El aprovechamiento energético de 456 GWh al año, entre las principales contribuciones del sector del agua urbana a la Economía Circular

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, y el secretario general de AEAS, Ramiro Angulo, presentaron en Madrid el pasado 2 de octubre a la prensa especializada del sector los resultados del ‘XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018’, elaborado conjuntamente con la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA). En esta edición, la muestra del Estudio ha alcanzado los 34,2 millones de habitantes -el 73,5% de la población española- y los 1.585 municipios.

El documento, que ofrece datos consolidados del sector del agua urbana recogidos en el año 2016, traza una radiografía de estos servicios públicos básicos en España, donde el 73% del agua urbana es de uso doméstico, el 13% se dedica al consumo industrial y comercial y el 14% restante se asigna a otros usos, como pueden ser los municipales o institucionales. Tiende a repuntar el consumo industrial y comercial después de la disminución que había sufrido este uso en años anteriores.

Por primera vez, este Estudio Nacional incluye indicadores relacionados con la estrategia europea sobre Economía Circular –reutilización de agua y materia orgánica, energía y cambio climático- tanto por su importancia como por el compromiso del sector para minimizar sus afecciones ambientales.

La Estrategia de Economía Circular, impulsada por la Unión Europea, tiene una aplicación directa en los operadores de abastecimiento y saneamiento. Además, la preocupación por el cambio climático se ve reflejada en la aplicación de diferentes técnicas implementadas por los servicios de agua urbana para minimizar, en lo posible, la huella de carbono del sector.

En ese sentido, en España, la media de consumo energético por cada 1.000 litros de agua es de 0,98 KWh/m³. El consumo energético de servicio del ciclo integral del agua por hogar es de 117 KWh, lo que supone menos que el gasto energético que se produce en el consumo “en espera” de los aparatos que habitualmente tenemos en los hogares, y es 10 veces inferior al consumo producido por calentar el agua que consumimos en los hogares.

El aprovechamiento energético producido por el sector o, lo que es lo mismo, la generación de energía por parte de los servicios de agua urbana se sitúa en torno a los 456 GWh/año, cifra equivalente a suministrar energía eléctrica durante un año a una población de 150.000 habitantes.

El 72% de los operadores de los servicios de agua urbana cuenta con dispositivos de aprovechamiento energético, el cual se consigue a través de energías renovables y verdes. El 40% de ese aprovechamiento se destina a autoconsumo.

Las formas de aprovechamiento en el sector se centran en aprovechamientos de biogás en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y en el potencial hidroeléctrico de los caudales de agua empleados. Asimismo, estas dos fuentes son las mayores generadoras de energía para el conjunto de los operadores.

El 63% de los operadores de los servicios de agua urbana calcula su huella de carbono. La emisión de CO₂ por parte de estas entidades es de 30,08 kg. de CO₂ equivalente por habitante y año, lo que significa el 0,434% del total de emisiones españolas de CO₂ a la atmósfera. El 62% de los operadores dispone de un plan para mitigar o compensar la emisión de CO₂.

También en sintonía con la Estrategia de Economía Circular hay que destacar que, según los datos del Estudio, en España se reutilizaron unos 268 hm³, alrededor del 7% del agua residual depurada y regenerada. Las comunidades autónomas que generaron un mayor volumen de agua residual reutilizada fueron la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares y Madrid.

El agua regenerada se destina a los siguientes usos: el 45% a la agricultura, el 36% al riego de jardines y zonas de ocio, el 10% a la industria, el 7% a la limpieza de alcantarillado y/o baldeo de calles, y el 2% restante a otros usos.

Por lo que respecta a la producción anual de fangos de depuración, la cantidad asciende a un total de 701.751 toneladas de materia seca -90 kilos de fango por persona y año-, de los cuales un 85% se destinan a agricultura (biosólidos), jardinería y silvicultura; un 10% a incineración o valoración energética; y un 5% van a vertedero.

En cuanto al volumen de biogás producido en las EDAR, se produjeron 138 Nhm³/año, lo que supone 5,8 Nm³ por habitante/año. Este volumen de biogás tiene una capacidad calorífica media de 22.754 Kj/Nm³. La generación de gas supone, en aquellas ciudades con este aprovechamiento, el 4% del volumen total de gas consumido por los hogares.

Al igual que en años anteriores, la inversión prevista, tanto en los presupuestos generales como en los planes locales de inversión, continúa siendo insuficiente y las infraestructuras del agua están envejeciendo, con el consiguiente riesgo de perder los niveles actuales de calidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

El importe total facturado al conjunto de los consumidores por el agua urbana en España asciende a 7.566 millones de euros, de los cuales, aproximadamente, un 50,4% corresponden a abastecimiento de agua, un 41,2% a saneamiento (28,2% depuración y 13% alcantarillado) y el 8,4% a otros conceptos, como por ejemplo contadores o acometidas. La facturación del sector del agua urbana en España supone el 0,65% del PIB.

Los datos del Estudio reiteran que apremia acometer tanto la renovación de infraestructuras como la construcción de otras nuevas, éstas últimas fundamentalmente en materia de saneamiento (alcantarillado y depuración). Es necesario que la ciudadanía y las autoridades sean conscientes del déficit de inversión que diagnostica y arrastra el sector, especialmente en las necesidades de renovación.

España cuenta con unas 1.300 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que suministran un total de 4.080 hm³ a los depósitos urbanos y las redes de distribución. Disponemos de 3.163 depósitos que pueden almacenar hasta 14,18 Millones de m³.

La dotación de agua -el agua total que sale de los depósitos de distribución para el consumo- es de 240 litros por habitante y día para todos los usos, un 3,1% inferior al del anterior Estudio, cifra que ha ido descendiendo progresivamente desde el año 2007.

En cuanto a las redes de distribución de agua, España cuenta con un total de 225.000 km. de red, 4,6 metros de red de abastecimiento por habitante, con los que podríamos dar cinco vueltas y media a La Tierra. En relación con el anterior Estudio AEAS-AGA, continúa un evidente envejecimiento de estas instalaciones, ya que el 39% tiene más de 30 años, el 19% entre 20-30 años, el 26% entre 10-20 años y el 17% restante cuenta con menos de 10 años. Los datos revelan que su porcentaje de renovación es del 0,6%, un 0,3% menos que en el anterior Estudio.

De acuerdo con los datos del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, el volumen de agua no registrada (ANR) -incluye las pérdidas aparentes y reales del agua- ha disminuido del 23% al 22%.

Por lo que respecta al parque de contadores, hay 21 millones de contadores de agua de los cuales el 74% tiene una antigüedad inferior a los 10 años. Su porcentaje de renovación fue del 6%. En relación a la telelectura, se aprecia un aumento significativo de esta técnica en todos los estratos de población, subiendo a entre el 4% y el 6% en municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes, cuando en el anterior Estudio no llegaba al 1%. En áreas metropolitanas el porcentaje de telelectura se sitúa en el 16,7%.

Asimismo, se observa un progresivo envejecimiento de las redes de alcantarillado, que actualmente suman 165.000 km. de red, 3,5 metros de tubería por persona. Su porcentaje de renovación es del 0,38% y el 58% tiene más de 30 años, el 16% tiene entre 20-30 años, el 15% entre 10-20 años y el 11% restante menos de 10 años.

En nuevas infraestructuras el déficit de inversión se hace más evidente en el saneamiento, más concretamente en la falta de instalaciones para la depuración de aguas residuales, fundamentalmente en municipios de pequeño y mediano tamaño, lo que provoca que España continúe incumpliendo la Directiva 271/91 sobre tratamiento de las agua residuales urbanas.

España cuenta con unas 2.300 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), que tratan un total de 3.769 hm³ de aguas residuales, unos 222 litros de agua depurada por habitante y día.

El consumo medio doméstico baja y pasa de los 139 a los 132 litros por habitante y día, entre los más bajos de Europa. Existe una homogeneidad de los datos en las poblaciones con menos de 100.000 habitantes, con consumos medios de 144 litros por habitante y día, valores muy superiores a la media nacional. El menor consumo se produce en los estratos de más de 100.000 habitantes.

En el año 2018, el precio medio del agua para uso doméstico se sitúa (sin IVA) en 1,84 €/m³ y la factura del agua supone el 0,89% del presupuesto familiar, una de las más bajas de Europa.

Según los resultados arrojados por el reciente Estudio de Tarifas AEAS-AGA 2018, el precio medio del agua para uso doméstico en España en 2018 se sitúa en 1,84 euro el metro cúbico (sin IVA), lo que supone un incremento del 1,66% con respecto a 2017. De esta cantidad, 1,04 €/m³ (el 57%) corresponden al servicio de abastecimiento y 0,80 €/m³ (el 43%) al servicio de saneamiento. Con un céntimo de euros se dispone de 5 litros de agua (abastecimiento y saneamiento). Estos precios están muy lejos de llegar a cubrir el coste de los servicios, en contra de las exigencias marcadas por la Directiva Marco del Agua.

A pesar de que España es uno de los países con mayor escasez en recursos hídricos de Europa, la incidencia de la factura del agua en el presupuesto familiar es, de media, del 0,89%, muy por debajo del 3% marcado por la ONU como cifra límite de asequibilidad del Derecho Humano al Agua, para abastecimiento. El límite de asequibilidad establecido por la ONU para abastecimiento y saneamiento se eleva hasta el 5%.

Asimismo, el coste del agua está muy por debajo del de otros servicios como la telefonía, la electricidad o el gas. Por lo que cuesta un refresco pagamos el equivalente a dos días y medio de consumo en una vivienda de una familia de tres miembros. Con 1,84 euros se puede disponer del mismo volumen de agua que 1.000 botellas de agua de un litro compradas en un supermercado y que costarían unos 390 euros.

En España, las tarifas que paga el usuario son muy heterogéneas en función de la localidad y no cubren todos los costes de los servicios de agua urbana, lo que, como ya se ha señalado anteriormente, está repercutiendo en el deterioro de las infraestructuras y la prestación de los servicios. La tarifa actual solo cubre, y no siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidades del agua y servicio.

Una de las demandas del sector es que los costes de los servicios de agua deberían incluir en la tarifa la amortización y mejora de las infraestructuras, como es práctica en algunos países del norte de Europa. En ese sentido, España debe avanzar en la recuperación de costes de los servicios de agua urbana siguiendo modelos europeos, ya que resulta más efectivo y justo socialmente que ello se realice apoyándose en mecanismos tarifarios, donde la progresividad del precio respecto al consumo asegura una mejor distribución de los esfuerzos económicos del ciudadano.

Los cánones aplicados al agua deben ser transparentes y finalistas, destinados a mejorar el servicio, sobre todo para la depuración de las aguas residuales. A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años dotándonos de un gran parque de depuradoras, seguimos sin cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea.

El sector del agua considera necesario establecer una estructura tarifaria clara y transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las necesarias inversiones para actualizar el complejo patrimonio hídrico y mejorar las infraestructuras que permitan el óptimo servicio ciudadano.

El 67% del agua captada para abastecimientos corresponde a aguas superficiales, el 28% a aguas subterráneas y de manantiales, y el 5% restante a aguas desaladas.

Respecto a las condiciones sanitarias de las aguas de consumo, el exhaustivo control de los operadores y autoridades sanitarias muestra que los consumidores pueden confiar plenamente en su calidad. El agua de grifo es de absoluta confianza.

Por otro lado, el sector está haciendo un gran esfuerzo para anticiparse mediante una adecuada gestión preventiva de los riesgos. Así, 62% de los abastecimientos ya tienen implantados Planes Sanitarios del Agua y el 13% los tienen en fase de implantación.

Otros datos de interés: tipo de gestión, empleo, tecnificación, gestión de clientes y nuevos canales de comunicación

La distribución de la población abastecida por entidades de carácter público, privado o mixto se mantiene en equilibrio. El sector es un buen ejemplo histórico de la colaboración público-privada, donde el 35% de la población es abastecida por entidades públicas, el 33% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% por servicios municipales.

El empleo del sector del agua urbana es estable y cualificado. El número de empleos directos en plantilla de los operadores del sector asciende a 27.000, repartidos entre abastecimiento, 73% del total; alcantarillado, 14%; y depuración, 15%. El 94,7% corresponde a empleados fijos y el 5,3% son eventuales. El 14% del personal es titulado superior o grado medio.

Los servicios de agua urbana en España se sitúan a la cabeza de Europa en tecnificación y apuestan por la innovación. Los operadores aplican las tecnologías más punteras en todos y cada uno de los multidisciplinares aspectos que deben gestionar: técnicas hidráulicas; procesos de tratamiento y depuración; mantenimiento y conservación; sistemas cartográficos y de información geográfica; sensores y telecontrol; comunicaciones; información; gestión comercial y de atención al cliente; organización empresarial, y sostenibilidad ambiental y económico-financiera.

Las entidades y empresas españolas han conseguido posicionarse internacionalmente como referentes mundiales dentro del sector del agua y contribuyen de manera reseñable la creación de un empleo muy cualificado y tecnificado.

El índice de reclamaciones en el sector es muy bajo. Tan sólo un 1,46% de los clientes formula al año alguna reclamación. El 44% de las reclamaciones son resueltas a favor del cliente. Del total de reclamaciones, el 48% se debe a posibles errores de facturación, el 5% a atención al cliente, un 12% por el servicio de lectura de contadores, el 8% a calidad del suministro y un 27% a otros motivos. El consumidor está satisfecho con el funcionamiento de los servicios y percibe que el agua en España es de calidad.

Se continúan implementando nuevos canales de comunicación y está aumentando notablemente la utilización de las redes sociales para la comunicación con los clientes. El 77% de los operadores utilizan las redes sociales como herramienta de comunicación y seguimiento. Se trata de una herramienta cada vez más utilizada y su uso se ha incrementado 10 puntos respecto a los datos del anterior Estudio. Destaca el papel de la monitorización de los problemas de los servicios que se plasman en estos medios para poder realizar acciones inmediatas que afecten a la calidad de los servicios a los clientes. Su implantación es mayor en los municipios de mayor tamaño.

Se ha incrementado, hasta el 94%, la población que reside en municipios cuyos operadores de los servicios de agua cuentan con mecanismos de acción social

Los mecanismos de acción social son aquellos procesos o herramientas administrativas a través de las cuales se ofrecen condiciones especiales, más favorables, a determinados colectivos u hogares para tratar de solventar situaciones de pobreza, desigualdad o exclusión social.

AEAS y AGA han contribuido a la sensibilización, generalización y racionalización de las actuaciones sectoriales para hacer efectivos, a los colectivos más desfavorecidos, los servicios de abastecimiento y saneamiento. En ese sentido, cabe recordar que ambas asociaciones, junto con Ecodes, presentaron en el año 2016, los resultados del informe 'Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones' que presentaba un análisis de cómo son los mecanismos de acción social existentes en el sector del agua y unas recomendaciones que puedan servir de guía a los ayuntamientos y administraciones competentes para que, en caso necesario, las puedan poner en práctica de manera voluntaria. Asimismo, actualmente la FEMP y AEAS están a punto de finalizar la elaboración de una Guía para la aplicación de mecanismos de sostenibilidad social en el sector del agua urbana: recopilación de buenas prácticas, armonización de criterios y su generalización en los diferentes ámbitos de gestión.

Dado el carácter vital y esencial del agua, y por su sentido de servicio público, desde hace años los operadores de los servicios de agua urbana - empresas públicas, privadas, mixtas y entidades locales o regionales - cuentan con mecanismos de acción social que consisten, actualmente, en bonificaciones contempladas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad. En la mayoría de los casos, la administración pública es la responsable de determinar los beneficiarios de estos mecanismos. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas son quienes tienen la competencia de la determinación de los usuarios a los que aplicar estas medidas.

Los datos del Estudio revelan que el 94% de la población reside en municipios cuyos operadores de los servicios de agua disponen de mecanismos de acción social. Esto supone un incremento de un 6% respecto a los datos recogidos en el anterior Estudio.

El acceso al agua es un Derecho Humano reconocido y, por ello, el procedimiento de interrupción del suministro o corte no debe implicar dejar sin agua a quien justifique su incapacidad de pago. El procedimiento actual es muy garantista con el usuario, ya que es siempre reglado y requiere de la aprobación por parte de la administración pública competente. Se trata de una herramienta eficaz para asegurar el pago de los ciudadanos que sí pueden pagar el agua, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Debe ser un objetivo de los mecanismos de acción social evitar los posibles errores administrativos e incidir en la simplificación de los procedimientos para obtener las ayudas y en la divulgación de las mismas, con la finalidad de que ningún hogar, en situación de incapacidad de pago justificada, se quede sin suministro de agua.

Otros retos a abordar en el sector del agua urbana: órgano regulador y consenso político estatal

España goza de unos servicios de agua urbana muy satisfactorios. Sin embargo, además del necesario avance en la inversión y en la recuperación de costes, hay otra serie de retos que el sector viene reclamando en los últimos años, y que también deberían ser abordados para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

En España el agua es pública y el regulador es la Administración Pública. Con un modelo de regulación descentralizado intervienen miles de reguladores municipales independientes, lo que se traduce en una regulación heterogénea, muy diversa y variable, estando las competencias en el ciclo del agua urbana muy fragmentadas y sin una coordinación evidente.

El sector reclama una armonización en materia de gobierno y administración de los servicios urbanos del agua. Por ello, se hace necesaria la figura de un cuerpo “regulador técnico e independiente” cuyo objetivo debe ser el de armonizar las estructuras tarifarias y atender al cumplimento de los niveles básicos de prestación de estos servicios públicos y vitales, así como a la estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y social de los mismos, aportando seguridad jurídica y trasparencia. Todo ello, sin que se reduzcan las competencias delegadas por ley a las administraciones locales, sino que se oriente a un efectivo apoyo y asistencia especializada.

Por último, sería deseable que se retome la voluntad de diálogo y acuerdo para la consecución de un consenso político estatal por el agua que contemple también las demandas del sector del agua urbana, para lograr acometer los importantes desafíos a los que se enfrenta. Dicho consenso requiere de la implicación y acuerdo de todos los actores -estatal, autonómico, local y la propia ciudadanía- con competencias o responsabilidad en la materia.