España, referente en incumplimientos en materia de agua, está cada vez más lejos de alcanzar los ODS

España debe mejorar en el cumplimiento de las directivas y recomendaciones europeas en materia de agua, tal y como lo confirman los últimos análisis elaborados por Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, por lo que, aparte de tener que hacer frente a sanciones millonarias, difícilmente podrá alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este campo marcados por Naciones Unidas para 2030. En primer lugar, el ODS 6 (ODS 6.3) propone reducir un 50% las aguas residuales sin tratar, ya que, ahora mismo, solo el 32% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración terciarios, consolidando con ello un periodo de 30 años de incumplimiento reiterado de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas y de la Directiva Marco CE DM2000.

La Comisión Europea (CE), tras reiteradas advertencias, ha denunciado a España por la existencia de varias poblaciones de más de 15.000 habitantes que no disponen ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. En abril de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia condenatoria, reiterada en 2017, a causa de que España seguía sin cumplir las directivas, culminando el proceso con la imposición de multas millonarias (12 Millones de euros -M€-, más 11 M€ por semestre de incumplimiento, en municipios de Asturias, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias).

Además, este ODS (ODS 6.5) insta a conseguir una gestión integral de recursos hídricos a todos los niveles. Según la OCDE, España es el país europeo con mayor variabilidad de tarifas del agua, dentro de su propio territorio, de manera que, en función de la Comunidad en la que residamos, el precio del m3/agua puede variar incrementándose hasta cinco veces. Ello se debe a que, mientras algunas Comunidades Autónomas recuperan y repercuten el 100% de los costes del ciclo integral del agua a los consumidores, otras no lo hacen, a pesar de que la Directiva Marco del Agua lo impone.

Igualmente, este Objetivo (ODS 6.6), propone proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. Sin embargo, la inversión pública en España en protección de medioambiente -según datos de la CE de 2019- es de 24 €/habitante, lo que representa un 47% inferior a la media de los países de la Unión Europea. Al inicio de la consolidación fiscal, el ratio de inversión por habitante en España en este ámbito fluctuaba entre 56 y 73 €/habitante, habiéndose reducido dicha cifra en más de un 62%. Esto explica que España también lidere el ranking europeo de sanciones ambientales abiertas por la CE, superando ya a Grecia en el número de expedientes de infracción abiertos (30) en 2020.

La solución a estos problemas requiere destinar, para la gestión integral de recursos hídricos, 1.600 M€, con nuevas infraestructuras de regulación (presas) de reutilización de aguas residuales o estanques de tormentas en medidas estructurales, y, en medidas estructurales, en torno a 3.500 M€ en más de 190 actuaciones en depuración con lo que, además de cumplir la normativa europea, se beneficiarían más de 2.100.000 personas (900.000 viviendas), proporcionando un beneficio social medido por la mejora de la calidad ambiental del agua de 52,5 M€ cada año.

Por su lado, el ODS9 indica que es necesaria la reposición de las redes de distribución de agua, que en un 40% de su extensión tienen una antigüedad media superior a los 30 años. Lo mismo ocurre con las redes de alcantarillado, con más de 40 años de antigüedad en el 76% de su extensión en áreas metropolitanas. Según indica Seopan, en España, siendo uno de los países europeos con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo, se pierden 26 litros de agua por cada 100 litros suministrados a la población. Las necesidades de inversión en reposición de redes y otras infraestructuras relacionadas, como depósitos y estaciones de bombeo y potabilización, es cercana a los 2.900 M€, de los que más de la tercera parte, el 35%, son además inversiones que, de no cumplirse, conllevan sanciones de la Comisión Europea.

Asimismo, recoge Seopan, el ODS 11 pide vincular las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación y desarrollo regional para acabar con la denominada “España vaciada”. A este respecto, se propone dotar de infraestructuras básicas de alcantarillado y depuración en municipios de menos de 50.000 habitantes, ya que, la última encuesta de infraestructuras y equipamiento locales (EIEL) concluyó que 1.776.363 viviendas en nuestro país no disponen de servicios de depuración y más de 339.000 no disponen de servicios de alcantarillado. Esto requeriría invertir 2.220 y 742 M€ en infraestructuras de alcantarillado y depuración, respectivamente, para proporcionar un servicio básico a más de 2.115.000 viviendas, dotándolas de unos servicios de los que hoy carecen, y corrigiendo los negativos efectos que ello supone para la salud y el medioambiente.

Por último, el ODS 15 busca luchar contra la desertificación, la sequía y las inundaciones. Estas últimas constituyen la mayor catástrofe natural en España al concentrar el 98% de los daños en bienes y personas y perdidas pecuniarias, que, desde 1981, suman más de 5.320 M€ de daños. La indemnización media anual, según estudio realizado por el Consorcio de Compensación de Seguros relativo al periodo 2010/2018, asciende a 185 M€ cada año. Más recientemente, el Consorcio ha valorado en 422 M€ el coste por indemnizaciones solicitadas tras la DANA de septiembre de 2019.

Según el último informe realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, la inversión en infraestructuras para prevenir avenidas e inundaciones se elevarían a 1.397 M€ si se considera un horizonte temporal de 2027; en caso de extenderse hasta 2033, serían 5.109 M€ de inversión en un conjunto de 226 medidas de presupuesto igual o superior al millón de euros.

En lo relativo a la desertificación y la sequía, apunta Seopan, España es uno de los países con mayor superficie bajo estrés hídrico severo en comparación con nuestros vecinos europeos, lo que indica que en un 72% de nuestra superficie el consumo de agua supera el 40% del agua total disponible y casi la mitad de nuestra superficie se encuentra en riesgo de desertización, con la estimación de que, a final de siglo, alcanzará al 70% de nuestro territorio.

Según Julián Núñez, presidente de Seopan, “Invertir en infraestructuras de regadío es una prioridad para prevenir la desertificación y la sequía y, además, una oportunidad para revitalizar nuestro sector agrícola, uno de los de más importancia relativa en la Unión Europea, que supone el 3,8% de nuestro PIB, y que tiene un gran potencial de desarrollo en su productividad e incremento del valor añadido, tanto en proporción al área de cultivo como al volumen de agua utilizado con estos fines”.

En infraestructuras de regadío, hay programados más de 2.900 M€ de inversiones en el ciclo de programación hidrológica 2016/2021, que permitirían incrementar la superficie regada en España en más de 533.300 hectáreas, induciendo un beneficio económico anual de 788 M€.