Castilla y León defiende en Europa sus propuestas sobre la PAC

La Junta de Castilla y León ha presentado trece enmiendas al proyecto de dictamen acerca de las propuestas legislativas sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y de Desarrollo Rural, aplicable a partir de 2013. Entre las enmiendas, se incluyen cuestiones como la necesidad de mantener la financiación de la PAC en el nivel actual para el próximo período de programación, y que la mayor parte de esta se dirija al sector agrario y alimentario, para garantizar un nivel de vida adecuado para nuestros agricultores; la petición de revisión de la propuesta de eliminación de los sistemas de cuota, una vez sean conocidos los estudios de impacto encargados; flexibilizar la transferencia de fondos entre los dos pilares –el primero, destinado a ayudas económicas y de mercado, y el segundo, relativo al desarrollo rural–; facilitar el relevo generacional y la transmisión de las explotaciones mediante un sistema de pago base vinculado a la declaración anual de unidades productivas y no a la tenencia de derechos; y, sustituir el concepto de 'agricultura ecológica' por el de 'agricultura sostenible', ya que el primero tiene una normativa específica en el denominado segundo pilar de la PAC.

En relación con el contenido de las trece enmiendas presentadas hoy en Bruselas, cabe recordar que en la reunión de la Comisión COTER –celebrada el pasado 5 de marzo en Lisboa– la Junta de Castilla y León incidió en la especificidad del territorio que presenta la comunidad autónoma, para que se adopten medidas de discriminación positiva que permitan canalizar los fondos que hagan posible un mayor crecimiento de Castilla y León.

El posicionamiento de Castilla y León en materia agraria y ganadera también obtuvo resultados positivos hace apenas un año, en la sexta reunión de la Comisión NAT del Comité de las Regiones en la que se aprobó el proyecto de dictamen la PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario. Este documento resultó coincidente, en gran medida, con la apuesta por el sector agrario y ganadero defendido por la Junta de Castilla y León; el gobierno de la Comunidad realizó importantes aportaciones, como el hecho de que este dictamen incluyese una mención expresa al papel del sector remolachero y azucarero, vital para Castilla y León por ser la mayor productora de remolacha de España.