“Graves consecuencias” para los ganaderos de porcino por la reducción de su capacidad de producción
Los ganaderos de porcino españoles observan con preocupación una nueva normativa que podría poner en peligro la viabilidad de sus explotaciones, según asegura la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Se trata de una disposición final del Real Decreto 159/2023 sobre Bienestar Animal, que obliga a las granjas a ampliar sus instalaciones o reducir el número de animales.
Una delegación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, reunida con Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, trasladó las pérdidas que provocaría esta medida entre los ganaderos de porcino. La disposición afectará a todas las explotaciones a partir de marzo de 2025, y se está aplicando ya a los proyectos de nuevas granjas.
UPA explica que, ante la dificultad o imposibilidad de ampliar las granjas, los ganaderos se verán obligados a reducir el número de animales presentes en las mismas, lo que reducirá fuertemente su rentabilidad. Esas pérdidas deberían ser compensadas por las integradoras (el modelo mayoritario en el sector porcino), que tendrían que pagar más a los ganaderos por la crianza de los animales.
UPA va a trasladar sus propuestas a toda la rama productora porcina en la interprofesional Interporc, para elaborar un plan conjunto y transmitirlo al Ministerio de Agricultura. El objetivo: mantener la rentabilidad de las granjas de porcino, que tienen una enorme importancia para España. No en vano, el porcino español es líder en Europa. Aporta el 39% del valor de la Producción Final Ganadera y está formado por más de 85.000 granjas en toda España.
