a administraciones y edificios públicos a que ofrezcan acceso a agua potable.
Otra modificación importante de la legislación consistirá en ofrecer al público de manera fácil y sencilla (también en línea) información sobre la calidad del agua potable y su suministro en la zona en la que viven, a fin de incrementar su confianza en el agua del grifo. Según las previsiones, las nuevas medidas reducirían los posibles riesgos para la salud vinculados al agua potable de un 4% a menos de un 1%.
Además, reducir el consumo de agua embotellada puede ayudar a los hogares europeos a ahorrar más de 600 M€ al año. Si confían más en el agua del grifo, los ciudadanos también pueden contribuir a reducir los residuos plásticos procedentes del agua embotellada, incluyendo la basura marina. Las botellas de plástico son uno de los artículos de plástico de un solo uso que se encuentran con más frecuencia en las playas europeas. Con la actualización de la Directiva sobre el agua potable, la Comisión da un paso importante en materia legislativa para la aplicación de la estrategia de la UE en materia de plásticos, anunciada el 16 de enero de 2018.
Una mejor gestión del agua potable en los Estados miembros evitará la pérdida innecesaria de agua y contribuirá a reducir la huella de CO2. Así pues, la propuesta supondrá una contribución importante para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 (Objetivo 6) y los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El nuevo planteamiento de la seguridad basado en los riesgos ayudará a desarrollar controles de seguridad más específicos en aquellas áreas en que el riesgo sea mayor. Paralelamente, la Comisión también acelerará la labor de normalización para que los productos de construcción del sector hídrico del mercado interior de la UE, como los depósitos o las tuberías, no contaminen el agua potable.
Contexto
La mayor parte de las personas que viven en la UE cuentan ya con un buen acceso a agua potable de gran calidad, especialmente si se compara con otras regiones del mundo, y gracias, en parte, a más de treinta años de legislación de la UE sobre la calidad del agua potable. Esta política vela por que el agua destinada al consumo humano solo se consuma de forma segura, y protegiendo la salud de los ciudadanos. Los principales pilares de esta política son:
- velar por que la calidad del agua potable se controle mediante normas basadas en los resultados científicos más recientes;
- garantizar un seguimiento, evaluación y aplicación eficaces y eficientes de la calidad del agua potable;
- ofrecer a los consumidores información adecuada, oportuna y apropiada.
En el Programa de trabajo de la Comisión para 2017 se incluyó la revisión de la Directiva sobre el agua potable 98/83/CE como respuesta directa a la iniciativa ciudadana europea sobre el derecho al agua. La propuesta se presenta tras la evaluación, en el marco del programa REFIT, de la Directiva sobre el agua potable, y va acompañada de una evaluación de impacto y de las recomendaciones de la OMS.
