La OPA reclama políticas de protección y fomento de un sector primario "resiliente, sostenible, rentable y competitivo"

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha elaborado una serie de propuestas políticas que se han remitido a las principales fuerzas políticas en España antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Las propuestas elaboradas por UPA están orientadas a "garantizar el futuro de las explotaciones familiares agrarias en su conjunto, tanto de las que tienen mayores posibilidades de adaptarse a las exigencias de competitividad con políticas de modernización adecuadas, como de las que por su estructura o localización geográfica no tienen las mismas condiciones a la hora de poder responder a esas exigencias económicas, pero sí de satisfacer las nuevas demandas que, respecto a los espacios rurales, surgen desde la sociedad", ha señalado la OPA en un comunicado.

De esta forma se reivindica que "nuestro trabajo tiene valor en pro de nuestra profesión; la de agricultores y ganaderos, y desde esta premisa planteamos las siguientes propuestas con el objetivo que sean asumidas de cara a las futuras Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 23 de julio".

En UPA entienden como explotación familiar aquella que da empleo al titular o titulares de la explotación, pudiendo tener o no trabajadores contratados, y que está implicada y trabaja en el territorio donde está ubicada y por tanto lo gestiona de manera sostenible, invierte en él y trabaja por él. Por tanto, afirman desde UPA, "no se trata de una definición únicamente económica, sino que necesariamente debe atender a consideraciones sociales y territoriales; estamos, pues, ante un modelo de explotación agraria socioeconómico ligado al territorio a través de una gestión sostenible del mismo".

UPA insta a que el futuro Gobierno defienda la profesión agraria valorizando al agricultor y ganadero, no sólo como productor de alimentos sino también como promotor de riqueza, gestión y sostenibilidad del medio sobre el que se asienta. Para ello se debe:

• Asegurar el reconocimiento de la Agricultura Familiar a través de una Ley de la Agricultura Familiar con el objeto de establecer prioridades de apoyo y otras medidas de fomento diferenciadas.
• Desarrollar acciones con el objeto de poner en valor ante la sociedad las diversas funciones que ejerce la Agricultura Familiar, desde el ámbito social, económico y ambiental/territorial. Ejemplo de ello deberían ser la realización de campañas de comunicación y de sensibilización a la sociedad sobre el significado y contribución de la Agricultura Familiar.

UPA considera que el nuevo gobierno "se debe sentar a hablar con los representantes de los agricultores y ganaderos y entre todos establecer un nuevo escenario de relaciones. El actual está agotado. Pensamos que es necesario apostar por definir una cartera de servicios y actuaciones propias de las organizaciones profesionales agrarias. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda, etc., son ejemplos de países que cuentan con organizaciones agrarias fuertes y con una amplia representación en las zonas agrarias y en todos los sectores, porque forman parte del sistema público-privado-representativo de apoyo a los profesionales. Es preciso igualmente intensificar y redoblar los canales de interlocución".

Según UPA, durante la campaña 2023 de la PAC se han detectado diferentes aspectos que sería necesario modificar en el PEPAC de cara al año 2024. Algunas de estas cuestiones son:

• Posibilidad de utilización de superficie de rastrojeras para que los ganaderos de ovino puedan cobrar los ecorregímenes.
• Incluir el no cosechado de leguminosas dentro de las medidas del ER de biodiversidad.
• Permitir que los márgenes de biodiversidad en cultivos leñosos se puedan hacer entre las calles de los árboles y no solo en los límites de las parcelas.
• Permitir echar purines a los barbechos entre abril y junio (BCAM6).
• Cultivo secundario en la BCAM 7. Debe eliminarse el requisito “No se permitirá justificar el uso del cultivo secundario como opción a la rotación exclusivamente en el tercer año, si no se ha utilizado previamente este recurso en todos los años anteriores”.

En este capítulo, la organización agraria considera que en esta legislatura "se ha conseguido evolucionar la Ley de la Cadena para incluir todos los productos del anexo I del tratado de la Unión Europea, evitar la venta a pérdidas o la destrucción del valor de la cadena". No obstante desde UPA creen que es el momento de "consolidar la Ley y de hacer que se cumpla en todos sus extremos".

Para ello, "es imprescindible que la AICA siga teniendo la dotación en personal y presupuesto suficiente para hacer cumplir la Ley. Por otro lado, el observatorio de la Cadena debe avanzar en el estudio de las cadenas de valor de los principales productos agroalimentarios. De tal forma que se desarrollen procedimientos que a partir de datos objetivos pueda, de forma semiautomática, actualizarse el análisis de los márgenes en cada punto de la cadena".

En amplias zonas de España se están amplificando los efectos de la sequía en las dos últimas campañas agrícolas. Esta situación está provocando importantes reducciones de la producción en sectores como los cultivos extensivos y el olivar. "Hasta el momento, las medidas que se han puesto en marcha por parte de las diferentes Administraciones han sido muy escasas, por lo que es totalmente necesario el diseño de un plan de apoyo integral que compense las enormes pérdidas acumuladas por la mayor parte de los sectores agrícolas y ganaderos, que han coincidido con un aumento espectacular de los costes de producción", afirman.

Entre otras valoraciones, UPA considera que el sistema de seguros agrarios es en la actualidad uno de los pocos instrumentos válidos para garantizar las rentas de los agricultores. "Se trata de la principal política nacional de apoyo al sector y por tanto reclamamos el mayor de los apoyos, más cuando el sector se ve afectado por los efectos adversos del cambio climático".

Para UPA "es imprescindible apuntalar un sistema de seguros agrarios potente que cubra las necesidades del sector y que asegure la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas ante pérdidas originadas por eventos climáticos o zoosanitarios".

En la última legislatura se ha pasado de un apoyo al seguro agrario de 211,77 M€ a los 317,73 M€. Cifra esta última que supone un récord absoluto en cuanto a nivel de apoyo público a los seguros agrarios. Desde UPA estiman que el apoyo en la actual campaña supone un suelo de cara a los próximos años y se debe garantizar como mínimo este nivel de apoyo.

Para UPA la energía representa un aspecto "muy importante" en la estructura de costes de producción de las explotaciones agrarias, especialmente importante en el regadío. "Nuestro sector tiene peculiaridades en cuanto al uso de la energía (muy estacional) y en cuanto a su ubicación que precisan definir un marco regulatorio específico. Así demandamos que en los consumos de regadíos se facture por la potencia realmente utilizada o que se permita desarrollar un verdadero contrato de temporada; igualmente pensamos que el balance neto energético es la solución para muchísimas explotaciones agrícolas y ganaderas".

En lo relativo a sanidad vegetal, en el marco de la propuesta de revisión del Reglamento sobre la utilización sostenible de fitosanitarios que está realizando la Comisión Europea "es necesario disponer de mapas precisos de las zonas que se consideran de especial protección medioambiental y definir con los Estados Miembros las estrategias a llevar a cabo; fomentar la I+D+i orientada a la mejora de las herramientas para la defensa de los cultivo en el escenario de condiciones de cambio climático en que nos encontramos y encaminadas a obtener nuevos productos fitosanitarios que sustituyan a los eliminados por la UE".

Asegurar la calidad de vida, los servicios y equipamientos públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales, frenando e incluso revirtiendo el despoblamiento, a través de estrategias de ordenación territorial para el desarrollo rural, son los puntos principales que defiende UPA en este apartado.

"Los jóvenes y mujeres en el medio rural necesitan de instrumentos y herramientas específicas que valoricen su función y les permitan llevar a cabo sus actividades con el suficiente respaldo legal, económico, social y fiscal para que sigan formando y construyendo el tejido social en nuestro medio rural". Para UPA "es esencial el apoyo a los jóvenes para garantizar la sostenibilidad generacional de la Agricultura Familiar, no solamente a través de las ayudas a la incorporación a la actividad agraria, sino también:

• Favoreciendo el acceso a la tierra y dinamizando la movilidad de tierras.
• Promover el relevo generacional a través de incentivos para transmitir explotaciones agrarias y derechos de ayuda.
• Impulsando la formación, la divulgación y el asesoramiento".

Dentro de las propuestas de UPA se pide prestar "especial atención a las necesidades de las mujeres en el medio rural, en especial reforzando el papel de la mujer en el sector agrícola y ganadero, y poniendo en valor el trabajo realizado por las mujeres como base del desarrollo del medio rural, a través de:

• Fomentar la Ley de Titularidad compartida para su conocimiento e incrementar las inscripciones en el correspondiente registro.
• Promover la labor de las asociaciones de mujeres en el medio rural.
• Incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diseño de las políticas de fomento del medio rural".

Para la organización que preside Lorenzo Ramos es necesario "promover planes de acción con medidas de mitigación y sobre todo de adaptación al cambio climático a través del manejo sostenible y racional de los sistemas agrarios y fortaleciendo medidas de resiliencia ante el cambio climático desde la perspectiva de la Agricultura Familiar".

Asimismo se cree que ante una de las consecuencias más visibles e impactantes del cambio climático, como es la sequía, tanto agronómica como hidrológica, se deben establecer apoyos económicos para aquellas explotaciones de carácter familiar cuya rentabilidad e incluso su viabilidad se vea mermada de manera importante a causa de esa carencia de agua o por las consecuencias de la aplicación de los planes de sequía respectivos.

Debido a las características hidrológicas de nuestro territorio, la disponibilidad de agua constituye un factor que limita su desarrollo: amenaza el estrangulamiento de actividades económicas, frena el incremento de actividades productivas y condiciona la conservación del medio ambiente.

Por tanto, "es necesaria una planificación hidrológica en el ámbito de todo el territorio nacional, que debe tener entre sus ejes prioritarios: la mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución social de los recursos y el fomento del ahorro y eficiencia en el uso del agua. Lo que en definitiva supone desarrollar una gestión eficaz y socialmente justa del uso del agua. Para ello es necesario reforzar el control público del uso y de la calidad del agua, y potenciar la participación y la corresponsabilidad de los regantes".

Apostar por el reconocimiento de la labor de los agricultores en favor de la biodiversidad. El mantenimiento del uso sostenible de las tierras agrarias "es crucial para proteger la biodiversidad y para mantener el paisaje que conforma".

Estrategias y medidas de prevención de daños y control de poblaciones en aquellas especies animales que ocasionan "grandes problemas y perjuicios económicos en las explotaciones agrícolas y ganaderas: conejos, jabalís, corzos, etc".

Apoyo a la agricultura ecológica y a la agroecología a través de un Plan Estratégico que refuerce los planes de acción existentes para la consolidación y expansión de la producción, transformación y consumo de alimentos ecológicos.

Dar prioridad a las economías y venta local, mediante acciones de planificación de mercados de productores, creando cultura de consumo de cercanía y potenciando la compra pública.

La ganadería extensiva es fundamental para la conservación de paisajes y ecosistemas, además de prevenir incendios forestales y por tanto garantizar la mitigación del cambio climático. Por ello "se debe dignificar la ganadería extensiva y la trashumancia como actividad que mejora la biodiversidad, siendo necesario llevar a cabo acciones de apoyo que posibiliten una promoción del ganadero y valorización de su actividad y del papel que desempeña en la sociedad y en la mejora del medio ambiente y gestión del territorio. Por este motivo desde UPA reclamamos un Plan Estatal para la Ganadería Extensiva y una Ley de Trashumancia".

Todas las propuestas elaboradas por UPA sobre los diferentes sectores agrícolas y ganaderos se pueden consultar en el siguiente enlace