El Parlamento Europeo aprueba la nueva PAC 2023-2027

La Eurocámara ha ratificado en Estrasburgo el acuerdo alcanzado en junio por las instituciones de la Unión Europea (UE) sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC). Una PAC que dará prioridad a las medidas medioambientales dentro de las ayudas y que vinculará las subvenciones al cumplimiento de los derechos laborales; además, otorga a los Gobiernos más margen en la aplicación de esta política.

España recibirá 47.724 millones, el tercer receptor de fondos agrícolas detrás de Francia y Alemania

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado —con casi el 70% de los votos a favor de los tres reglamentos—, la nueva PAC para el periodo 2023-2027 y ha puesto fin, con esta votación, a tres años y medio de negociaciones en el seno de la UE. La normativa ha sido calificada durante su debate como la reforma de la PAC más ambiciosa en los últimos 30 años. No en vano, afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios españoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros para el campo comunitario, 47.724 millones para España, que será el tercer receptor de fondos agrícolas detrás de Francia y Alemania.

La culminación llega en un momento especial, después de tres años de discusiones (desde 2018) y una pandemia, y en medio de una emergente crisis global por el coste de las materias primas, sumada a la emergencia climática. Además, el voto de los europarlamentarios se produce con el anuncio reciente, en España, de movilizaciones de las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), ante los problemas del campo, precisamente por el encarecimiento de la electricidad, piensos o gasóleo, y la falta de rentabilidad.

La negociación ha transcurrido en paralelo a las discusiones de la estrategia 'Farm to Fork' (De la granja a la mesa), enmarcada en el Pacto Verde europeo, proyecto estrella de la Comisión Europea (CE) para alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero que plantea un incremento de los requisitos para el agricultor y el ganadero. Entre los cambios, destaca la introducción de los llamados “eco-esquemas” o pagos que supondrán un 25% de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

La nueva PAC también implanta los planes estratégicos nacionales, con los que la UE otorga una mayor libertad en su aplicación a los países comunitarios. De hecho, en estos momentos los Gobiernos ultiman esos programas nacionales para remitirlos a la CE antes del 31 de diciembre. En España, su discusión interna ha sido tirante, con discrepancias entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas.

Los eurodiputados debatirán y aprobarán concretamente tres reglamentaciones de la PAC: una sobre las normas de financiación, otra sobre los planes estratégicos nacionales y otra sobre la organización común de mercados. La actual normativa de la PAC fue prorrogada tras expirar el 31 de diciembre de 2020, y fue sustituida por unas disposiciones transitorias en vigor hasta finales de 2022. Una vez aprobada por el Consejo, la nueva normativa será aplicable a partir del 1 de enero de 2023.

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada el 23 de noviembre de 2021 en Estrasburgo. Fuente: EP / Alain Rolland.

Los eurodiputados se han asegurado de que al menos el 10% de los pagos directos se utilice para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y al menos el 3% del presupuesto de la PAC vaya a parar a manos de agricultores jóvenes. También han insistido en la creación de una reserva permanente de crisis -con un presupuesto anual de 450 millones de euros (a precios corrientes)- para ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de los precios o del mercado.

Además, por primera vez la PAC incluirá una “condicionalidad” social, lo que significa que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas agrícolas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025. Dentro de los planes de desarrollo rural -cofinanciados por los países para actividades distintas o complementarias a la agricultura- al menos el 35% de las ayudas serán para actuaciones medioambientales.

Una de las primeras reacciones tras el visto bueno de la Eurocámara a la nueva PAC ha sido protagonizada por Christiane Lambert, presidenta del COPA, entidad que representa a las organizaciones profesionales agrarias europeas. “El Parlamento Europeo da hoy a los agricultores europeos y a sus cooperativas la herramienta política para continuar sus esfuerzos para producir de forma más sostenible. Los nuevos requisitos climáticos, sociales y medioambientales de la PAC recién aprobada representan una evolución de los compromisos de los agricultores y exigirá esfuerzos considerables en un momento en que los retos e incertidumbres a corto plazo son muchos y están poniendo en juego la competitividad del sector. Ahora contamos con las autoridades nacionales y la Comisión Europea para una rápida adopción de los Planes Estratégicos de la PAC”.

Por su parte, el español Ramón Armengol, presidente del COGECA, en representación de las cooperativas agrarias europeas, declaró que "los Planes Estratégicos Nacionales deben considerar seriamente el futuro de las inversiones en agricultura y las innovaciones que necesitaremos para alimentar el futuro de Europa. Las inversiones serán clave para los agricultores y sus cooperativas en la futura PAC para mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de sus explotaciones. Los planes estratégicos nacionales deben reforzar el papel y las herramientas que se dan a las organizaciones de productores -como las cooperativas- para diversificar las producciones, reducir los costes y emprender acciones colectivas ambiciosas. Por ello, la medida de cooperación en el marco del desarrollo rural es tan importante para la comunidad agrícola".